Las filtraciones de casos que se dirimen en la órbita judicial, particularmente los que involucran a políticos, vienen siendo motivo de debate. Desde el caso Astesiano a esta parte, ha ido creciendo en la Fiscalía y el sistema político, particularmente el oficialismo, la preocupación por la información que se publica. Por eso, hay una investigación administrativa en curso para determinar quién filtró audios del caso Penadés –escuchas a sus asesores– y este jueves fue convocado al Parlamento el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, para tratar el asunto.
Tu derecho a estar informado
La noticia que te traigo es que las filtraciones existieron, existen y existirán siempre. ¿Por qué? Porque mientras haya periodistas que hagan su trabajo –esto es que procuren dar a conocer la verdad, sacar a la luz lo que algunos no quieren que se sepa y trabajar con rigor e independencia– se seguirá informando sobre lo que se dirime en un juicio penal, más si involucra a políticos, sean gobernantes u opositores.
En un caso judicial las partes interesadas son muchas. Está el o la fiscal que no actúa solo, sino que tiene un equipo de fiscales que trabajan con él o ella, y también funcionarios administrativos, está la Policía que auxilia al equipo fiscal y que hace las diligencias que el fiscal le ordena (desde interrogar a testigos e indagados, hasta pericias o el registro de escuchas telefónicas), está la defensa de los imputados (que en juicios complejos suelen ser muchos abogados) y está la propia víctima o sus familiares.
Según establece el sistema penal que rige desde 2017, todas las partes, incluida la víctima, están en igualdad de posiciones y tendrán derecho a conocer la investigación de la fiscalía. El artículo 259 del CPP determina que “las actuaciones de investigación preliminar (…) serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento”.
También dice que el fiscal podrá disponer que “determinadas actuaciones, registros o documentos permanezcan en reserva respecto del imputado, su defensor y demás intervinientes, toda vez que lo considere necesario para asegurar la eficacia de la investigación”. Así ocurrió en el llamado caso Penadés y desde que se inició la investigación en marzo hasta fines de mayo en que la fiscal Alicia Ghione pidió el desafuero al Parlamento, y debió relatar los hechos para fundamentarlo, no se conocieron detalles de las denuncias, salvo los que revelaron las víctimas que quisieron hacer público su testimonio, como Romina Celeste o Jonathan Mastropierro.
Diagnóstico y soluciones, ¿las hay?
Te decía que las filtraciones son el pan del trabajo de los periodistas. Desde que empecé a hacer cobertura judicial hace más de 20 años, poder informar de las pruebas que pidió la fiscalía, de lo que declaró un indagado, de los argumentos que usó para defenderse, de los delitos que le va a imputar el Ministerio Público eran y son un requisito para hacer bien mi trabajo.
Traigo dos ejemplos en los que gracias a filtraciones informamos de hechos relevantes: el 13 de diciembre de 2007 en las páginas de El Observador publiqué el testimonio completo que había dado el entonces exdirector de casinos municipales Juan Carlos Bengoa (en el sistema solo aparece una página), procesado días después por varios delitos de corrupción, y más acá en el tiempo en 2019, publicamos el audio de la declaración del presidente Tabaré Vázquez como testigo en la indagatoria sobre el caso Gavazzo. ¿Eran relevantes esos testimonios? ¿Se puede perseguir penalmente a las personas que nos entregaron esas pruebas?
El testimonio de Juan Carlos Bengoa antes de ser procesado por delitos de corrupción
Frente a los señalamientos que se hacen hoy, desde el sistema político ponen el foco en la Fiscalía, y desde la Fiscalía apuntan a los abogados y dicen que ellos también acceden y pueden filtrar información.
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, quien convocó a Gómez al Parlamento decía en la comisión de este jueves, según surge de la versión taquigráfica, que en las filtraciones “se ve afectada la privacidad de las conversaciones porque es perfectamente posible que a cualquier persona, aunque no se le impute delito alguno, aunque no se la sospeche siquiera vinculada con la comisión de delito alguno, se le intercepte las llamadas telefónicas porque conoce a uno que a su vez habla con otro, que a su vez habla con otro que está en conexión con la persona a la que sí se le imputan delitos”.
Gómez dijo que cuando se habla de filtraciones se “siembra descrédito sobre la actuación de un servicio tan importante como la Fiscalía General de la Nación y se está sembrando descrédito sobre el Estado de derecho”. Sobre el punto contó de opciones que está manejando, como ponerle distintos ruidos a las grabaciones, para identificar si se publican quién la entregó, o realizar cursos de capacitación sobre el tema por un ofrecimiento del gobierno británico.
Por su parte, el presidente del gremio de fiscales, William Rosa, hizo un diagnóstico peor, en la mesa de Así nos va, al señalar que la situación “es terrible” para el trabajo de los fiscales porque pasa a haber dos juicios: el que transcurre en la Fiscalía y el paralelo que transcurre en los medios. A juicio de Rosa, eso hace que si la opinión pública considera culpable a un indagado y luego el fiscal no lo imputa "se genera descreimiento" sobre la Fiscalía.
El abogado Florencio Macedo, quien también participó del debate radial, planteó que al primero que afectan las filtraciones es al imputado “que está tratando de defenderse” y también objetó “los juicios paralelos” que condenan al imputado antes de tiempo. “Muchas veces si después lo absuelven la gente ni se entera, se quedan con el primer juicio”, dijo.
Las preocupaciones de las partes pueden ser entendibles pero no son compartibles desde el punto de vista del derecho de la información. Casos como como Sendic, Pluna, Morabito, Ursec, Penadés, la concesión del puerto, Astesiano o Marset, y la lista podría seguir, despiertan un interés particular en la opinión pública y es nuestro deber como periodistas informar sobre ellos.
Sobre la preocupación de Goñi, hay que aclarar que la privacidad de las personas ajenas a la causa no debería quedar expuesta porque en las escuchas debe ser dejado de lado todo lo que no esté vinculado al caso y si eso no se preserva esos funcionarios podrán incurrir en delito.
Con respecto al planteo de Rosa, recuerdo que las presiones de la opinión pública también existieron y existirán siempre, y hoy con las redes sociales se potencian, pero los fiscales no se deberían dejar influenciar por ellas. Si las pruebas para imputar a una persona no son suficientes no deben imputar y es su deber explicar las razones ante la opinión pública. En esos detalles se expresa la garantía del sistema de justicia.
Además el sistema de información que utiliza la Fiscalía, el Sippau, que toma íntegramente las denuncias que ingresan al Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, tiene trazabilidad y cuando ha habido fallas, como pasó en el caso de la Ursec, en que funcionarios de la Fiscalía que conocían al exdirector frenteamplista, Nicolás Cendoya, le avisaron quienes estaban indagados, se descubrió. Esa trazabilidad permitió que quienes habían pasado la información terminaran imputados y echados de la Fiscalía.
Los periodistas tenemos también responsabilidades, como la de informar cuando un caso se archiva y se absuelve a un imputado pero más allá de eso las leyes y la jurisprudencia nos amparan en nuestro derecho a no revelar nuestras fuentes, por lo que si un fiscal pretende averiguar quién filtró información para mandarlo preso, pierde el tiempo. Y si le agregan un ruido especial a cada audio no lo pasaremos al aire o no lo subiremos a la web pero la información se dará a conocer igual en forma oral o escrita. El derecho a la información seguirá estando resguardado.
