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Retoman campaña para anular el contrato con UPM y reformar Constitución

Esta iniciativa se sometería a consideración de la ciudadanía en las elecciones nacionales de 2024

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01 de junio de 2020 a las 05:00

Después de una pausa forzada por la emergencia sanitaria, un grupo de organizaciones sociales retomaron la campaña de recolección de firmas para impulsar una reforma constitucional que anule el contrato entre Uruguay y UPM firmado en 2017 para la construcción de la segunda planta de la pastera finlandesa. Esta iniciativa se sometería a consideración de la ciudadanía en las elecciones nacionales de 2024.

La reforma constitucional propuesta está estructurada a partir de tres puntos, indicó a El Observador Hoenir Sarthou, uno de los referentes de la autodesignada "comisión pro reforma Uruguay soberano", que se consolidó meses atrás para poner en marcha la campaña.

El primer punto propone anular el contrato acordado con la empresa finlandesa, así como los documentos modificatorios o complementarios firmados después, sin derecho a indemnización por lucro cesante. 

El segundo punto propone reformar el artículo 85 de la Constitución para atribuirle a la Asamblea General la potestad de aprobar cualquier contrato o acto administrativo que obligue al país con empresas extranjeras o con firmas privadas nacionales. Este tipo de acuerdos deberán ser ratificados por tres quintos del total de componentes de cada cámara, es decir, el Senado y Diputados. 

Las leyes que autoricen esta clase de actos o contratos solo podrán contener la autorización y, cualquiera sea la materia del acto o contrato autorizado, serán impugnables mediante el recurso de referéndum. Por último, la reforma propone reducir de 25% a 10% el mínimo de ciudadanos inscritos que puedan interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes.

Sarthou señaló que estas medidas "están profundamente ligadas", por lo que presentarlas de forma aislada "carecería de sentido". De momento el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y el Partido Verde Animalista acompañan la propuesta, pero los organizadores no han buscado respaldo de los partidos políticos. 

A lo largo y ancho del país hay referentes de la comisión que están organizando la recolección de firmas, que se enlenteció desde que el 13 de marzo se declaró la emergencia sanitaria. El excandidato presidencial del Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, dijo que entre otras cosas acompaña la causa porque, al no rescindir el contrato con UPM, el gobierno de Luis Lacalle Pou "se rindió ante la multinacional". 

El abogado constitucionalista Martín Risso indicó a El Observador que la anulación del contrato por esta vía es constitucional, pero advirtió por la "pérdida millonaria" que podría significar para Uruguay al haber asumido el compromiso contractual con UPM en 2017. Si la recolección de firmas prospera, la reforma constitucional recién se sometería a votación en las elecciones de 2024.

Este aspecto llevó a que algunas organizaciones que inicialmente adherían a la causa, como el movimiento Un Solo Uruguay, resolvieran analizarlo con más profundidad. El dirigente Marcelo Nougué explicó que se reunirían con Sarthou el 20 de marzo en Soriano, para conocer cabalmente la propuesta, pero el plan se truncó por la llegada del coronavirus a Uruguay.

Ahora, los integrantes de esta organización deberán resolver si apoyan la recolección de firmas, como lo hicieron para la campaña que proponía derogar la Ley de Inclusión Financiera. En este caso, temen que no sea posible revocar el contrato con UPM y no tienen claro cómo la propuesta podría afectar los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en el futuro. 

La relación entre UPM y el gobierno de Lacalle Pou también está en la mira por la intención de los diputados de Cabildo Abierto de llamar a sala a cuatro ministros de esta administración para que expliquen los detalles del contrato. Los ministros en cuestión son Luis Alberto Heber (Transporte y Obras Públicas), Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas), Omar Paganini (Industria, Energía y Minería) e Irene Moreira (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente). 

La bancada de diputados del Partido Nacional ya anunció que va a votar a favor del llamado a sala, para lo que se necesitan los votos de 33 diputados. A su vez, algunos legisladores del Frente Amplio se mostraron a favor de la propuesta, aunque sus votos no serían necesarios porque entre los blancos y los cabildantes suman 42 diputados. 

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