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Seguridad como motor del Parlamento: leyes defectuosas que deben corregirse sobre la marcha
La creciente inseguridad, reflejada por cifras oficiales que marcan el aumento de los delitos, tuvo como correlato la aprobación de un conjunto de leyes para dar solución en los últimos años a problemas que, aunque de naturaleza diferente, apuntan a bajar al crimen y mejorar la forma de combatirlo. Y muchas de ellas tuvieron como común denominador cargar con defectos en la práctica que obligó a que fueran revisadas y luego corregidas.
Hoy la historia se repite, porque ya hay normas que volvieron a ser cuestionadas tanto por políticos de la oposición como por jerarcas del gobierno que ya se refieren a nuevas reformas: Gustavo Leal, asesor de seguridad del ministro Eduardo Bonomi, dijo este miércoles que además de reformar modificar la ley de las libertades vigiladas –algo que también solicitó el fiscal de Corte en distintas oportunidades, pero rechazó que se criticara a los fiscales por aplicarla ya que es una ley vigente– deben limitarse los acuerdos a los que llegan los fiscales con los delincuentes. "Hay que ir a un sistema que tenga una mayor rigidez sobre todo con las personas que son reincidentes", sostuvo
Pero esa postura tiene antecedentes. En abril de 2016, cuando el presidente Tabaré Vázquez iba poco más de un año de su segundo mandato, interpretó que la inseguridad era un tema de debate público tan instalado que convocó a representantes de todos los partidos para reunirse en la Torre Ejecutiva e integrar las distintas visiones ideológicas podrían materializarse en normas jurídicas.
Allí se acordó impulsar la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), las libertades vigiladas y el aumento de las penas en los asesinatos a policías, jueces y fiscales, entre otros consensos. El CPP fue objeto de críticas porque tuvo fallas en la implementación: no se previó la sobrecarga de trabajo de los fiscales –un año y medio después se siguen creando fiscalías nuevas para atender la cantidad de trabajo– y algunos de sus aspectos fundamentales fueron corregidos sobre la marcha: por ejemplo, la aplicación de la prisión preventiva, que en julio del año pasado fue extendida en el Parlamento ya que ahora los fiscales están obligados a solicitarla ante los jueces para reiterantes que cometieran delitos gravísimos, como delitos sexuales, rapiña, extorsión, secuestro y homcidio.
Papel y realidad
Las hoy cuestionadas libertades vigiladas, que en su momento se promovieron para disminuir el hacinamiento en las cárceles, ahora son criticadas por Bonomi y su equipo de asesores porque, según argumentaron, cuando ellos mismos la impulsaron años atrás no tuvieron en cuenta que cuando entrara a regir el nuevo CPP los fiscales recurrían a ese beneficio con frecuencia al pactar con los delincuentes. Y esa es una posibilidad que en el sistema penal anterior no ocurría y que hoy es casi la norma: en el casi 95% de los casos, los fiscales llegan a alguna clase de acuerdo con los acusados.
A Alberto Reyes, ministro del tribunal de Apelaciones y presidente de la Asociación de Magistrados, no le llama la atención que el Parlamento apruebe leyes defectuosas para combatir los delitos: es decir, que el Poder Legislativo busque respuestas en las leyes a problemas que en verdad competen a la gestión práctica de la seguridad.
“Desde que tengo memoria los problemas de seguridad se pretenden resolver o prevenir en el papel, con normas, y las leyes no hacen milagros”, sostuvo en diálogo con El Observador. “Muchas soluciones legislativas son óptimas –agregó–, pero si están acompañadas de infraestructura”.
La preocupación de los jerarcas de la cartera de seguridad –que anunciaron que este año esperan que muchos de los que están cumpliendo penas en prisión pasen a cumplirla en sus casas como parte del acuerdo con los fiscales– se debe a que la oficina encargada de hacer cumplir las condiciones de la libertad vigilada –la OSLA– no tiene recursos para vigilar con rigor.
De hecho, hay varios departamentos donde no hay personal, y ese motivo fue el motivo que llevó al fiscal de Corte a informar que pronto se ordenará a los fiscales que no apliquen ese beneficio cuando los imputados vivan en determinadas zonas del país.
“Esto es histórico, y no de ahora: hay una necesidad de aplicar normas que quedan por el camino porque los aspectos de gestión no son contemplados”, dijo Reyes.
Un conflicto similar ocurrió con la ley integral de violencia de género aprobada en 2017: no se tuvo en cuenta la falta de recursos en el sistema de justicia para instrumentarla. El Poder Judicial no tiene presupuesto como para instalar la cantidad de juzgados especializados que se requiere, y la misma situación sufre la Fiscalía, porque también exige la creación de fiscales dedicados a la materia, algo que hoy no es viable, tal como advirtió varias veces Jorge Díaz. El fiscal de Corte ha lamentado que en la última Rendición de cuentas dieran para su organismo $ 65 millones, cuando necesitaba $ 300 millones solo para implementar la ley.
Falta de institucionalidad y distribución de la culpa
Para el senador suplente del sector Casa Grande del Frente Amplio Rafael Paternain –y asesor de seguridad del grupo político– el camino de recurrir al dictado de leyes con el propósito de encontrar respuestas al alza de los delitos es un fenómeno que no es exclusivo de Uruguay, sino que se ha visto en los últimos años en varios países.
“La política criminal es enormemente sensible a las dinámicas sociales: hay una suerte de criminología mediática que va pautando la agenda: se introducen ajustes porque hay una presión social en un sentido más punitivo o porque hay algunas convicciones de volver más restrictivos los sistemas de control del delito creciente”, sostuvo el sociólogo.
En cambio –agregó–, en la aprobación e implementación del CPP y la ley de violencia contra la mujer inciden “perspectivas de más largo plazo” que generan “nuevas reglas de juego que no todos los actores están dispuestos a asumirlas, o hay urgencias que marcan que se hagan determinadas modificaciones”.
El problema de fondo para Paternain es que el sistema político suele dejar de lado “el desarrollo institucional” que es necesario que haya detrás para ejecutar con éxito políticas criminales. En ese sentido, puso de ejemplo la discusión actual sobre la derogación de las libertades vigiladas: lo que ocurre, dijo, es que “no hay un fortalecimiento de las políticas alternativas a la prisión, porque predomina el enfoque punitivo de la cárcel”.
Y respecto a los cambios en el CPP, añadió, aparece el mismo problema. “Puede haber muchos problemas de ajustes o disfuncionalidades, pero muchas veces lo que hay es una filosofía nueva que choca con las inercias y las urgencias. ¿Por qué se hacen estas cosas? Porque el gobierno necesita que el delito se modere, que se detenga el alza” y entonces recurre al endurecimiento de las medidas, aseguró.
Pablo Mieres, senador y precandidato del Partido Independiente, opinó que delegar en el Poder Legislativo la iniciativa de aportar respuestas a la inseguridad es una “viveza del gobierno” al intentar diluir las responsabilidades entre todos los actores políticos. “Trasladan el problema al marco jurídico, cuando en realidad el problema es de un diseño equivocado de la estrategia de seguridad, y la culpa la tiene pura y exclusivamente el gobierno”, dijo.
