Operación Océano: Viera no entregó 50 documentos a los abogados defensores, según informe de la nueva fiscal

Los documentos no entregados incluyen actas de incautación a 17 indagados, ocho declaraciones de testigos en casos de diferentes víctimas, 27 notificaciones de detención, dos capturas de conversaciones entre indagados y víctimas, una carpeta con movimientos migratorios de una víctima, movimientos migratorios de una testigo, 13 constancias de inasistencia de víctimas a pericias psicológicas, nueve constancias de inasistencia de testigos a esas pericias y cuatro pericias realizadas a indagados, según el informe publicado por El País y al que accedió El Observador. 

A su vez, no se entregaron tres carpetas que contenían relevamiento fotográfico de las conversaciones entre víctimas e indagados, informes del BPS referidos a empresas de los imputados, testimonios de partidas de nacimiento de las víctimas, y un registro de un club cannábico vinculado a uno de los indagados.

Esta y otras omisiones de la fiscalía motivaron dos nuevos pedidos de nulidades por parte de las defensas de los imputados. Por un lado, los abogados Paul Pereira Schurmann, Andrés Añasco, Alberto Rojas, Pablo Barreiro, Alejandro Balbi, Carlos Balbi y Rodrigo García, y por otro el abogado García sólo, pidieron la nulidad de las declaraciones anticipadas de las víctimas que ya declararon. En el caso de este último profesional cuestionó que existió una pericia psicológica a una de las presuntas víctimas de su defendido que no había sido incluido en la carpeta de la investigación de Viera.

Las últimas audiencias por la Operación Océano duraron cerca de 13 horas y el equipo fiscal –de cuatro integrantes– tuvo que hacer frente a los abogados de 32 imputados. Luego de varios episodios en los que los defensores acusaron a la fiscalía de ocultamientos y desprolijidades, la jueza Tonarelli decidió suspender las audiencias por 10 días para que las representantes del Ministerio Público ordenaran la carpeta investigativa y presentaran el testimonio que faltaba. A un día de que se cumpliera el plazo –este 30 de octubre–, el fiscal de Corte, Juan Gómez, anunció que la fiscal Darviña Viera dejaría el cargo por problemas de salud. 

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Los abogados defensores habían pedido la nulidad de la causa en un principio cuando se descubrió que la principal víctima había declarado en su casa y eso no figuraba en el expediente. Según los abogados defensores (la prensa no estaba presente), la víctima dijo que eso sucedió en dos oportunidades y Viera solo informó de una.

Después de un cuarto intermedio en el que, según los letrados, Viera revolvió papeles en busca de información, la fiscal justificó que la declaración que faltaba era una que ella había presentado, pero en la que no figuraba el lugar de realización. Estaba fechada el 2 de julio de 2021. El artículo 264 del Código Procesal Penal estipula que en cada actuación se debe consignar fecha, hora y lugar de realización, por lo que existió una falla procedimental. 

A su vez, un abogado defensor logró acreditar que Viera tomó declaración a un testigo que no figura en la información que se les proporcionó. Incluso, el abogado Juan Fagúndez argumentó que él había acompañado al hombre en cuestión a la Fiscalía el año pasado porque había sido citado como indagado y no como testigo -base del argumento fiscal-. Incluso mostró el cedulón por el que fue notificado ante la jueza. 

La conversación no fue grabada. La Fiscalía aduce que fue una "conversación informal", Fagúndez aseguró que se trató de un interrogatorio de 25 minutos. 

En una sentencia que emitió la jueza Beatriz Larrieu en mayo de 2021, la magistrada calificó la investigación de Viera como "desprolija", “desordenada” y “poco precisa”. Según supo El Observador, la nueva jueza Tonarelli recogió esta idea en la audiencia y reiteró que la investigación es "desprolija".