Los quince hechos que desgastaron al Frente Amplio en el gobierno

Tabaré Vázquez asumió en 2005 con un discurso que prometía poner fin al ejercicio perverso de la política. “Para salir adelante hay que luchar contra las causas de la pobreza que muchas veces se llama corrupción y manejo inescrupuloso de los dineros públicos, cuando tanto se necesitan para atender a la gente”, dijo el flamante mandatario en su discurso del 1º de marzo de 2005 en el Palacio Legislativo.

Muchas causas podrán explicar la derrota de la coalición de izquierda en el balotaje del domingo 24 y, probablemente, algunas de ellas tengan que ver con los grandes proyectos que quedaron truncos, los escándalos de corrupción que mancharon la reputación del FA, así como las promesas de campaña incumplidas en la práctica.

Inseguridad

Los índices de criminalidad, a diferencia de lo que prometió Vázquez en la campaña electoral pasada, fueron en ascenso. Los datos oficiales que se dieron a conocer durante el último año de la administración de Eduardo Bonomi fueron desalentadores, más teniendo en cuenta que la seguridad es la principal preocupación de los uruguayos. En 2018 se cometieron casi unas 30 mil rapiñas, mientras que los homicidios crecieron de 284 a 414, una cifra que marcó un aumento de 45,8% respecto al año anterior. Los hurtos, en tanto, pasaron de 115.549 en 2017 a 145.161 en 2018.

Educación

En 2009 fue José Mujica con “educación, educación, educación”. Después, Tabaré Vázquez en su segundo mandato con la promesa de “cambiar el ADN” y de alcanzar el 6% del PIB de inversión en la enseñanza. La inversión creció, pero ronda el 5,14% y no llegó a cumplir la meta programática. Los índices siguen reflejando la inequidad educativa y –pese a la promesa de llegar al 75% de egresos en Secundaria– solo cuatro de cada diez terminan el liceo. 

Desempleo y déficit fiscal

El empleo se erigió como la segunda preocupación de los uruguayos después de la seguridad. La tasa de desempleo se mantiene por encima del 9% y la tasa de ocupación del trimestre marzo-mayo de este año fue la más baja desde 2006. En los últimos cuatro años se perdieron unos 56 mil empleos. El déficit fiscal, en tanto, se ubicó en setiembre de 2019 en 4,9% del PIB, el peor registro desde 1989, cuando llegó a 6%. 

El caso Gavazzo

El Observador informó el 30 de marzo que el represor José Nino Gavazzo confesó ante un Tribunal de Honor militar haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro en 1973. La noticia determinó la remoción del ministro de Defensa, Jorge Menéndez –que murió días después–, y su subsecretario, Daniel Montiel. El gobierno quedó mal parado por el manejo del expediente y la demora en denunciar ante la Justicia. Los coletazos judiciales hicieron que varios jerarcas del Ejecutivo debieran declarar, entre ellos Vázquez y el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma. Además, hubo un pedido de desafuero para el senador electo y excomandante del Ejército, Guido Manini Ríos. 

Recambio del liderazgo

La tríada José Mujica-Danilo Astori-Tabaré Vázquez quedó al margen del protagonismo en la competencia electoral. Pese a los coqueteos, Mujica desistió de pelear por segunda vez la Presidencia, mientras que Astori sufrió políticamente y su sector, Asamblea Uruguay, perdió votos en octubre. La escisión de varios sectores del Frente Líber Seregni también golpeó al ministro de Economía. Óscar Andrade, Mario Bergara, Carolina Cosse y Daniel Martínez tomaron la posta y se perfilan como principales figuras para próximos años. 

Venezuela

La postura del gobierno frente a la crisis institucional de Venezuela le valió innumerables críticas al Frente Amplio. En paralelo, en los últimos años llegaron al país miles de venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro y con testimonios de primera mano sobre la crudeza de la dictadura de ese país. Pese a todas las advertencias, la coalición de izquierda se empeñó hasta entrada la campaña electoral en evitar denominar a Venezuela con el término “dictadura”. El punto de quiebre parece haber sido el informe de Michelle Bachelet, que generó un cambio en algunos dirigentes frenteamplistas y llevó a que finalmente pronunciaran la palabra.

