Recortes y reestructuras, la compleja realidad de la industria química

El primer gran golpe fue en febrero cuando la internacional Colgate-Palmolive anunció que cesaría su producción de productos de limpieza en su planta de Montevideo, ubicada en Punta Rieles.

La empresa informó que su decisión correspondió a un “contexto de optimización de cadenas de operación” para centralizar sus actividades de fabricación en Queretaro en México. En este contexto, fueron 59 los puestos de trabajo que se redujeron en la empresa.

Según comentó a El Observador el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) y trabajador de la empresa, Edgardo Mederos, los costos de producir una tonelada -mano de obra y mantenimiento- en Uruguay rondan los US$ 178, mientras que hacerlo en México insume US$ 22. 

A esta situación, en abril, se sumó la empresa de la industria química Isusa que anunció el comienzo de un proceso de reestructura de sus operaciones con un recorte en su plantilla de 170  trabajadores.

Isusa argumentó que la problemática coyuntura respondía a “un aumento de los costos de operación frente a la evolución del tipo de cambio real y la caída de los precios internacionales, así como la asimetría de costos y condiciones laborales que el gobierno no ha podido resolver entre la empresa y los importadores”.

Movilización del gremio y preocupación empresarial 

Este miércoles el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) se movilizó en protesta por la fusión entre las empresas AGA-Linde y Praxair, lo que implicará una nueva reestructura interna de una firma del sector químico.

Además, desde el sindicato advirtieron que el cierre de ciertas unidades productivas y el envío a seguro de paro de 11 trabajadores puede acarrear problemas con el abastecimiento de oxigeno medicinal y otros gases a algunas mutualistas y al sistema de salud nacional.

Sobre este punto, se informó que la potencial situación que puede afectar a los servicios de salud fue informada a mediados de mayo al presidente de la República, Tabaré Vázquez, tanto como al prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, entre otras autoridades del gobierno.

Por su parte, desde ASIQUR se confirmó a El Observador que efectivamente en el seno de la gremial “existe preocupación por diferentes situaciones acontecidas en empresas de la industria química desde comienzos de 2019”.

El gerente de la gremial empresarial, Nicolás Cavalleri, dijo que para el sector el principal problema que se está teniendo es la “pérdida de competitividad, motivada principalmente por los altos costos de producción y la competencia desleal con los productos importados”.

Cavalleri sostuvo que el atraso cambiario, junto a los combustibles, la energía y los ajustes salariales han provocado esta complicada coyuntura para el sector.  

Según entiende la industria, desde el año pasado el decreto 157/2018 - que implica un mayor control para los productos importados - se ha prorrogado dos veces, para que recién se ponga en vigencia a partir del próximo 1° de diciembre.

El decreto señala que se requerirá que el importador acredite que cuenta con las autorizaciones y habilitaciones legales que se exigen a las empresas nacionales que fabrican, acopian, depositan, distribuyen y realizan operaciones de comercialización de dichos productos, cualquiera sea el volumen que se pretenda ingresar al país. Dicha licencia deberá ser otorgada por la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

“En el caso de los fertilizantes por ejemplo, las industrias nacionales deben competir con multinacionales que tienen poca o nula inversión en el país, y que laudan bajo distintos grupos de Consejo de Salarios, lo que implica tener costos sensiblemente menores a los de la industria química”, explicó Cavalleri.

En tanto, desde la STIQ se aseguró que desde 2014 los trabajadores del sector vienen “muy fuertemente golpeados”, con el cierre de Merial en 2016 y de Sherwin Williams en 2017, totalizando según números del sindicato, la pérdida de 300 puestos de trabajo en cinco años.

Además, según pudo saber El Observador, el pasado 29 de mayo se planteó por parte de Pinturas Inca el despido de 25 trabajadores, que finalmente fue negociado y se pudo revertir.

Desde el sindicato comparten la posición de la industria, en el sentido de empresas que han venido al mercado, pero que sin tener un proceso productivo en Uruguay importan productos con condiciones operativas más económicas.

El acuerdo alcanzado por Isusa

Después de más de un mes de negociación con el sindicato, parte de los anuncios hechos por Isusa se concretaron, a través de un acuerdo firmado el viernes 31 de mayo entre los trabajadores y la firma, con una reducción salarial del 16% hasta al menos abril de 2020, 110 trabajadores que pasaron a seguro de paro con un sistema rotativo y 60 a retiro voluntario, la mayoría de estos últimos mandos medios.

En principio, como parte del plan de reestructura desde Isusa se había llegado a plantear una rebaja de hasta un 70%, con la fundamentación de que existe una “competencia desleal que sufre desde hace varios años ante la llegada de productos químicos importados”.

La firma uruguaya cuenta con seis plantas industriales en el país y tiene su sede central en Ciudad del Plata (San José). Se mantendrán algo más de 300 funcionarios en actividad.

Aspiroz destacó a  que los trabajadores pudieron mantener varios de los beneficios propios de la empresa, como por ejemplo el importe que se cobra en tickets, aunque se resignó durante el próximo año el cobro de un aguinaldo entero en diciembre y de uno extraordinario en febrero (un premio equivalente a la mitad de un salario).