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Operación Océano: policías explicaron a abogados cómo acceder a chats y enviarán un instructivo
La ultima de las cuatro audiencias que se realizaron este viernes por el caso Operación Océano tuvo que suspenderse por unos minutos. Las tres anteriores habían transcurrido con normalidad: la jueza Beatriz Larrieu dispuso la prórroga de las medidas cautelares para todos los imputados –incluso el de nacionalidad paraguaya que se encuentra en prisión preventiva–, y lo mismo estaba previsto que ocurriera en la última instancia, hasta que uno de los abogados pidió la palabra para hacer un reclamo en representación de varios de los penalistas.
Según señalaron a El Observador participantes de esa audiencia, el abogado Andrés Añasco dijo a la jueza Beatriz Larrieu que la fiscal Darviña Viera seguía “sin entregar el registro” de la carpeta de investigación, y que pese a que a Interpol ya entregó los más de 2.000 gigabytes de información con todos los chats mantenidos entre los adultos y las 20 víctimas identificadas, muchos no habían podido abrir los archivos debido a problemas técnicos.
Fue entonces que la fiscal Viera solicitó a la jueza un cuarto intermedio para llamar a dos efectivos del departamento de Delitos Informáticos de Interpol, y pedirles que vinieran a la audiencia a explicar cómo abrir los archivos, que además de imágenes de los chats, están los audios intercambiados por los indagados y las adolescentes.
A los pocos minutos llegaron los efectivos con una computadora y, con el permiso de la magistrada, ingresaron a la sala del Palacio de los Tribunales y comenzaron con su clase.
“Mostraron a las defensas cómo se hacía la extracción del material”, señalaron las fuentes consultadas. Cuando terminaron de exponer, la jueza Larrieu dispuso que la policía entregue en los próximos días un “instructivo” a los penalistas, que funcionará como una guía o manual para que puedan acceder a la información almacenada en los celulares y dispositivos informáticos que fueron incautados en el marco de esta investigación.
Más plazo para acusación
Salvo en el caso de la prisión preventiva, las medidas cautelares dispuestas prohíben a los imputados mantener comunicación y acercamiento a las víctimas, y en algunos indagados pesa la inhabilitación para “el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia”, como dicta el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género
En rueda de prensa luego de la audiencia, la fiscal dijo que la instancia había sido “positiva”. Por un lado, quedó conforme con la decisión de Larrieu de prorrogar las medidas cautelares “hasta el 12 de mayo”. Al día siguiente, vencerá el plazo de un año que tienen los fiscales desde que una indagatoria penal es formalizada para presentar su acusación. Y Viera adelantó que planifica solicitar la extensión de un año más.
Y después evaluó como “importante” el hecho de “hacer venir a los funcionarios policiales de delitos informáticos”, y ratificó que lo que explicaron allí también será compartido con todo el resto de los abogados. “Creemos que quedó más claro porque mostraron cómo abrir un archivo”, dijo la fiscal.
Viera igualmente fue consultada por el reclamo de los penalistas sobre las dificultades de conocer el legajo fiscal. “El material que la fiscalía va recibiendo, así como las declaraciones que van tomando, se suben al sistema, se integran en un pendrive para ser más ordenado, y cuando las defensas se agendan, vienen a la fiscalía, un funcionario baja y les da el registro”, respondió.
La discusión por este tema lleva varios meses.
El 18 de diciembre, 11 abogados presentaron un escrito ante la Justicia en el que solicitaron que se suspenda la audiencia del 23 febrero, fijada para discutir el pliego del interrogatorio a la principal víctima de la investigación.
El argumento de los penalistas es que como aún no accedieron a la totalidad de las evidencias, consideran que no tienen las garantías suficientes como para confeccionar el cuestionario a la víctima.
El escrito –redactado por Cecilia Salom, Viera, Jorge Pereira Schurmann, Alberto Rojas, Alejandro y Carlos Balbi, Santiago Alonso, Enrique Díaz, Pablo Casas, Rodrigo García y Pablo Barreiro– reitera que las defensas accedieron solo parcialmente a las pericias procesadas por Interpol y Policía Científica, y que muchos de los archivos que les fueron entregados contienen errores o no pueden ser abiertos.
A criterio de los penalistas, la omisión en entregar todas las evidencias a varios meses de iniciadas las investigaciones penales “afecta el derecho de defensa de los imputados”, y por esta razón ya se suspendió una audiencia que iba a tener el lugar el 7 de octubre, y en la que se iba a confeccionar el cuestionario para que declarara la principal víctima de la indagatoria.
