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Proponen retirar fiscales de juzgados de familia especializados para reforzar persecución penal

El fiscal de Corte Jorge Díaz señaló que esa sería la única forma de dar cumplimiento a la ley de género si no se asignan los $300 millones que solicitó la Fiscalía

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07 de agosto de 2018 a las 05:00

Para poder cumplir con la puesta en marcha de la Ley de Violencia contra las mujeres basada en género la Fiscalía General de la Nación propuso modificar el rol de los fiscales de violencia doméstica para quitarlos de los llamados procesos preventivos (como la disposición de medidas de alejamiento) para que se enfoquen exclusivamente en los penales.

Así lo expuso el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, en la comisión de Presupuesto de Diputados que se celebró el pasado viernes ante la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo le asigne los $ 300 millones que el Ministerio Público había reclamado para cumplir "mínimamente" con la ley aprobada en diciembre.

Actualmente, los casos de violencia de género son llevados por dos juzgados: los de Familia Especializada, que son los que disponen medidas de alejamiento de forma inmediata a la denuncia y además pueden imponer que el agresor abandone el hogar que comparte con la agredida, y los Juzgados Penales, que son los encargados de juzgar delitos y, eventualmente, disponer si el agresor debe ser enviado a prisión.

En Montevideo hay seis fiscales especializados en violencia doméstica dedicados exclusivamente a las medidas preventivas, y dos a las penales (quienes también tienen competencia en delitos sexuales).

La ley de violencia de género aprobada en diciembre propone, entre otros puntos, la creación de juzgados especializados en violencia doméstica, los cuales concentrarían tanto la materia penal como la de protección. Este punto es el más costoso de la normativa: el Poder Judicial reclamó más de $ 900 millones, mientras que la Fiscalía $ 300 millones.

Estos requerimientos sumados superan ampliamente los $ 80 millones que el Parlamento logró redistribuir para la aplicación de esta ley. Sin embargo, esos $ 80 millones no son para aplicar la reforma procesal que es la que se discute en su caso, sino para comprar tobilleras y disponer soluciones habitacionales para víctimas de violencia doméstica.

Durante su presentación ante la comisión, Díaz dijo que esta "no es una ley que se pueda implementar con algún fondo o con un poco de fondos; requiere fondos".

Según había dicho Eduardo Cavalli, uno de los seis ministros del Tribunal de Apelaciones de Familia, en entrevista con El Observador, cada juzgado recibe entre 70 y 80 denuncias de violencia doméstica por día, de las cuales entre 10 y 15 son llevadas a los juzgados. Las restantes nunca se judicializan, en parte porque la policía no encontró riesgo para la mujer agredida.

Con la ley de violencia de género, cada una de esas denuncias debería pasar por un juzgado al menos dos veces. "Si nosotros pretendemos que se realicen audiencias ante cada denuncia que se hace en el país por violencia de género en setenta y dos horas y que en un plazo máximo de treinta o sesenta días se realice una audiencia evaluatoria (...) y partimos de la base de que el año pasado hubo 40 mil denuncias vinculadas a casos de violencia de género, estaríamos hablando de ochenta mil audiencias por año", explicó Díaz en la comisión que se reunió este viernes.

Díaz concluyó que si no se asignan los $ 300 millones solicitados, y si tampoco se lleva adelante esta modificación, entonces no se podrá cumplir con la ley de violencia de género y será apenas "un avance de papel".

El fiscal de Corte dijo además que las modificaciones propuestas permitirían reforzar la persecución penal de la violencia doméstica, ya que actualmente en Montevideo hay dos Fiscalías especializadas en este tipo de delitos que están "sobrecargadas de trabajo".

Por esa razón "sería una buena utilización de los recursos materiales y humanos" destinar las seis Fiscalías que actualmente se ocupan de los procesos preventivos para que persigan los delitos sexuales y de violencia doméstica, que según apuntó, han tenido un aumento "explosivo" desde la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, el pasado 1° de noviembre.

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