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Gobierno declaró confidencial información relativa a la demanda de Aratirí
El gobierno resolvió clasificar como “confidencial” toda la información que surja a partir de la demanda arbitral entre la minera Aratirí y el Estado por entender que la divulgación de información puede poner en peligro los “intereses de seguridad esenciales” o “la integridad del proceso arbitral”.
“Clasifícase como confidencial toda la información intercambiada o presentada en el procedimiento arbitral Caso CPA N° 2018-04 promovido por los señores Ritika Mehta, Vinita Agarwal y Prenay Agarwal contra la República Oriental del Uruguay, ante la Comisión Permanente de Arbitraje de La Haya, y específicamente la demanda y sus anexos”, estableció el Poder Ejecutivo en una resolución publicada este lunes.
El gobierno adoptó esta resolución al amparo del Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
El artículo 7 de ese reglamento exonera al estado de poner a disposición del público información “cuya divulgación considere contraria a sus intereses de seguridad esenciales” o que ponga en peligro “la integridad del proceso arbitral”.
Además, el artículo 14 de ese reglamento establece que el conciliador y las partes mantendrán el carácter confidencial de todas las cuestiones relativas al procedimiento conciliatorio.
Aratirí formalizó el 3 de julio una demanda internacional contra Uruguay por US$ 3536 millones. La firma de origen indio presentó un proyecto en 2011 con el objetivo de instalar una mina en Valentines para extraer hierro. Sin embargo, la aprobación de la ley de minería fue interpretada por Aratirí como un cambio en las reglas de juego.
En julio de 2017 la empresa informó por medio de un comunicado que había iniciado un arbitraje de inversión contra el Estado por “incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay”.
Según el comunicado la base del reclamo fue “la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores”.
En ese sentido Aratirí afirmó que “el gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva”, en relación a la ley de megaminería que fijó nuevos topes al negocio minero.
“Luego de que los inversores gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar y haciendo todos los estudios del caso, el gobierno decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar, en el que el gobierno quería desarrollar un puerto de aguas profundas. La compañía mostró su buena voluntad y, a pesar de los gastos adicionales y el retraso que conllevaba, cambió la ubicación del puerto”, afirmó.
