Ortega ilegaliza otras 100 ONGs, incluidas dos de exmilitares sandinistas

En la nueva lista de ONGs afectadas se encuentra dos de ex militares sandinistas: la Asociación de Combatientes Retirados del Ejército Popular Sandinista (EPS) y el Movimiento de Renovación (Asocomret), integradas por antiguos miembros del extinto EPS. Así como del ministerio del Interior, ahora llamado ministerio de Gobernación.

En la nueva lista figura además a la Asociación de Desmovilizados de la Resistencia, integrada por antiguos miembros de la "contra" que combatieron con las armas a los sandinistas durante la guerra civil de la década de 1980 del siglo pasado.

Desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense Horizonte Azul (Asociación Horizonte Azul) que fue creada en enero de 2007, cuando el presidente Daniel Ortega retornó el poder.

Además hay organizaciones ambientalistas, médicas, educativas, de desarrollo comunitario y de atención a grupos en riesgo, informó la cadena noticiosa alemana DW.

También quedaron fuera de la ley la Asociación para el Desarrollo Integral de Retirados del Ejército y de ex funcionarios de los ministerios de Interior y su sucedáneo, el de Gobernación. 

Con la ilegalización de esas nueva cien ONGs, suman 1.468 las entidades de este tipo que han sido clausuradas tras la revuelta popular de abril de 2018, calificada como un intento de golpe de Estado por el presidente Daniel Ortega.

Sólo en lo que va de este año 2022, los legisladores sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional han ilegalizado 1.269 ONGs.

Entretanto, el Ministerio de Gobernación ha cancelado la personería jurídica de otras 400 ONG, basado en una reciente reforma a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.

Esa facultad correspondía antes exclusivamente al Parlamento, con lo que suman 1.468 las ilegalizadas, de cerca de 6.000 registradas, según las cuentas de DW.

Según las autoridades, esas cien ONGs incumplieron con sus obligaciones conforme lo establece la nueva normativa que rige su funcionamiento.

También habrían vulnerado la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Según el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, uno de los promotores de las iniciativas, las ONGs afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.

En aquel entonces, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en reclamos de renuncia de Ortega tras la violenta represión.

Los disturbios dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200. 

Nicaragua atraviesa desde entonces una crisis política y social que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelecto para un quinto mandato y cuarto consecutivo.

También es el segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Ortega, próximo a cumplir 77 años, lleva 15 años y 7 meses consecutivos en el poder.

(Con información de DW y agencias)