Por el buen camino

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en una presentación sobre la situación y perspectivas macroeconómicas de Uruguay, el martes 15, demostró con números una gestión idónea que fue excepcional por el mérito de respetar un principio de perogrullo de una política económica exitosa como es la importancia de la baja del gasto público. En nuestro caso, además, atendiendo las urgencias sociales más apremiantes provocadas por el covid-19. 

Excepcional en comparación al promedio de los países de la región -ni que hablar respecto a Argentina y Brasil-, pero también en relación a nuestra propia casa. Los malos resultados fiscales de gobiernos del Frente Amplio (FA), por ejemplo, que desaprovecharon una larga década dorada de los bienes primarios -en precios y en volumen físico- para enderezar el gasto público.  

El récord de las exportaciones de 2021 (11.550 millones de dólares) es también una consecuencia de un comportamiento excepcional del comercio. Pero, esta vez, en paralelo, el gobierno dispuso de medidas de ordenamiento del gasto público. 

Es decir, que la buena suerte por el auge agroexportador fue acompañado de políticas públicas acertadas para mejorar la performance macroeconómica del país. 

Y ello se reflejó, según datos proporcionados por la ministra Arbeleche, en la presentación de proyectos de inversión equivalente a 4.500 millones de dólares.

Hay un pertinente debate planteado sobre si hubo que volcar o no más recursos fiscales en los momentos más apremiantes de la pandemia. 
Pero lo cierto, es que el resultado fiscal, que se refleja en la calidad de la deuda soberana, coloca a Uruguay en una situación inmejorable para el futuro inmediato de la pospandemia o de un covid-19 en estado endémico.

Es compartible el punto de vista de Arbeleche de que “la política económica responsable” es lo que “permite atender las necesidades sociales, económicas y sanitarias a la vez de generar oportunidades de futuro”.

En ese sentido, es prioritario continuar bajando un déficit público que sigue siendo alto (4,1% anual), aprovechando un escenario de crecimiento de la economía (4,5% en 2021, según estimaciones oficiales y cerca de 50.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado) y las buenas perspectivas de la actividad para este año. 

Y es fundamental emprender más acciones tendente a la baja de la inflación de casi 8% anual, por fuera del rango meta de 3% a 7%, y que golpea el poder adquisitivo de la población, desalienta el ahorro y las inversiones y perjudica a la ya pobre competitividad del país.

Una competitividad, clave de una estrategia de desarrollo atada al comercio, que exige reformas estructurales ambiciosas, la construcción de un Estado al servicio de la creación de riqueza que siempre supone una mochila más liviana sobre los hombros de la actividad empresarial. En ese sentido, hay varias medidas fiscales para bajar la carga impositiva como eliminar la tasa consular o permitir el ajuste por inflación en el cálculo del IRAE.

Claro está, que el mantenimiento o no de la LUC será determinante para la senda reformista.