Reformar la seguridad social: un dilema casi imposible

No es una reforma sencilla de implementar porque implica aumentar la edad de retiro, amén de otras peculiaridades que tiene cada país y que requieren soluciones individuales. Pero el aumento de la edad de retiro está en el centro de la madeja. Y obviamente no es algo popular.

Lo está experimentando en nuestro país el presidente Lacalle y la coalición de gobierno, que tenían ese tema en su  programa electoral aunque aún no es prioritario.

El presidente podría darse el lujo de patear el problema a la próxima administración como hizo la administración del Dr. Tabaré Vázquez, pese a reconocer que era imperativo una reforma de la seguridad social con aumento de la edad de jubilación. De hecho, la reforma que está proponiendo el oficialismo recién se comenzará a aplicar en el año 2032. O sea, podría votar este año o dejarse para más adelante.

Esa duda sobrevoló dentro de la propia coalición de gobierno y dentro del Partido Nacional. Ante la férrea oposición del FA en las tareas de las comisiones de expertos y sobre todo de las organizaciones sociales que van a recurrir a todos los recursos legales y constitucionales para derogarla en caso de que finalmente se apruebe, varios legisladores de peso sugirieron dejar el tema al próximo gobierno. Aún hoy Cabildo Abierto plantea sus dudas sobre si es necesario ir tan rápido. Lo dijo esta semana Guido Manini Ríos a Búsqueda, previendo una movilización para voltear la ley mediante una reforma constitucional que, si obtiene las firmas necesarias, se  plebiscitaría junto a las elecciones nacionales de 2024.

Pero el presidente Lacalle quiere no solo aprobar esta ley en su período sino hacerlo antes de que comience la Semana Santa y con ella la Vuelta Ciclista del Uruguay. Lacalle quiere que la reforma esté aprobada “antes de que parta el último ciclista” Se verá si los cabildantes están de acuerdo con votar la ley en plazo tan exiguo. Y máxime cuando la opinión pública, aún con muchos indecisos, no está a favor de la reforma. 

Más difícil la tiene el presidente francés Emmanuel Macron. Su proyecto de reformar la seguridad social. llevando la edad de jubilación de 62 a 64 años y aumentando los años de cotización de 42 a 43, fue aprobado en el Senado pero no tiene los votos en la asamblea Nacional (Diputados) ni siquiera todos los de su partido. Por eso Macron, empeñado a llevar adelante la reforma, que es más urgente que la uruguaya (el aumento de la edad de jubilación se aplicará en 2030 y el de cotización en 2027) decidió recurrir a un mecanismo que prevé el artículo 49.3 de la Constitución, una herramienta legal muy polémica en Francia. 

Ese mecanismo, que fue muy usado por el primer ministro socialista Michel Rocard entre 1988 y 1991, permite esquivar el voto negativo o la falta de apoyo de la Asamblea Nacional. De cualquier manera, se arriesga a una moción de censura que ya han prometido desde la izquierda y la derecha, que puede terminar en la disolución del parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas. Para Macron, que tiene una exigua mayoría que incluso a veces le abandona, es un riesgo grande. No hay que olvidar que dos de cada tres franceses se oponen a la reforma, según las encuestas.

Estos ejemplos llevan a una pregunta casi existencial o a un dilema. Ante la impopularidad de una reforma de esta naturaleza (elevar la edad jubilatoria) y su verdadera necesidad para evitar un colapso del sistema jubilatorio ¿que conviene hacer? Quedarse quieto y dejar pasar el tiempo para que la bomba le explote a otro? ¿o asumir los costos políticos de llevar a cabo la reforma cueste lo que cuesta? 

En Uruguay, se siguió un camino correcto. Escuchar a todas las partes. A todos los partidos políticos y a todas las organizaciones sociales con interés, presunto o real, en el tema. Y también se convocaron a todos los expertos de todas las vertientes. Se trató de elaborar un documento de consenso pero no hubo forma de conseguirlo. ¿por qué? Porque la oposición, en lugar de centrarse en resolver el problema financiero del sistema de seguridad social, quiso que ese sistema solucionara el tema de distribución del ingreso, de la educación y de los cuidados infantiles.

Imposible llegar a un acuerdo mínimo. Ni ahora ni nunca. Cuando a duras penas se lograba que se aceptara el aumento de la edad de retiro, se exigía un aumento de la carga impositiva sobre personas y empresas para sufragar estos y otros gastos. 

Quizá la izquierda, con la expectativa de llegar al poder en las próximas elecciones, tenga algún conejo en la galera para solucionar el problema. Pero la idea de aumentar la edad de retiro ya la había anunciado como necesaria el contador Danilo Astori en 2018. Ahora señala que el aumento al barrer no es justo. Pero ¿qué es “al barrer”? Toca, por cierto, a una quienes se jubilan a partir de determinada fecha pero bien gradual que se ha hecho, aplicándose recién a los que se jubilen a partir de 2032. Más gradual y anunciada imposible.

En todo caso, si esta reforma se aprueba, habrá que ver si se plantea una reforma constitucional para derogarla e incluso incluir en la Constitución una norma que prohíba el aumento de la edad jubilatoria. La demagogia en temas jubilatorios no tienen límites pero los costos habrá que pagarlos igual. 

En Francia, seguro que los costos se pagaran más pronto con una disolución del parlamento y una erosión de la autoridad de Macron.

En cualquier caso, la reforma de la seguridad social plantea enormes dilemas políticos y muestra quienes son aquellos dirigentes que piensan en la próxima elección y aquellos que piensan en la próxima generación. 

Más pronto que tarde, tanto en Uruguay como en Francia tendremos respuestas claras a estos desafíos y a este dilema. 

Tal vez se pueda preguntar a los alemanes cómo hicieron para tener una edad de jubilación actual de 65 años y de intentar llevarla a 67 sin mayores problemas.