Economía y Empresas > relaciones laborales

Gobierno reintegra a trabajadores de MontevideoGas despedidos por Petrobras

Son siete empleados que habían sido cesados en mayo, luego de un control obrero realizado por el sindicato

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18 de noviembre de 2019 a las 16:16

Siete trabajadores cesados en la distribuidora MontevideoGas se reintegran sus funciones. Los despidos habían sido definidos por la anterior dirección de la empresa a cargo de la estatal brasileña Petrobras.

La Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Oaoegas) comunicó que este lunes comenzaron los reintegros de los funcionarios. Los primeros cuatro fueron retomados en esta jornada y los otros tres volverán a la empresa mañana. De esa forma reingresan los trabajadores que todavía estaban fuera de la empresa.

Con la medida adoptada, el sindicato se comprometió a “estar a la altura del desafío de desarrollar el servicio público de gas natural, ahora a manos del Estado, para lograr corregir la pésima gestión que llevó a cabo Petrobras en la última conducción neoliberal”.

El director de la oposición en Ancap, Diego Labat, dijo a El Observador estar "preocupado" por esa resolución de las actuales autoridades de MontevideoGas porque ello puede "complicar la situación económica y financiera de la empresa", y sobre todo cuando esos despidos fueron por mala conducta. 

El gremio, por su lado, sostuvo que los reintegros son parte de la puesta en práctica del acuerdo alcanzado en julio de este año entre el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Tabaré Vázquez, y Petrobras. Ese acuerdo se concretó en una reunión entre Vázquez y el presidente de la compañía brasileña, Roberto Castello Branco en Santa Fe, en medio de una cumbre semestral del Mercosur. Luego de la reunión, se difundió un escrito firmado por ambas partes. Allí, se estableció que se tomarían las medidas administrativas necesarias para poner fin a las concesiones vigentes —MontevideoGas y Conecta— antes del 30 de setiembre.

También se indicó que ambas partes harían todo lo necesario para dejar sin efecto disputas o litigios pendientes, sin realizar reclamos de ningún tipo. Por último, el documento señaló que el Estado uruguayo asumiría las operaciones de ambas concesiones mediante los instrumentos jurídicos legalmente habilitados, de forma de dar continuidad a los servicios.

Si bien el escrito que las dos partes dieron a conocer no mencionó el aspecto laboral, Vázquez sí lo hizo tras la reunión. El mandatario señaló que con el acuerdo se estaba “garantizando el suministro de gas a la población y también asegurando los puestos de trabajo de todos los trabajadores, tanto de Conecta como de MontevideoGas”.

 El cortocircuito entre la compañía y el sindicato se arrastraba desde hace años, pero en 2019 se profundizó.

A fines de abril los trabajadores realizaron un control obreros en las oficinas y planta de la distribuidora. A las horas levantaron la medida antes de ser desalojados. Pero la acción sindical tuvo respuesta empresarial. A principios de mayo, MontevideoGas comunicó que no iba a reincorporar funcionarios que estuvieran en el seguro de paro y tuvieran causal jubilatoria durante 2019. De esa manera, despidió a los siete trabajadores. Después suspendió por 14 días a 53 empleados que habían participado del control obrero. La empresa justificó esa decisión por una "flagrante desobediencia a una decisión judicial expresa y en grave lesión a los derechos fundamentales” de la empresa consagrados en la Constitución.

“La sanción de suspensión bajo apercibimiento por 14 días resultó de un meticuloso y ponderado análisis de los hechos, especialmente la gravedad de los mismos, y de las normas vigentes, y fue decidida en el legítimo ejercicio del poder disciplinario de la empresa considerando especialmente la entidad de la medida”, explicó en ese entonces Petrobras por medio de un comunicado. 

Tal como estaba previsto en el acuerdo, el 30 de setiembre Petrobras transfirió las acciones y las concesiones de MontevideoGas y Conecta al Estado uruguayo. Las dos distribuidoras, MontevideoGas y Conecta, son actualmente administradas por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) con la tutela de Ancap.

 

 

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