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¿En qué casos se prorroga el seguro de paro y por qué interviene el Parlamento?
A casi dos meses de llegada la pandemia del coronavirus a Uruguay, miles de trabajadores han sido enviados al seguro de paro y, a partir de junio, se comenzarán a cumplir los plazos legales de ese subsidio.
La causal suspensión, por la que fueron enviados el 80% de los trabajadores durante esta crisis, otorga un subsidio del 50% del salario por cuatro meses. Pero, ¿qué pasa una vez que se cumple ese plazo?
Hay tres opciones: retomar al trabajador, despedirlo y pagarle la indemnización (y le corresponden dos meses más de subsidio) o solicitar la prórroga del seguro de paro.
Ese trámite se debe realizar diez días antes de que se cumplan los cuatro meses y es obligatorio que el trabajador esté de acuerdo. En caso de que no comparta la decisión, puede considerarse despedido y solicitar la indemnización correspondiente.
Pero es el Poder Ejecutivo el que tiene la potestad unilateral de decidir si otorga o no la extensión y la empresa debe justificar dos elementos. Documentar la “transitoriedad de la falta o reducción de tareas y el compromiso de preservar los puestos de trabajo”, según dice el artículo 10 de la Ley 15.180.
En otras palabras, la empresa debe acreditar al Ministerio de Trabajo que su situación financiera es crítica, por qué no fueron suficientes los plazos legales y qué acciones concretas piensa tomar para que la situación pueda cambiar, según explicó a El Observador el abogado especializado en derecho laboral del estudio Pérez del Castillo y Asociados, Juan Diego Menghi.
“Facultase al Poder Ejecutivo para establecer, por razones de interés general y por un plazo no mayor a un año, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades económicas, así como a prorrogar, por idénticas razones y plazo, el servicio de las prestaciones previstas en el presente decreto-ley”, dice el texto mencionado.
La solicitud debe estar acompañada de una carta de la empresa dirigida al ministro de Trabajo, firmada por un responsable de la compañía, con aclaración de firma y cargo que ocupa, un listado del personal, fecha en la que comienza y finaliza el período de prórroga (no se otorgan más de 90 días), cantidad de prórrogas usadas por cada trabajador y número de BPS de la empresa, explicó el abogado del estudio Pérez del Castillo y Asociados.
El texto agrega que el monto del subsidio que se pagará en casos de prórroga será establecido por el Poder Ejecutivo y no podrá exceder el 80% del promedio mensual de las remuneraciones de los seis meses anteriores.
La prórroga del subsidio es posible para todas las causales. Para el despido, la extensión podrá ser de un máximo de ocho meses o de noventa jornales, respectivamente, para la eventualidad de que se registre una caída del Producto Bruto Interno desestacionalizado durante dos trimestres consecutivos, explicó Menghi.
La situación generada por el coronavirus en determinados sectores, como los resturantes o el rubro turístico, lleva a que la solicitud de prórroga sea casi inevitable. De todos modos, el abogado aclaró que la prórroga no es automática y que es necesario hacer el trámite.
Por el Parlamento
El pasado 7 de mayo el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley por el que pide la extensión del seguro de paro de los trabajadores de la empresa Lifan SA. En la exposición de motivos del proyecto, el gobierno hace referencia a la crisis en Brasil, donde la empresa colocaba toda su producción, los planes de reactivación de la empresa y las complicaciones generadas ahora por el coronavirus.
Esos son los argumentos que maneja para solicitar la prórroga por 180 días para los trabajadores de la empresa Lifan. El caso de esta automotriz es uno entre varios y existen algunos que han sido más mediáticos como el de Pluna en el que los trabajadores de la aerolínea cobraron el subsidio durante más de tres años.
Estos casos llegaron al Parlamento porque sobrepasaron los plazos y los montos en los que el Poder Ejecutivo tiene potestad para ampliar de forma unilateral. El gobierno puede extender el subsidio por un año como máximo y por el 80% del promedio de las remuneraciones computadas. Cualquier otro caso debe pasar por el Parlamento.
En varias oportunidades el sistema político ha cuestionado esta forma de extender el seguro de paro. El actual ministro de Trabajo, Pablo Mieres, realizó un pedido de informes en 2017 para conocer más acerca de esta situación y El Observador difundió el dato de que en siete años se habían gastado US$ 28 millones en extender el subsidio.
El entonces senador Mieres afirmó que "deberían determinarse por ley límites al Poder Ejecutivo para fijar los plazos de extensión de seguros". Consideró que se está "ante una responsabilidad compartida entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo" y afirmó que en el Parlamento se vota "sin conocer" los criterios por los cuales se pide mantener el pago a ciertos grupos de trabajadores.
Consultado a mediados de marzo por este tema, Mieres aseguró que no era momento de rever las extensiones por la delicada situación del mercado laboral.
