Ministerio de Trabajo detectó irregularidades en empresas con uso del seguro de paro

La oficina realizó 55 inspecciones de este tipo desde que comenzó la emergencia sanitaria y en nueve casos encontró estas situaciones con irregularidades en el subsidio por desempleo. Esos expedientes pasan por la División Jurídica de la Inspección General y luego son elevados al Banco de Previsión Social (BPS), que es el organismo que aplica las sanciones. Estos expedientes todavía están en trámite y, según fuentes del banco, todavía no habían ingresado al organismo. 

“Detectamos varios casos con irregularidades”, confirmó a El Observador el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Incluso, la cartera elaboró un instructivo para darle a los inspectores debido a las distintas flexibilizaciones que se realizaron del subsidio por desempleo. Las empresas son de rubros diversos. 

La sanciones por este tipo de irregularidades, que pone el BPS, varían según la gravedad de la infracción pero está vinculada con la cantidad de jornales trabajadores. "El monto de las multas aplicables, se graduará según la gravedad de la infracción, en una cantidad fijada entre los importes de uno a cincuenta jornales o días de sueldo de cada trabajador comprendidos en la misma, o que pueda ser afectado por ella. En caso de reincidencia se duplicará la escala anterior, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder", dice el artículo 14 del decreto 15.180.

La Inspección General del Trabajo tiene dos divisiones que realizan controles en dos temas distintos. Por un lado, está la División de Condiciones Ambientales del Trabajo, vinculada a la seguridad y lo que se puede ver en el lugar durante una inspección, y por otro, la División de Condiciones Generales de Trabajo. Esta última es la que se encarga de hacer un relevamiento de la parte documental. 

Estos equipos van un día al lugar que les toca inspeccionar, solicitan diversos documentos –recibos, licencias, etc- e intiman a la empresa a entregarlo en un plazo determinado, generalmente de 48 horas. Luego esa información es cruzada con otros datos, entre ellos los del BPS y de esa forma se detectan infracciones. 

Esa división fue la que detectó a estas nueve empresas que estaban cometiendo irregularidades con el seguro de paro ya que tenían empleados que estaban cobrando el subsidio y al mismo tiempo trabajando. En tiempos en los que muchos trabajadores fueron enviados al seguro de paro por la baja en la actividad, en el ministerio sabían que podían ocurrir este tipo de situaciones. 

A mediados de mayo, cuando se anunció una de las prórrogas del seguro de desempleo flexible, Mieres había advertido que iban a controlar este tipo de acciones. “Una de las tareas de este ministerio es controlar que se cumplan y que no se generen modalidades que intenten falsear el mecanismo”, dijo el ministro. 

Incluso, el secretario de Estado advirtió que el gobierno sería “inflexible” con los que cometan este tipo de irregularidades. “Y esto hay que tenerlo bien claro y lo digo con toda la fuerza, desde el gobierno queremos ser lo más amplios posible para amparar las situaciones que se están dando pero vamos a ser inflexibles con los que hagan trampa”, apuntó. 

Puede ser delito

En esa misma conferencia, tanto Mieres como el subsecretario de la cartera, Mario Arizti, advirtieron que el fraude al seguro de paro puede configurar un delito. “Hay una sanción administrativa por la infracción de una norma laboral y además puede ser un delito”, dijo Arizti. 

El delito sería porque se trata de una evasión tributaria. Al enviar a los trabajadores al seguro de paro, la empresa deja de pagar los salarios y los aportes patronales correspondientes. De todos modos no siempre configura delito. 

El último caso mediático que puso este tema sobre la mesa fue el de Envidrio. En aquel entonces, un informe del BPS, difundido por El País, detectó que la cooperativa pagó en negro a 71 trabajadores mientras se encontraban en seguro de paro luego de que el horno de la fábrica dejara de funcionar en 2016.

Sin embargo, el fiscal Luis Pacheco, que tuvo el caso vinculado a Envidrio, no encontró delito en este punto. "Desde el punto de vista penal, había descartado el delito en este punto", declaró en ese entonces a El Observador. En ese caso, el BPS le reclamó a Envidrio que pagara más de $ 20 millones por los salarios impagos, los aportes y recargos.