Ni más impuestos ni más déficit

A menos que haya otro giro oficial, la ratificación presidencial de que el nuevo presupuesto no aumentará la carga tributaria y mantendrá la meta de baja del déficit fiscal despeja dudas sobre el futuro de esos dos factores vitales. Previamente había trascendido que, en una reunión del Consejo Superior Tripartito del sector público en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se adelantó que el gobierno aceptaba estudiar las propuestas sindicales de incrementar impuestos a las grandes empresas y al patrimonio y de subir del 2,5% al 2,8% del PIB la reducción proyectada del actual déficit del 3,7% para el final del período, entre otras medidas. El objetivo del planteo sindical era generar recursos para la educación pública y la salud, mayoritariamente para aumentos salariales.

Pero en un posterior encuentro con el PIT-CNT el presidente Tabaré Vázquez aclaró el tema. El gobierno estudiará solo la propuesta sindical de no llenar vacantes en el Ministerio de Defensa para liberar algo de recursos, tema, de todos modos, difícil de implementar. Ratificó, sin embargo, que el gobierno descartaba de plano subir impuestos o la meta de déficit. Es la posición lógica que hay que mantener sin desvíos ya que el rumbo propuesto por el sindicalismo es una receta segura de desastre. Ya el ministro de Economía, Danilo Astori, había anunciado enfáticamente que no habría incremento de impuestos porque la capacidad tributaria del sector privado ha llegado al límite de su capacidad contributiva.

Y subir la previsión del déficit fiscal amenazaría perder el grado inversor, lo que significaría automáticamente debilitamiento de la confiabilidad de la deuda pública uruguaya y agudo encarecimiento del crédito externo. Aunque es improbable que el gobierno alcance la meta del 2,5% del PIB, las calificadoras de riesgo por ahora se mantienen expectantes a la espera de los resultados que puedan tener los esfuerzos del equipo económico para bajar el déficit. Pero derrumbaría esta tolerancia cualquier desviación gubernamental, peligro que Vázquez ha ratificado ahora que no sucederá.

Los reclamos sindicales están centrados en las áreas de educación y de salud, pese a haber sido las más favorecidas por el aumento del gasto público introducido en la Rendición de Cuentas. Estos incrementos, aunque modestos, ya eran improcedentes en momentos en que la más elemental prudencia fiscal imponía bajar el gasto o, al menos, mantenerlo incambiado para atenuar la amenaza que conlleva el déficit fiscal. El resultado de no atender los pedidos de los gremios del sector público será seguramente mayor conflictividad. Desde los sindicatos de la educación pública y la salud se amenaza con profundizar la actual ola de paros y ocupaciones con huelgas por tiempo indeterminado que, de concretarse, golpearían aún más las ya tambaleantes enseñanza estatal y atención sanitaria a los uruguayos de menos recursos. Pero habrá que enfrentarlo porque es la única forma de evitar que se resquebraje la estabilidad de una economía débil, en declinante ritmo de crecimiento, así como alentar el desarrollo productivo y la defensa de los puestos de trabajo ante un desempleo que tiende a aumentar. No hay otro camino ya que cualquier marcha atrás del gobierno significaría convertir los nubarrones que nos sobrevuelan en una segura tormenta de proporciones.