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Lorenzo sobre Mujica en caso Casal: no es "normal que un presidente sea interlocutor del Estado"
El exministro de Economía, Fernando Lorenzo, retornó este lunes al Parlamento para dar su visión sobre el diferendo entre el Estado y el empresario Francisco Casal, que terminó con la administración de José Mujica condonándole al contratista una deuda de US$ 10 millones con la Dirección General Impositiva (DGI).
Ante la comisión investigadora de Diputados que analiza el financiamiento de partidos políticos, Lorenzo insistió en que si bien no hubo defraudación, tampoco había "ninguna duda" de que a Casal le correspondía pagar su deuda.
"El Ministerio de Economía y Finanzas del que fui ministro no tenía ninguna duda -y no la tengo ahora- respecto a que había que pagar esos impuestos", dijo según se desprende de la versión taquigráfica.
Para el exministro lo que correspondía era hacer una "revocación parcial" en tanto que no se habían encontrado méritos para seguir adelante con el caso de la defraudación. La Justicia Penal había fallado a favor de Casal y las consultas técnicas realizadas por el ministerio indicaban que no se debía seguir por ese camino.
Asimismo, dijo que había escasas posibilidades de que Casal entablara un juicio contra el Estado uruguayo y que, en todo caso, "todos los elementos" eran favorables al Estado. Esa postura es contraria a la que ha sostenido el expresidente José Mujica, quien se ampara en la existencia de múltiples informes técnicos que señalaban que Casal tenía todas las de ganar en un eventual juicio civil.
"Mantengo mi opinión de que la obligación tributaria existía y que, a mi entender, la Administración tenía chances reales de ganar en el Contencioso Administrativo; si no, no hubiera actuado como lo hice", señaló.
Lorenzo remarcó que los elementos técnicos inclinaban la balanza a favor del Estado uruguayo. Además, consultado por la intervención de Mujica en este caso, dijo que nunca antes había habido un caso de un presidente condonando una deuda a un empresario.
"La siguiente pregunta es si es normal que un presidente de la República sea un interlocutor del Estado… debo decir que no, no es común; no hay antecedentes. Al menos yo no conozco antecedentes. Y básicamente en materia tributaria, al menos, no conozco ningún acontecimiento en el que haya ocurrido esto", dijo Lorenzo.
Historia de una deuda
El litigio entre Casal y el Estado uruguayo comenzó en 2002, cuando la DGI denunció al empresario por evadir impuestos por un total de unos US$ 9 millones. En 2008, luego de no poder acordar una salida con la empresa, la DGI fijó la deuda en US$ 104 millones y pidió al Poder Judicial el embargo de los bienes de Casal.
En noviembre de 2011, durante el gobierno de José Mujica, el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, redujo el monto de la deuda a US$ 10 millones.
En 2013, y ante la amenaza de Casal de emprender un juicio contra el Estado por daños y perjuicios, Mujica decidió condonarle la deuda al empresario, en contra de la posición que mantenían el vicpresidente de la República, Danilo Astori, y Lorenzo.
La diferencia de criterios quedó en evidencia durante una reunión que mantuvieron Lorenzo y Astori con el entonces secretario de Presidencia, Homero Guerrero. "Antes de firmar eso, me voy. Esto es apocalíptico para la DGI y todo por Casal, que es un hijo de puta", exclamó Lorenzo. "Yo sé bien lo que tengo que hacer", agregó el entonces ministro. "Hacé lo que quieras, Fernando", le dijo Guerrero. Y la reunión terminó.
Llaman a Borrelli
Para seguir indagando en las razones que llevaron al gobierno a perdonarle la deuda a Casal, la comisión resolvió insistir en su citación a Daniel Borrelli, quien fuera fiscal de gobierno durante la administración Mujica. Borrelli, que hoy integra la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), fue quien apoyó a Mujica en su decisión de dar por cerrado el diferendo.
Este lunes, la comisión recibió una carta del propio Borrelli en la que declinaba la invitación al Parlamento amparándose en el artículo 47 del Código Tributario. Ese artículo señala que "la Administración Tributaria y los funcionarios que de ella dependen, están obligados a guardar secreto de las informaciones que resulten de sus actuaciones administrativas o judiciales". Sin embargo, en la comisión entienden que Borrelli no está afectado por esa disposición, ya que actuó a cuenta de fiscalía de Gobierno.
Una vez que se complete la ronda de comparecencias por este tema, la comisión tiene previsto citar al expresidente José Mujica.