Sendic

 El escándalo que desencadenó la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic en setiembre de 2017 golpeó el ánimo frenteamplista y al gobierno de Vázquez. El dirigente de la Lista 711 fue procesado por peculado y abuso de funciones debido a las irregularidades en la gestión de Ancap. En diciembre de 2018 el Plenario Nacional del FA lo inhabilitó, por lo que Sendic no pudo integrar ninguna lista para las elecciones. 

Ancap

El caso Sendic dejó entrever un manejo poco cuidadoso de fondos públicos en la petrolera y motivó que la oposición presentara una denuncia penal en Crimen Organizado. Los folios referían, entre otros temas, a gastos excesivos en publicidad, la falta de controles y la intermediación de empresas extranjeras. El fiscal Luis Pacheco pidió varios procesamientos de directores pero solo se hizo lugar a la solicitud sobre Sendic.

Pluna 

 La aerolínea quebró en 2012, después de 76 años de operación, producto de la insolvencia financiera y patrimonial luego de fallidas asociaciones con privados. El Partido Nacional presentó una denuncia penal, que terminó con la condena al exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el expresidente del BROU, Fernando Calloia. Ambos fueron procesados en el marco del aval millonario que el Estado emitió para Cosmo, la empresa que intentó comprar los aviones de Pluna en una subasta que dejó en evidencia una maniobra entre el gobierno y el empresario argentino dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena.

Aratirí

La minera demandó al Estado uruguayo en 2018 por un total de US$ 3.536 millones, luego de que fracasara el proyecto para instalarse en el país. La empresa de origen indio presentó en 2011 una propuesta para instalar una mina en Valentines para extraer mineral de hierro. La aprobación de una ley de minería fue interpretada por la firma como un cambio en las reglas de juego. 

Fripur

La empresa, que cerró en 2015, dejó a 900 personas sin trabajo y fue investigada en el Parlamento por la cercanía de su dueño, Alberto Fernández, con dirigentes del FA. Aunque mantenía una deuda millonaria con el Estado, el BROU le otorgó nuevos créditos. Fernández enfrenta un pedido de procesamiento por ofrecer garantías al BROU y al BPS por US$ 10,3 millones sin tener mercadería para ejecutarla.

Envidrio y Alas Uruguay

Ambos emprendimientos gestionados por los trabajadores fueron financiados a través del Fondo para el Desarrollo (Fondes), creado bajo la gestión del presidente Mujica. El fiscal Pacheco pidió el procesamiento por conjunción de intereses para el exdiputado del MPP Daniel Placeres, por su actuación parlamentaria en temas vinculados a Envidrio, cooperativa a la que estaba vinculado y que recibió préstamos por hasta US$ 11,5 millones. Alas Uruguay surgió a partir del cierre de Pluna, como un emprendimiento autogestionado. Alas Uruguay empezó a volar en enero de 2016, pero suspendió sus vuelos en octubre de ese mismo año debido a problemas financieros. El Fondes le concedió un préstamo de US$ 15 millones de los que no recuperó nada. 

Regasificadora

El objetivo era instalar una planta regasificadora en Puntas de Sayago, por lo que en 2013 el gobierno firmó un contrato con GDF Suez, que tras varios problemas se retiró del negocio en julio de 2015. Gas Sayago, estatal de derecho privado, intentó años después continuar la obra –de menor porte que la original– con la petrolera Shell, pero ese acuerdo también fracasó. 

Mujica y Casal

El gobierno de José Mujica le perdonó al empresario Francisco Casal una deuda de US$ 10 millones que mantenía con la DGI por defraudación tributaria. El Ejecutivo defendió la decisión y argumentó que, de lo contrario, el Estado se enfrentaría a un pleito judicial que podía terminar en una condena reparatoria de varios cientos de millones de dólares por errores en el proceso. 

Bengoa 

En diciembre de 2007 la Justicia procesó al contador Juan Carlos Bengoa por conjunción del interés personal y el público, así como fraude y concusión (coimas) por las irregularidades cometidas durante su gestión al frente de los casinos municipales durante la administración del arquitecto Mariano Arana en la Intendencia de Montevideo. Fue condenado en 2012. El dirigente de Asamblea Uruguay, sector de Astori, fue uno de los primeros casos de irregularidades cometidas en la gestión del poder. El Plenario Nacional del FA decidió suspenderlo por tiempo indeterminado. Cuando se desató el escándalo, Asamblea Uruguay defendió la gestión del contador. Años después, Astori reconoció que fue un error.