La posibilidad de jubilarse a los 60 años en Uruguay genera un problema de autofinanciamiento en el Banco de Previsión Social (BPS): quien se retira a esa edad percibirá, en promedio, una prestación de casi el doble de lo aportado, según datos de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que estudia una reforma del sistema jubilatorio.
La ficha técnica 8 de esta comisión –que analiza el equilibrio individual del sistema de reparto administrado por el instituto de seguridad social– concluye que el sistema de reparto contributivo administrado por el BPS "no logra autofinanciarse a partir de las tasas de aportes vigentes".
La diferencia existente entre las prestaciones autofinanciadas y las reales se financia, en la práctica, a través de impuestos y de la asistencia del Estado, dice el texto.
Sin embargo, no existe un "único equilibrio individual" porque los parámetros cambian en función de la trayectoria laboral, de los salarios, del sexo, de la existencia de bonificaciones, de la aplicación de mínimos jubilatorios y de la caja que se considere.
Este equilibrio también varía según la generación, lo que se asocia a los cambios en los índices de mortalidad. Aun si se partiese de un sistema en equilibrio, el equilibrio de la caja en las futuras generaciones no está garantizado.
Esto ocurre porque la población de mayor edad crecerá de forma tendencial en las próximas décadas, tanto en número como en porcentaje en relación a los demás grupos de edades, según se concluye en el diagnóstico del sistema previsional elaborado por la CESS.
Un hombre que se retira a los 60 años, recibiría $ 1,69 por cada peso que aportó; una mujer percibiría $ 2,13. ¿Por qué la relación para las mujeres es mayor? El sexo femenino tiene una mayor esperanza de vida: los hombres jubilados por el BPS pueden estar en promedio 21 años cobrando pasividades y las mujeres casi 27, una cifra que aumenta en las poblaciones de mayores ingresos.
Si se incluye en el análisis realizado por los técnicos a las pensiones por sobrevivencia, la brecha entre sexos sería menor debido a que las mujeres presentan una probabilidad de generar pensión más baja.
La relación prestación-aporte disminuye a medida que se posterga la edad de retiro, lo que está asociado a que las mejores tasas de reemplazo –generadas por la postergación de la jubilación– no compensan el mayor tiempo de cotización y el menor cobro de la prestación.
Si bien hay diferencias según la edad de retiro y el sexo, en todos los casos la persona recibiría un nivel de prestaciones que está por encima de lo que aportó. Si se consideran las jubilaciones por causal de invalidez y la pensión por sobrevivencia, el resultado de la relación será mayor.
Así, un jubilado que se retira a los 60 años cobraría casi el doble de lo que aportó; si se retira a los 70, un 60%.
Para financiar el sistema jubilatorio, concluye el análisis, es necesario aportes adicionales a los realizados por los cotizantes. En la práctica, el sistema recurre a la financiación mediante impuestos y asistencia financiera por parte del Estado. La tasa de aporte patronal es del 7,5% y para financiar las actuales condiciones jubilatorias de alguien que se retira a los 60 años se necesitaría que fuera del 21,92%.
"Esto también cuestiona la definición del sistema como contributivo, ya que si bien el acceso a las prestaciones está condicionado a una contribución, para financiar las prestaciones vigentes se requiere un aporte importante de la sociedad en su conjunto", dice el texto.
Un afiliado que se retira a los 60 años con una densidad de cotización del 75% –es decir, que desde que se inició en la actividad hasta el momento de retiró aportó un 75% del tiempo– podría, con las tasas de aportes actuales, recibir una tasa de reemplazo (el porcentaje de la jubilación con respecto a los ingresos previos) del 23%. Sin embargo, con el sistema actual recibe un 45%.
Es decir, la tasa a los 60 años de edad es el doble del equilibrio a la misma edad.
Estos datos los analizó la CESS, que aprobó el diagnóstico por mayoría y ahora ingresó en la segunda etapa de la reforma previsional. Durante 90 días, los 15 expertos deberán discutir las recomendaciones para los cambios del sistema jubilatoria. La ley de urgente consideración –que creó la comisión– da la posibilidad de una prórroga en caso de que sea necesario.
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