Los republicanos y grupos de derecha judicializan sus ataques al sistema electoral norteamericano

Según un informe publicado por Democracy Docket, una plataforma que rastrea los litigios electorales, el año pasado se presentaron 175 "demandas relacionadas con la democracia" en 31 estados. Democracy Docket excluyó 58 demandas activas de redistribución de distritos de su informe para centrarse en los casos relacionados con los derechos de voto y la supervisión electoral.

De las 175 demandas relacionadas con la democracia presentadas el año pasado, 93 fueron caracterizadas por Democracy Docket como "anti-voto" y 82 como "pro-voto". Democracy Docket calificó el 2022 como otro "año electoral contencioso” que superó a 2020, en el que se presentaron 150 demandas relacionadas con la democracia, 95 de las cuales se consideraron contrarias al voto en comparación con 55 a favor del voto.

La burocracia partidaria republicana, representad por el Comité Nacional Republicano, el Comité Senatorial Nacional Republicano, el Comité Nacional Republicano del Congreso y los partidos republicanos estatales o del condado, fue la responsable de 23 de las 93 demandas contra los votantes presentadas en 2022, según los investigadores.

Por el contrario, el Comité de Campaña Senatorial Demócrata, el Comité de Campaña Congresional Demócrata y los partidos demócratas estatales o del condado presentaron solo seis de las 82 demandas a favor de los votantes del año pasado.

Según Democracy Docket, “el grupo de poder republicano se está volviendo más litigioso que nunca y recurre a los tribunales para lograr sus fines contra el voto y la democracia".

Y agrega que "por otro lado, el Partido Demócrata está utilizando los tribunales con más moderación, con otras organizaciones no partidistas y de participación cívica que también luchan en los tribunales para lograr resultados favorables al voto".

Otras 25 de las 93 demandas contra los votantes del año pasado "fueron presentadas por candidatos republicanos individuales que no estaban respaldados por un comité o partido republicano oficial", señala el informe. "Estos candidatos republicanos, muchos de los cuales negaban las elecciones, presentaron demandas justo antes y después de las elecciones intermedias de 2022. Por ejemplo, una lista de candidatos estatales de extrema derecha en Arizona presentó demandas después del día de las elecciones para impugnar los resultados de las elecciones intermedias de 2022 sin la ayuda de su partido".

Los votantes republicanos y los grupos legales de derecha conocidos también presentaron una cantidad significativa de demandas contra los votantes.

Arizona (35), Pensilvania (21) y Wisconsin (16) albergaron la mayoría de las demandas relacionadas con la democracia en 2022 y hubo "un número notable de demandas basadas en teorías de conspiración sin fundamento y reclamos infundados", según el informe.

Además, a lo largo de 2022, los tres estados desempeñaron un papel integral en la estrategia de litigio del Partido Republicano destinada a socavar la votación por correo. En Wisconsin y Pensilvania, el litigio proactivo de los republicanos se centró en prohibir el uso de buzones, que ofrecen a los votantes una opción segura y accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para devolver las boletas enviadas por correo y descalificar las boletas enviadas por correo por errores, como una dirección incompleta. o una fecha faltante/incorrecta, que son irrelevantes para la elegibilidad de los votantes.

Democracy Docket también observó un aumento en los litigios relacionados con los resultados electorales, la certificación, el conteo de votos y temas similares a raíz de las elecciones intermedias, identificando más de dos docenas de demandas presentadas después del 8 de noviembre.

Sin embargo, a lo largo del año, "los ataques a la votación por correo con 57 demandas y la administración electoral, con 47 demandas, fueron el punto focal de 2022".

La buena noticia, afirma el informe, es que "cuando la lucha por el derecho al voto pasó de las cámaras legislativas a los tribunales, éstos protegieron abrumadoramente el derecho al voto, particularmente antes de las elecciones intermedias".

También se descubrió que, de las 175 órdenes judiciales relacionadas con la democracia emitidas en 28 estados en 2022, 116 fueron "victorias para los votantes", 35 fueron "pérdidas para los votantes" y 24 tuvieron un impacto neutral en el electorado.

"El año pasado, los demócratas y los progresistas ganaron dos tercios de los casos electorales y de votación en los que estuvieron involucrados", tuiteó el fundador de Democracy Docket y abogado de derechos electorales, Marc Elias. "Los republicanos y los conservadores ganaron solo el 20% de las demandas".

Desde que el expresidente Donald Trump lanzó un intento de golpe de estado el 6 de enero de 2021, luego de su derrota en la contienda presidencial de 2020, los estados controlados por el Partido Republicano han promulgado docenas de leyes de supresión de votantes y han rediseñado los mapas estatales y del Congreso de manera que privan de sus derechos a las comunidades de color de tendencia demócrata y dan a los republicanos un porcentaje desmesurado de representación, lo que podría ayudarlos a asegurar el gobierno en los años venideros.

Según States United Action, una plataforma independiente que tiene como objetivo “proteger las elecciones y la democracia”, además de tratar de dificultar la votación, los legisladores republicanos en 33 estados, presentaron al menos 244 proyectos de ley que interferían con la administración electoral usurpando el control sobre los resultados: exigir "auditorías" electorales partidistas o no profesionales; tomar el poder sobre las responsabilidades electorales; establecer cargas onerosas para los administradores; o imponer sanciones penales draconianas o de otro tipo. Al menos 24 de esos proyectos de ley se han convertido en ley en 17 estados.

La derecha republicana y sus partidarios apuntan cada vez más a los funcionarios electorales en un intento de socavar futuras elecciones. Según una encuesta realizada por el Brennan Center for Justice, 1 de cada 6 funcionarios electorales ha sufrido amenazas relacionadas con su trabajo, y el 77 % dice sentir que tales amenazas han aumentado en los últimos años. El veinte por ciento de los funcionarios electorales tiene la intención de renunciar antes de las elecciones de 2024, y muchos citan amenazas e intimidaciones continuas.

Además, algunos ataques al derecho al voto han llegado a la Suprema Corte, que está dominada por una mayoría de tendencia conservadora.

El tribunal superior está considerando actualmente dos casos: Merrill v. Milliganand y Moore v. Harper, que amenazan, con exacerbar la manipulación de mapas electorales y otorgar a los legisladores estatales un poder prácticamente ilimitado para supervisar y potencialmente sesgar las elecciones federales.

La negativa de los senadores demócratas conservadores a derogar la regla antidemocrática del filibustero que permitía a cualquier legislador prolongar indefinidamente el debate de una ley a menos que la mayoría pudiera sumar 60 votos, hizo que el partido no pudiera usar su control unificado del Congreso en 2021 y 2022 para promulgar una legislación federal que protegiera los derechos de los votantes. Después de las últimas elecciones intermedias, los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes.