Retoman audiencias por caso de los vinos envenenados: van tras huellas de un comisario y declara hermano de Heber

La jueza Silvia Urioste llamó a declarar “a los hijos de la señora Cecilia Fontana que la defensa (de las víctimas) considere más oportuno”.

El abogado Javier Barrios Bove, que representa a la familia Heber, informó a El Observador que quien declarará será Fernando Heber, hermano del ministro del Interior.

El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, señaló que “se ha avanzado mucho” en el caso, pero se excusó de dar más detalles.

Cecilia Fontana de Heber murió envenenada el 5 de setiembre de 1978, tras beber un sorbo de un vino que le había llegado de regalo a su marido Mario Heber, por entonces uno de los principales dirigentes del Partido Nacional.

Se vivía en plena dictadura y la actividad política estaba prohibida.

Tres botellas idénticas de vino Riesling habían sido dejadas unos días antes en la casa de Luis Alberto Lacalle Herrera. Según las tarjetas que las acompañaban, una era para el propio Lacalle, otra para Heber y la tercera para Carlos Julio Pereira. Lacalle las repartió.

Solo Fontana bebió de esos vinos, y falleció en forma casi instantánea.

El caso nunca fue aclarado hasta ahora. La investigación que se realizó en la dictadura no llegó a nada y más bien pareció buscar asegurar la impunidad de los autores del crimen.

El caso fue reabierto en 2006, por una denuncia de Carlos Julio Pereira.

Hoy hay dos pistas importantes que sigue la justicia, según dijeron fuentes vinculadas al caso.

La Policía Técnica había encontrado en 1978 huellas del comisario Juan Ricardo Zabala en una de las botellas. Pero Zabala nunca fue acusado ni indagado en aquel momento.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que ahora se ha retomado aquella pista, dándole su verdadera importancia. Se ha analizado el recorrido hecho por las botellas desde que se denunció el caso para determinar si Zabala tuvo oportunidad de tocar las botellas después de la muerte de Fontana, o solo cabe la posibilidad de que las hubiera manipulado antes, lo que lo implicaría en el caso.

Zabala fue procesado en 2012 por el asesinato y desaparición forzada del maestro Julio Castro en 1977. El agente admitió haber apresado a Castro cuando prestaba funciones en el Servicio de Información de Defensa (SID). Su procesamiento, sin embargo, fue revocado por un Tribunal de Apelaciones en 2014 que entendió que no existían pruebas que lo vincularan con la posterior ejecución del maestro.

Caligrafía en cuestión

La otra pista sobre la que trabaja la justicia es el análisis caligráfico de las tarjetas que acompañaban a las botellas envenenadas y que decían: "El jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria en su nueva etapa. MDN".

En 2010, una pericia realizada por el director de Policía Técnica Roberto De Los Santos señaló que las tarjetas habían sido escritas por María Lemos, funcionaria policial que en la dictadura había revistado en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).

Lemos ya había sido señalada como la autora de las tarjetas por el senador frenteamplista José Germán Araújo en una comisión parlamentaria que había analizado el caso en 1985.

Sin embargo, cuando el procesamiento de Lemos parecía inminente, su defensa logró que se hiciera otra pericia caligráfica que arrojó resultados opuestos. Llevada adelante por el oficial Washington Curbelo, ese segundo análisis arrojó que Lemos no había escrito los mensajes.

A poco de asumir el cargo de ministro del Interior, Luis Alberto Heber, relevó a Curbelo del cargo de director de la Escuela Nacional de Policía.

Ahora la justicia trabaja para intentar zanjar esa contradicción en las pericias, señalaron fuentes de caso.

Además de estas pistas, siempre se sospechó de la participación en el atentado de la agrupación Azul y Blanco, formada por militantes de extrema derecha del Partido Nacional, muchos de ellos con notorias simpatías con el nazismo.