Secretaría Antilavado retoma inspecciones a inmobiliarias, escribanos y constructoras de Punta del Este

La Secretaría Antilavado retomará las inspecciones realizadas a inmobiliarias, escribanos y constructoras de obras en Punta del Este, pero también controlarán la compra venta de campos, todos sectores de riesgo para el lavado de activos. "La idea es ir sobre mayores riesgos. Pedir documentación, ver las diligencias que cumplieron, si existen sociedades panameñas y si tienen que tener claro de donde provienen los fondos", dijo en entrevista con El Observador el jerarca de la oficina, Daniel Espinosa.

 

Además, se encargó de defender la nueva ley de lavado, vigente desde diciembre y duramente criticada por la academia. Sin embargo, Espinosa aseguró que sin esta ley casos como el de Balcedo, o los cambistas brasileños vinculados al Lava Jato se escaparían, como pasaba antes.

 

 

Quiero defender la ley no solo por la necesidad de tener una ley con estas disposiciones sino por todo el proceso de la Secretaría Antilavado, con el liderazgo de Carlos Díaz (el anterior secretario antilavado fallecido) creó un comité de trabajo con más de 60 personas, profesionales, parlamentarios, abogados, representantes de la Fiscalía y del Poder Judicial, BCU... Por eso estas críticas son bastante injustas. La postura de Gonzalo Fernández resume una posición de la academia que viene desde hace 20 años. Es una discusión teórica que ya está superada en el mundo. El fiscal de Corte Jorge Díaz ha sido muy enfático en defender el lavado como delito autónomo, porque permite su enjuiciamiento y el decomiso de los bienes de los criminales, para ser más efectivos en el combate a las mafias.

 

Hay que tener a la defraudación como delito precedente.

 

Sobre el tema decomiso de bienes, Raúl Cervini –otro experto en lavado- ha dicho que se mejoró lo que había pero que la solución no es buena.

 

Es otro abogado que tiene su opinión pero hubo un grupo fuerte, de gente que trabaja habitualmente en el tema y tomaron una opción que es distinta a las que plantea Cervini. No necesariamente es un error, se tomó en acuerdo con los jueces y fiscales para tratar de acelerar el remate porque el juicio demora mucho y si son bienes que se deterioran pierden valor, por ejemplo autos, embarcaciones o avionetas.

 

 

Eso depende del juez. Tiene que tener vinculación con el hecho, en seis meses debería determinarse y si hay riesgo de deterioro ponerlo a remate y proteger el dinero resultante. En eso se dio un paso adelante.

 

 

 

En todo el mundo ha habido posiciones muy duras, pero todo el mundo está yendo a la solución que propone esta ley: tipificar el delito de lavado como delito autónomo, defraudación como delito precedente, facilitad el decomiso de bienes, se entiende que se necesitaban para combatir el lavado.

 

 

Los límites están en lo que hay que cuidar para que no se conviertan en un policía. Tienen que preguntar sobre el origen del dinero y en la medida en que vean algo inusual -que la persona no opere dentro del perfil- reportarlo al Banco Central porque el delito de lavado se conoce a través de acciones lícitas y el Estado no puede controlar acciones lícitas porque no está en contacto con los operadores. Estamos trabajando para reglamentar la ley con todos los colegios de profesionales y sectores (rematadores, zonas francas, inmobiliarias) y queremos que para cada sector haya una obligación razonable.

 

 

 

De todas maneras la Secretaría Antilavado está tramitando un expediente sancionatorio porque entiende que no cumplió adecuadamente con la debida diligencia desde el punto de vista administrativo. Desde 2015 la secretaría ha aplicado unas 20 y poco sanciones.

 

 

Las sanciones van desde la observación a la multa. Incluso hay posibilidad de suspensión de 90 días que sería la más grave y no se ha aplicado nunca. Muchas de ellas son observaciones.

 

 

El TCA observó la forma en que se determinó el monto de la sanción pero reconoció que habían incumplido con las obligaciones que les impone la ley. La secretaria dispuso recomponer el acto y está tramitando una nueva sanción, ya se le notificó a los dos.

 

 

El monto podría ser menor porque en el interín se aprobó un reglamento de sanciones que ajusta a la baja los montos y se va a calcular sobre esa base.

 

 

El caso reciente por el que fueron detenidos los operadores cambiarios de Brasil muestra la dimensión del tema. Uruguay siempre estuvo formando parte de mecanismos de evasión fiscal de Brasil y de Argentina. Pero eso no era lavado de activos en Uruguay. Siempre que venían pedidos de cooperación de Argentina y Brasil estaba la traba de decir si es evasión de divisas no puedo cooperar. En ese caso básicamente era evasión porque ellos tenían un mecanismo para sacar reales de Brasil –que es una economía muy controlada que dificulta las transacciones con el exterior- y justamente el pedido que vino es por US$ 25 millones vinculados de corrupción que se identificaron.

 

 

Pasaron por acá. Usualmente el dinero no queda acá, hacen movimientos de cuentas bancarias a distintos lugares. Queda el pasaje y la comisión. Se habla de que lavaron US$ 1.600 millones y es probable que todo ese dinero haya pasado por acá, la mayoría seguramente provino de la evasión.

 

 

Claro, lo que pasa es que no era lavado hasta diciembre. Lo importante de la ley nueva es esto que esos mecanismos ya no son legales. Después existen otras formas en los que la inversión viene a Uruguay, o comprando sociedades, a través de zonas francas...

 

 

El BCU cerró en 2015 la sociedad de bolsa Interbaltic por estar vinculada a Petrobras porque tenían dinero de (el ex director de Petrobras Néstor) Cerveró. Cuando empezó el juicio en Brasil enviaron el dinero al exterior y no reportaron al BCU. Fue la primera institución financiera cerrada por Lava Jato.

 

 

La Justicia no encontró responsabilidades. Se buscó sí pero no se encontró en esa sociedad de bolsa clientes que estuvieran vinculados a nada raro.

 

 

La secretaría está yendo a inmobiliarias y empresas constructoras así como a escribanos de Punta del Este, son sujetos obligados y los estamos empezando a controlar como parte de la supervisión, no como investigadores. También fuimos a otros departamentos como Rivera, Paysandú, Salto, Soriano y Colonia. Este año vamos a ir a otros departamentos que no vamos a anunciar.

 

 

 

Sí claro. En base a información del Registro Público, no es ir al barrer sino a determinados campos, por ejemplo que sean de propietarios extranjeros o de grande volúmenes.

 

 

Siempre hay un riesgo en los inversores y en las ventas. Cuando se crean grupos inversores debería haber una debida diligencia y preguntar sobre el origen de los fondos, pedir documentación, y ver si existen sociedades panameñas. En la venta, si hay constructoras que son promotoras hay que saber el origen del que compra.

 

 

Van los 12 fiscalizadores o supervisores que tiene la secretaría con gente de la DGI que ya tenía experiencia, fue mérito de Carlos Díaz conseguir a esa gente formada en ese tipo de actuaciones.

 

 

No, lo único que tuvo fue que reveló la importancia del sector de administración de sociedades en Uruguay, la cantidad de sociedades panameñas que se vendían y se manejaban.

 

 

Y menos en un contexto en el que el delito fiscal no era lavado. Fue mucho más ruido que otra cosa. Surgieron algunos nombres pero no hubo una derivación penal en ningún caso.

 

Casos como el del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, y el del turco Mehmet Aydin pusieron de manifiesto vulnerabilidades de la legislación uruguaya para prevenir el lavado en el control por ejemplo de los autos de alta gama. "La secretaría había recibido un pedido de información de Argentina e identificó los bienes que tenían como parte de la cooperación. En su momento se identificó como evasión fiscal y desde nuestro punto de vista no había un caso. En la medida en que se detecte una inusualidad podes empezar a investigar". Ahora que la defraudación tributaria es delito precedente y que existe el delito autónomo, Espinosa cree que habrá elementos para enjuiciarlo por lavado "independientemente de que haya una condena en el país de origen".

 

El jerarca dijo además que cuando se discutió sumar nuevos sujetos obligados se omitió incluir a las automotoras porque era sumar mil empresas. "No es gratuito, si se incluyen hay que controlarlos". Pero explicó que hay posibilidades de hacer otro tipo de controles a través de la factura electrónica y están trabajando para ir por ese lado.

 

Daniel Espinosa es contador de profesión, funcionario de carrera del Banco Central del Uruguay (BCU) durante 33 años. Durante los últimos 20 años se especializó en temas de lavado lo que lo llevó a estar al frente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU. Asumió el cargo de secretario Antilavado en 2017, ante el fallecimiento de Caros Díaz, encontrado muerto en la piscina de su casa de Punta de Este en febrero de ese año pero trabajaba en la secretaría desde 2016.