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Reglas claras, sin apuro

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19 de diciembre de 2019 a las 05:02

La intención de aprobar un nuevo proyecto de ley sobre la financiación de los partidos políticos en Uruguay es esencial para custodiar la democracia y mantener a raya las tentaciones inescrupulosas inherentes a la condición humana.

Durante las campañas electorales se mueven montañas de dólares para pagar minutos y centímetros de publicidad, asesores, consultores, equipos digitales, nafta, cartelería, listas, alquileres de locales, balconeras, activaciones de actos, camarógrafos y cientos de etcéteras. Los partidos tienen sus recaudadores y la población –empresarios y gente común– tiene todo el derecho de colaborar monetariamente con los candidatos de su agrado. El mecanismo debe ser transparente y estar regulado por normas que cuiden y eviten los desbordes o la utilización de la campaña para fines que nada tienen que ver con la buena política.

Sin embargo, en la actual magistratura resultó imposible acordar entre los partidos políticos un proyecto de ley que reglamentara un tema clave como lo es la financiación de los partidos políticos. En 2017 un proyecto de ley fue aprobado en el Senado, pero se trancó en la Cámara de diputados ante la negativa del legislador carolino Darío Pérez, que se retiró de sala.

El proyecto había sido entonces aprobado por todos los partidos políticos en la Cámara Alta empero no pudo ser aprobado en Diputados. Este lunes la bancada del Frente Amplio intentó el tratamiento como grave y urgente y se disponía a votarlo cuando desde el Partido Nacional se manifestaron reparos.

Allí apareció la sensatez republicana de que tanto se jacta el Uruguay y se abrió un compás de negociación que determinó la voluntad del Partido Nacional de integrar una comisión especial para aprobar un proyecto de ley sobre este tema crucial en los primeros 180 días de la próxima legislatura. Resultó clave la gestión del diputado Fernando Amado que logró hacer recapacitar al Frente Amplio que finalmente accedió a votar por unanimidad la propuesta blanca.

 “El Partido Nacional tiene la voluntad de trabajar sobre un proyecto de ley sobre este tema. Y asume el compromiso aquí en la cámara, públicamente, con todos los partidos políticos, que, si entendemos que este no es el momento ni el proyecto, de que a partir del próximo 15 de febrero, cuando se instale una nueva legislatura, se cree una comisión especial que trabaje un proyecto de ley nuevo y en un plazo no mayor a 180 días, en las medidas de las posibilidades, haya una nueva ley de financiación de los partidos políticos”, señaló el martes el diputado Gustavo Penadés.

Es bueno que la moción haya sido aprobada por la mayoría de los legisladores en sala y más bueno aún que se trate al comienzo de un período de gobierno, lejos del calor electoral donde las velocidades y las conveniencias políticas para sacar ventajas vician cualquier discusión sobre un tema fundamental para el Uruguay.

Lo sucedido en la tarde del martes es un botón de muestra de las características del nuevo mapa político en Uruguay. Es bueno que sea el Parlamento donde la negociación política encuentre su reparo y donde se negocie con pasión y convicción, pero persiguiendo siempre soluciones que mejoren la vida democrática del país, como es este caso.

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