Regla fiscal: necesario compromiso multipartidario

En efecto, ya en las crisis del Siglo XIX, las relaciones entre el Gobierno y algunos Bancos (Banco Mauá, Banco Nacional de Emilio Reus) precipitaron su quiebra y arrastraron a crisis financieras al país.

En el Siglo XX, los ejemplos más recientes son la crisis de 1982 y 2002. En la de 1982, el sistema de tipo de cambio fijo, con devaluaciones preanunciadas no resistió un gasto público creciendo a tasas por encima del 19% en términos reales. En 2002, la crisis financiera proveniente de Argentina encontró en el desbalance fiscal un campo propicio para su propagación, puesto que el Gobierno no tenía suficientes recursos genuinos con los cuales enfrentarla.

En el Siglo XX, los ejemplos más recientes son la crisis de 1982 y 2002. En la de 1982, el sistema de tipo de cambio fijo, con devaluaciones preanunciadas no resistió un gasto público creciendo a tasas por encima del 19% en términos reales.

De acuerdo a los autores Koptis y Symansky (1998), una regla fiscal es una restricción permanente de la política fiscal expresada en términos de un indicador, como el déficit público, el nivel de gasto, el volumen de deuda, o una combinación de éstos.
Desde los años noventa, comenzó a ganar espacio la utilización de estas reglas frente al manejo discrecional de la política fiscal, especialmente para reducir la volatilidad en variables macroeconómicas, tanto a nivel de países, como de bloques económicos regionales.
A lo largo de las últimas décadas, la idea de la pertinencia de la aplicación de una regla fiscal también cobró creciente importancia en nuestro país.

La Academia Nacional de Economía ha ido recogiendo el pensamiento de varios profesionales nacionales en esta materia.
Así por ejemplo, en el Premio Academia Nacional de Economía 2009, cuyo tema era el análisis de la crisis internacional del 2008, uno de los trabajos premiados cuyas autoras fueron: María Xosé Sanmartín y María Florencia Queiro, destacaba que era “fundamental” la implementación progresiva de una ley de responsabilidad fiscal que permitiera aumentar el gasto público en función del “crecimiento potencial y no el actual”.

La Academia Nacional de Economía ha ido recogiendo el pensamiento de varios profesionales nacionales en esta materia.

 A su vez, el Ciclo 2012 titulado: “Finanzas Públicas Ortodoxas: ¿un concepto pasado de moda?” contó con una presentación de la economista Ana Laura Fernández, donde destacó las ventajas de la aplicación de una política fiscal contracíclica y no procíclica, al tiempo que cuantificó cuánto ahorro público se hubiera generado si se hubiera aplicado la regla fiscal propuesta por Danilo Astori en el año 2005.

Para el quinquenio siguiente, este ahorro se estimaba entre US$ 2.000 y US$ 3.000 millones, según los diferentes supuestos que se utilizaran. 

Lamentablemente el Parlamento no aprobó esta propuesta. Por el contrario, el tope de deuda que tiene que regular el Parlamento, es sistemáticamente aumentado conforme se incrementan las necesidades fiscales, por lo que no puede ser considerado una regla fiscal.  

Una economía vulnerable como la uruguaya, requiere claramente la necesidad de ahorrar en períodos de crecimiento de la actividad económica, caracterizados por importantes exportaciones de productos básicos y grandes flujos de ingreso de capitales.

Durante estos períodos, los ingresos fiscales aumentan producto de una mayor recaudación tributaria apoyada por el aumento de la actividad y es en esos momentos cuando se debe ahorrar de forma de generar una mayor solvencia y seguridad en materia fiscal para cuando la situación económica se revierta.

En Uruguay, tal como se comentó, en el año 2005, el entonces ministro de economía, propuso en el proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal, una regla fiscal basada en el gasto público, acotando su crecimiento a un máximo de 3% anual. A su vez, en distintos momentos, los candidatos de los Partidos Colorado, Independiente y Nacional, se han mostrado favorables a la implantación de una regla de este tipo. 
El tiempo político para aprobar una cláusula así en esta Rendición de Cuentas, ya se agotó, aunque se debería reducir el gasto en lo que resta de este período de Gobierno de manera de no agravar el panorama de la calificación de riesgo, que ya tiene perspectiva negativa por parte de Fitch. 

En Uruguay, tal como se comentó, en el año 2005, el entonces Ministro de Economía, propuso en el proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal, una regla fiscal basada en el gasto público, acotando su crecimiento a un máximo de 3% anual.

A partir de 2019, la Academia Nacional de Economía entiende que será necesario lograr  un compromiso multipartidario, para que en la próxima Ley de Presupuesto quinquenal se  incluya una regla fiscal  como saludable práctica en las finanzas públicas, con consecuencias positivas en la estabilidad y el crecimiento económico del país.