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Jeanine Añez, expresidenta de Bolivia

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¿Justicia o venganza?: los cuatro nuevos procesos del gobierno de Bolivia contra la expresidenta Jeanine Añez

La expresidenta boliviana Jeanine Añez fue acusada de delitos de sedición, conspiración y terrorismo

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15 de marzo de 2021 a las 14:45

Un día después de que una juez decretara prisión preventiva para la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, el gobierno de la nación sudamericana anunció cuatro nuevos juicios en su contra.

El anuncio fue realizado este lunes por el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, quien aclaró que se trata de proposiciones acusatorias distintas al caso "golpe de Estado" por el que Áñez fue apresada el viernes pasado.

De acuerdo a la Agencia Boliviana de Información (medio estatal), los cuatro procesos que se pretende abrir se enmarcarán en la figura legal de juicio de responsabilidades dado que están relacionados con acciones realizadas por la expresidenta y sus exministros durante su paso por el gobierno.

Áñez ejerció la primera magistratura del país desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020, cuando asumió el mandato Luis Arce Catacora, exministro y líder del partido de Evo Morales.

La expresidenta ha sido acusada los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en un proceso que se lleva a cabo en tribunales ordinarios.

Morales renunció a la presidencia en noviembre de 2019, dos días antes de que Áñez asumiera el poder, tras semanas de protestas callejeras, un amotinamiento policial y el pedido de dimisión por parte de la cúpula militar.

Los seguidores de Morales calificaron a lo sucedido como un "golpe de Estado".

Los nuevos juicios

Los juicios de responsabilidades que pretende abrir el gobierno de Bolivia contra Áñez están relacionados con el endeudamiento internacional asumido por su administración y por presuntos delitos de conducta antieconómica y uso indebido de influencias en una licitación pública.

Los otros dos procesos promovidos por el ministerio de Justicia tienen que ver con el caso de los residentes bolivianos en Chile que no fueron autorizados a volver a su país durante semanas y un decreto supremo emitido por Áñez en los primeros días de la pandemia que es señalado por haber restringido la libertad de expresión.

Las cuatro proposiciones de juicio de responsabilidades fueron entregadas por el gobierno a la Fiscalía General del Estado.

Áñez saluda
Reuters
El momento en el que Áñez es trasladada a prisión.

El ministerio de Justicia anticipó que "en las siguientes semanas" se presentará otra acción legal contra la exmandataria, sus colaboradores, militares y policías por las "masacres sangrientas" ocurridas a finales de 2019, en referencia a las más de 30 muertes en las poblaciones rurales de Senkata y Sacaba.

Áñez dijo que los procesos anunciados en su contra son persecución política y calificó de "dictatorial" al gobierno de Luis Arce Catacora.

Por su parte, Carolina Ribera, hija de la expresidenta, indicó que los juicios en contra de su madre son parte de una venganza ordenada por Evo Morales.

Además de la exmandataria, los exministros de Justicia Álvaro Coímbra y de Energía Rodrigo Guzmán también fueron enviados a prisión de manera preventiva.

Antecedentes

Morales participó de las elecciones de octubre de 2019 con el objetivo de lograr un cuarto mandato presidencial consecutivo.

Aquella decisión fue cuestionada desde el principio por sus detractores, quienes señalaban que estaba impedido por la Constitución y un referéndum de 2016 en el que la mayoría del electorado se opuso a esa posibilidad.

Pese a ello, el exmandatario logró su objetivo de ser habilitado para aquellos comicios en los que iba como favorito, pero sin una victoria en primera vuelta asegurada.

Después de la votación, en la que Morales se proclamó ganador, una serie de denuncias sobre irregularidades en la jornada electoral desataron protestas que se extendieron durante tres semanas.

El entonces presidente reaccionó pidiendo a sus seguidores que defendieran su victoria electoral en las calles, ocasionando que ambos bandos paralizaran varias de las principales ciudades del país.

La tensión llegó a tal punto que la policía optó por amotinarse y el alto mando de las fuerzas armadas sugirió a Morales dar un paso al costado.

La Central Obrera Boliviana, que aglutina a los sindicatos urbanos del país, también pidió la dimisión presidencial.

El 10 de noviembre, horas después de que se conociera un informe preliminar en el que la OEA consideraba que los resultados de la elección no eran fiables, Morales renunció a su cargo y dos días después Áñez asumió el mando.

Evo estuvo asilado en México y Argentina antes de volver a Bolivia a finales de 2020, tras la asunción presidencial de Arce Catacora.


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