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Rendición de Cuentas: coalición prepara reuniones con ministros por artículos en debate
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó este miércoles el trámite formal del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que se prolongará por los próximos 45 días.
La sesión tuvo el objetivo de fijar la agenda de audiencias y convocatorias, que comenzarán el próximo lunes, con la presencia de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. También sirvió para que los diputados de la coalición de gobierno tuvieran una primera aproximación oficial al texto, y así definir una serie de reuniones internas para despejar algunas dudas acerca de algunos artículos del mensaje presupuestal.
Esos encuentros, en los que está prevista la participación de representantes del Poder Ejecutivo, servirán para que el gobierno fundamente la razón por la que incluyó determinadas disposiciones en el texto y la necesidad de que sean aprobadas.
Fuentes de la coalición confirmaron a El Observador que al tope de esa lista de artículos que “generan dificultades” está el que propone redirigir fondos que recibía el Instituto Nacional de Colonización (INC) para destinarlos a la erradicación de asentamientos.
Las dudas sobre esta disposición alcanzan al Partido Nacional.
“Así como está redactado, puede llegar a comprometer a Colonización”, dijo el diputado nacionalista Álvaro Viviano. “No se puede discutir la necesidad de invertir en erradicar los asentamientos, pero tampoco descuidar el potente fin social que tiene Colonización en sectores como los pequeños productores", argumentó.
La intención, dijo, es negociar para "encontrar caminos" que permitan resolver esa “dicotomía” entre dos fines sociales. “No se trata de desarmar a Colonización, sino de contemporizar las dos realidades”, dijo.
De aprobarse, al INC le serían restados entre US$ 15.000.000 y US$ 20.000.000 anuales.
Viviano comentó que el presidente del INC, Julio Cardozo, tiene agendada una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou para plantearle “algunas ideas intermedias” que deriven en una alternativa que no afecte a su institución.
En la lista de temas a debatir también se incluye el artículo 281 del proyecto de ley, que de aprobarse deroga la preferencia por el Banco República (BROU) para captar como depósito los fondos de las empresas y organismos estatales.
El asunto generó reparos de los colorados y también de Cabildo Abierto.
El líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo este martes a El Observador que en su partido tienen una “posición distinta” a la del proyecto de ley pero evitó avanzar en detalles hasta no conocer los argumentos del gobierno. En tanto, su asesor en temas económicos, Eduardo Ache, cuestionó la disposición porque entiende que es una "medida aislada" que no va a beneficiar al consumidor. Además tanto Manini Ríos como Ache advirtieron que el Poder Ejecutivo no había comunicado la inclusión de este artículo.
El Comité Ejecutivo Nacional decidió este lunes “recabar información” sobre sus alcances. De aprobarse, estaría derogando la preferencia por el Banco República (BROU) para captar como depósito los fondos de las empresas y organismos estatales.
Las dudas fueron planteadas entre otros por el director colorado en el ente, Max Sapolinski, que en declaraciones a El Observador sostuvo que su inclinación sería rechazar ese artículo. “No me parece atinado legislar en este sentido”, sostuvo.
Viviano argumentó en una línea similar. “Queremos escuchar los fundamentos porque no se entiende la intención”, dijo.
Los socios de la coalición también debatirán el artículo que dispone que la Policía pueda acceder a los datos de ubicación y dirección de autocultivadores y clubes cannábicos por “razones de seguridad pública” y “a los fines de prevención de delitos” pero también pudiendo realizar “inspecciones y controles regulares”.
El Partido Independiente, al que pertenece el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, rechaza de plano su aprobación. Blancos y colorados comparten dudas y, en un primer análisis, se muestran partidarios de un cambio de redacción que “mantenga las garantías” y cumpla con las expectativas del Ministerio del Interior, dijeron fuentes del oficialismo.
