Cada vez que abrís Netflix o WhatsApp, o incluso leés El Observador, esos datos viajan por cables de fibra óptica que están en el fondo del océano. Por ahí pasa más del 99% del tráfico de internet entre continentes. Un informe de 190 páginas que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) aprobó este 10 de julio pone a la Armada uruguaya como ejemplo de cómo cuidarlos.
Los cables casi nunca se rompen por sabotaje. Se rompen porque un barco tira el ancla encima o porque un pesquero arrastra una red por el fondo y los engancha. El propio informe lo dice: más del 80% de las fallas en el mundo se explican por el fondeo, los artes de pesca, el dragado y otras actividades sobre el lecho marino.
Contra eso, cada país dibuja un pasillo de exclusión alrededor de sus cables. El informe releva cuatro casos: Bermudas, Australia, Colombia y Uruguay. Sobre el nuestro escribe: "La Disposición Marítima N.º 128 de 2011 de la Prefectura Nacional Naval de Uruguay es la regulación relevante de este país".
¿Qué prohíbe esa norma? Fondear o realizar "cualquier actividad, incluida la pesca, que mantenga contacto total o parcial con el lecho marino" en un área de una milla náutica a cada lado del cable, algo más de 1.800 metros. El estándar internacional que cita el mismo documento —una resolución de la Organización Hidrográfica Internacional— recomienda apenas un cuarto de milla. Colombia aplica esa medida mínima.
Además, en Uruguay no hace falta romper nada para que te sancionen. El texto lo remarca: "Pueden imponerse sanciones a quienes realicen actividades prohibidas en esas áreas, incluso si los cables no resultan efectivamente dañados".
La multa más cara y un sistema que avisa por radio
Cuando el informe compara cuánto cuesta dañar un cable por negligencia, menciona tres países. Australia: tres años de prisión o una multa de unos USD 28.000. Nueva Zelanda: unos US$ 150.000. Y "Uruguay: multa de aproximadamente US$ 450.000". Es la más alta de las tres y con eso “se logró efecto disuasorio”, contó a El Observador un uruguayo especializado en asuntos legales y regulatorios de infraestructura de cables submarinos. “Incluso es por poner en riesgo”, indicó.
De hecho, había cortes frecuentes, casi uno cada dos años, y reparar cada uno costaba alrededor de US$ 2 millones. En todos los casos, estaban vinculados al uso de nasas para la pesca de merluza negra, una especie de altísimo valor comercial. Durante años, los pescadores dejaban estos artefactos cerca de los cables sin mayores precauciones, pero esa práctica ya no se repite.
La otra mención tiene que ver con vigilancia. Los barcos comerciales y los pesqueros llevan equipos que transmiten su posición: los primeros usan un sistema llamado AIS y los segundos, uno llamado VMS.
El AIS —sigla de "sistema de identificación automática"— es una especie de baliza que cada barco emite para decir quién es, dónde está y hacia dónde va, y cualquier embarcación cercana o autoridad marítima puede leerla. El VMS —"sistema de monitoreo de embarcaciones"— es el equipo que llevan los pesqueros y que reporta su ubicación al Estado que los controla.
Son dos pantallas distintas. La mayoría de los países las miran por separado. Uruguay las cruza.
"Por ejemplo, la Armada uruguaya opera un marco coordinado AIS-VMS que permite a las autoridades marítimas rastrear tanto el tráfico comercial como los buques pesqueros, mejorando la visibilidad en zonas donde hay cables submarinos", dice el documento.
Eso permite ver a un barco acercarse a un cable antes de que pase algo. Según el informe, el sistema uruguayo "combina las zonas de protección de cables con monitoreo activo y advertencias de radio en tiempo real a las embarcaciones que navegan dentro o se aproximan a las áreas designadas".
Y agrega la frase que resume por qué Uruguay entró al reporte: "Este modelo preventivo no depende únicamente de la aplicación posterior al incidente, sino que prioriza la comunicación temprana y la mitigación del riesgo".
El informe fue elaborado por más de 175 expertos convocados por la UIT junto al Comité Internacional de Protección de Cables. Sus recomendaciones habían sido respaldadas en febrero, en una cumbre en Porto, Portugal, con 350 participantes de más de 70 países.
