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Militares colombianos reconocieron haber asesinado a 296 personas indefensas
En el marco de los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 18 exintegrantes de las Fuerzas Armadas colombianas reconocieron su responsabilidad en el asesinato de 296 personas a través de “falsos positivos”, crímenes en los que fuerzas del Estado presentaron a personas indefensas como guerrilleros o delincuentes que luego vestían con ropa de guerrilleros y los asesinaban e informaban que eran “bajas en combate”.
Las autoridades informaron que los responsables habían sido imputados el pasado 14 de julio y llamados a reconocer el asesinato de esas personas, cometidos entre 2005 y 2008, a través de 212 eventos ocurridos en los departamentos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, durante el gobierno de Álvaro Uribe.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también conocida como Justicia Especial para la Paz, es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC-EP así como a miembros de la Fuerza Pública y paramilitares que hayan participado en el Conflicto armado interno en Colombia.
Este mecanismo está vigente desde marzo de 2017 cuando fue aprobado en el Senado y afecta a los delitos cometidos durante el conflicto armado hasta la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016. Su competencia no puede superar los 20 años hacia atrás.
En este caso particular fueron acusados 22 militares y tres partícipes no determinantes que formaron parte del Batallón Gaula Casanare, del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) y de los batallones de Contraguerrilla 23, 29 y 65. También fueron acusados miembros del Departamento Administrativo de Seguridad DAS), además de dos civiles. En estas imputaciones tomaron en cuenta los testimonios de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, exlíder del grupo narco Clan del Golfo, quien recientemente fue extraditado a Estados Unidos.
La JEP detalló que uno de los acusados, el mayor (R) Henry William Torres Escalante, fue comandante de la XVI Brigada del Ejército, en Casanare, entre diciembre de 2005 y junio de 2007, y reconoció “los casos de falsos positivos de los que fue imputado y aceptó los cargos de autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas”.
También reconocieron su máxima responsabilidad como autores mediatos, el teniente coronel Henry Hernán Acosta Pardo, comandante del Batallón de Infantería Nº 44 Ramón Nonato Pérez, entre diciembre de 2006 y junio de 2008; y el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007.
Además, en calidad de coautores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, admitieron los hechos el coronel Wilson Camargo Tamayo; el teniente coronel Marcolino Puerto Jiménez; los mayores Jorge Eduwin Gordillo Benítez y Erwin Eduardo Duarte Rojas; los capitanes Jaime Alberto Rivera Mahecha y César Augusto Cómbita Eslava; y los tenientes Marco Fabián García Céspedes y Zamir Humberto Casallas Valderrama.
De igual forma lo hicieron los sargentos primero Wilfrido Domínguez Márquez y Gildardo Antonio Jiménez Castrillón; el sargento segundo activo Faiber Alberto Amaya Ruiz; el sargento segundo Wilson Salvador Burgos Jiménez; el cabo primero Gélver Pérez García; el cabo segundo Leandro Eliécer Moná Cano; y el civil Miguel Fernando Ramírez.
La JEP informó que los demás que aparecen imputados por este caso, entre ellos el detective retirado del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar, señalado como “coautor” con “aportes esenciales”, y otros cinco presuntos responsables, tienen hasta el 8 de noviembre de 2022 para reconocer o rechazar los hechos.
El organismo recuerda que los acusados pueden también aportar argumentos o evidencia adicional para esclarecer los hechos.
Por su parte, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para emitir declaraciones sobre estos casos.
Una vez culmine este proceso, la JEP fijará la fecha para la audiencia pública de reconocimiento de los responsables, como las que ya se han ejecutado para los casos de Norte de Santander y de Costa Caribe.
Cabe consignar que la Jurisdicción Especial para la Paz fue diseñada para juzgar los delitos cometidos con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Se acordó que a la JEP también podían acceder representantes de las fuerzas armadas, bajo el entendido de que el Estado fue un actor relevante en el conflicto y que la verdad contada por militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, podía servir para esclarecer décadas de guerra y aportar a la reparación de las víctimas, bajo un paradigma de justicia restaurativa. Concretamente no conlleva juzgamiento penal y cumplimiento efectivo de prisión para quienes acepten confesar sus crímenes.
