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Por cuarto día consecutivo, el Congreso de Perú tratará si adelanta las elecciones para este año
El Congreso unicameral de Perú volverá a tratar este miércoles, y por cuarto día consecutivo, el adelantamiento de las elecciones para octubre como vía para solucionar la crisis política desatada desde la destitución del presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre.
El único avance de la víspera fue extender hasta el 10 de febrero el actual período legislativo, que vencía hoy, de modo de agregar diez días a un posible acuerdo político para resolver el tema de las elecciones anticipadas.
Las negociaciones entre las diferentes bancadas se realizan en un clima de marcado hermetismo que impide saber con certeza sobre qué se discute, aunque se descuenta que lo central es el modo de la transición ya que las manifestaciones públicas reclaman la inmediata dimisión de la presidenta Dina Boluarte.
Si esto ocurriera, asumiría el presidente del Congreso y tercero en la línea de sucesión, José Williams, quien el martes firmó un decreto que extiende el período legislativo por diez días. El objetivo es encontrar un consenso político, de modo de poder ratificar la convocatoria a elecciones en el nuevo período, tal como lo establece la Constitución.
De acuerdo con la legislación peruana, el adelantamiento de elecciones, que implica una reforma de la Constitución, debe ser aprobado por dos legislaturas anuales consecutivas y ayer finalizaba la primera, que fue extendida hasta el 10 de febrero.
Los sucesivos aplazamientos del debate se debieron en buena medida a la sorpresiva decisión del bloque de Acción Popular (AP, de centro) de votar contra el adelantamiento de los comicios a este año.
La mayoría de AP se sumó de esa forma a los bloques de izquierda, entre ellos Perú Libre, y al del ultraconservador Renovación Popular.
Los partidos de izquierda consideran que la propuesta debe incluir un referendo sobre una convocatoria a una asamblea constituyente.
En cambio, la presidenta Dina Boluarte y el partido populista de derecha Fuerza Popular (FP, fujimorista y el más numeroso en el parlamento, pero sin mayoría propia) abogan por anticipar las elecciones para este año y no para abril de 2024, como votó el Congreso en diciembre.
Mientras las protestas continúan en ciudades del sur del país, la Policía Nacional del Perú (PNP) copó el martes el centro de Lima para evitar que miles de manifestantes llegaran al edificio legislativo.
También fueron cerrados los ingresos al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en El Callao, para evitar que las protestas interrumpieran los vuelos.
La Defensoría del Pueblo reportó “manifestaciones violentas” en Andahuaylas, en el departamento sureño Apurímac, que dejaron al menos una persona herida, y dos detenidos.
A la vez, informa la agencia AFP, decenas de campesinos aymaras marcharon en Juliaca, en la región también sureña de Puno (a 1.270 kilómetros al sudeste de Lima), exigiendo la renuncia de la presidenta.
Al grito de “el pueblo unido jamás será vencido”, los comuneros, con trajes típicos, se movilizaron por las calles de Juliaca, donde el 9 de este mes murieron 18 personas por balas del ejército.
La Defensoría reportó, además, que al mediodía del martes se mantenían 74 cortes de rutas en diversos puntos del país, siete cortes más que el lunes cuando la PNP y el ejército liberaron el tránsito en tramos de la clave ruta Panamericana Sur.
