A partir de la la entrada en vigencia de la Ley N° 19.580 de violencia basada en género del año 2017, los fiscales a cargo de las investigaciones de delitos sexuales pueden solicitar, junto a la imputación, la suspensión de la patria potestad de los enjuiciados, una disposición aplicada como una de las medidas cautelares para los involucrados en el marco de la Operación Océano.
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