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Perú: un juez amplió a 36 meses la prisión preventiva del expresidente peruano Castillo
La justicia peruana extendió a 36 meses la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, quien además de un cargo por rebelión por el que fue depuesto fue acusado ahora de presunta corrupción.
Así, el maestro rural de 53 años electo presidente de Perú a mediados de 2021 por voto popular, permanecerá detenido hasta diciembre del 2025 mientras la fiscalía arma las causas y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos.
Voceros de la fiscalía ya dejaron trascender que Castillo podría ser condenado con hasta 32 años de prisión si los cargos se demuestran.
En una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses en diciembre por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso, caratulado como rebelión.
"Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes y de Vivienda, Construcción y Saneamiento", señaló el Poder Judicial en Twitter.
Castillo hizo una corta intervención ante las cámaras de televisión judicial desde la cárcel para expresar su desacuerdo con la medida: "Vamos a hacer lo que la ley me faculta: apelaremos", dijo.
El magistrado también dispuso 36 meses de prisión preventiva al exministro de Transportes Juan Silva, prófugo de la justicia, mientras que el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, seguirá el proceso en libertad.
El juez ordenó la captura nacional e internacional del ministro profugado. Por su parte, Alvarado tendrá que pagar una caución de 35.000 soles (US$ 9.200), además de cumplir con normas de conducta y comparecer ante el juzgado durante su procesamiento
Tras su fracasado intento de disolución del Congreso, Castillo fue destituido y llevado el mismo 7 de diciembre pasado al penal Barbadillo, una minicárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Su caída profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejaron al menos medio centenar de muertos, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río el fin de semana cuando supuestamente intentaban huir de manifestantes que los atacaron a pedradas en la región de Puno.
El martes, durante una audiencia previa, Castillo dijo sentirse "secuestrado injustamente" al negar ante un juez los cargos de corrupción por los que le ampliaron el tiempo en prisión.
"Niego rotunda y categóricamente ser autor y parte de una red criminal. El único delito que cometí es servir a mí país como presidente de la república", afirmó.
Con tono vehemente se defendió de los señalamientos en su contra. "Van a pedir 36 meses de prisión cuando tengo la prisión preventiva. ¡Voy a llegar a cien días de estar secuestrado injustamente!", agregó.
La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
El cargo de corrupción responde a la presión que ejerció el exmandatario para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.
De la misma forma, el juez citó los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo haber entregado a Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para ser favorecida con una adjudicación de obras públicas.
El expresidente peruano, elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder y luego de varias interpelaciones por el Congreso, de mayoría opositora
Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo ese mismo día en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.
Las protestas, que continúan diariamente desde entonces, dejaron ya más de medio centenar de muertos, en su enorme mayoría civiles baleados por soldados desplegados en calles, aeropuertos y carreteras en virtud del estado de emergencia decretado por la mandataria interina.
