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Fiscal Pacheco: nuevo sistema penal es "de muy baja calidad" y provocó aumento de delitos
El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, escribió en un artículo académico que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que rige desde noviembre de 2017 "no ha sido exitoso", ya que, entre otras razones, "la implementación del nuevo sistema ha resultado en un aumento de delitos" y las penas que cumplen los delincuentes son en su mayoría alternativas a la prisión. En al menos cinco ocasiones en el texto, Pacheco tildó a la reforma del proceso penal como "no razonable" y concluyó en que el modelo de Justicia actual es "de muy baja calidad".
"Se suponía que en el nuevo modelo las penas que se impondrían serían, 'ahora sí', efectivas (...). Sin embargo, resultó que las penas alternativas de libertad vigilada y de libertad intensamente vigilada son moneda corriente en el nuevo sistema", lamentó el fiscal en el apartado de conclusiones, en un trabajo publicado el 1° de febrero en el portal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
En el artículo que lleva por nombre La reforma procesal penal y la relativización del Derecho Penal sustancial, Pacheco se alineó a la postura presidente Tabaré Vázquez y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quienes han definido que el aumento general de los delitos -66,4% en los homicidios y 55,8% en el caso de las rapiñas, según los últimos datos oficiales- se debe a la puesta en funcionamiento del nuevo proceso penal.
"Si bien el número de formalizaciones se ubica aproximadamente en el mismo nivel que el número de procesamientos del sistema anterior, lo cierto es que la implementación del nuevo sistema ha resultado en un aumento del número de delitos, precisamente a partir del 1° de noviembre de 2017: textualmente, se publicó en reiteradas oportunidades que la Fiscalía General de la Nación preveía un flujo de 18.000 denuncias mensuales, y a partir de noviembre de 2017 se pasó a un número de 29.000 denuncias mensuales", escribió el fiscal que actualmente investiga delitos ocurridos con anterioridad al funcionamiento del nuevo sistema.
"Pues bien, resulta ineludible deducir que el aumento de casos denunciados y el aumento de los delitos está claramente relacionado con la implementación del nuevo Código", agregó.
A mediados de diciembre, Vázquez participó como despedida del año de un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en el que presentó un estudio elaborado por el profesor Spencer Chainey de la University College of London. Básándose en ese trabajo, el presidente responsabilizó a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) por el aumento de las rapiñas. “Aquí, si no se hubiera instrumentado el nuevo CPP, y se hace la prolongación teniendo en cuenta el valor de la pendiente, al iniciar el 2019 casi estaríamos con una baja del 30% de las rapiñas”, señaló el mandatario.
Dentro del extenso texto de siete capítulos, Pacheco también concluyó que el sistema penal acusatorio "no ha sido exitoso ni aún en el plano de las garantías", debido a que, de acuerdo al fiscal, cuando se decreta prisión preventiva para los delincuentes la calidad de las pruebas exigidas por los jueces no son suficientes: las pruebas que demuestran que una persona efectivamente cometió un delito son presentadas cuando se desarrolla el juicio, pero no en la audiencia que da comienzo al proceso penal.
"No es razonable que la prisión preventiva sea dispuesta sin diligenciamiento de prueba", dijo Pacheco, para quien esa situación genera que se adopte "una decisión de muy baja calidad informativa", y abra la posibilidad de que inocentes esperen en prisión el desenlace de su juicio.
Un mercado de riesgos y mentira
Por otra parte, el fiscal que procesó el año pasado al exvicepresidente Raúl Sendic por los delitos de peculado y abuso de funciones cometidos durante su gestión en Ancap también tildó como "no razonable" que en el 95% de los casos "las condenas sean pactadas entre el fiscal y el abogado defensor; y que ello se deba precisamente a que no puede recurrirse a la vía del juicio oral ordinario". En es sentido, Pacheco lamentó que los fiscales no tengan más remedio que pactar con los delincuentes para evitar así un juicio "costoso, largo, engorroso, desgastante y poco práctico".
De este modo, los casos que en su mayoría se resuelven mediante acuerdos que no son públicos, para Pacheco eso es "contrario a toda lógica" y lo lleva a concluir lo siguiente: "Indefectiblemente nos encontramos ante un modelo procesal penal de muy baja calidad".
Y más adelante, dijo: "Nos encontramos entonces ante ofertas y contraofertas de pena que son impropias al derecho penal y que debieran ser ajenas al proceso penal. Las penas no pueden negociarse –y menos en un 97% de los casos- como si se tratara de mercancías en un mercado".
En otro pasaje, Pacheco se refirió al rol de las víctimas, quienes, según ha sostenido el fiscal de Corte Jorge Díaz a la hora de defender el nuevo proceso penal, tienen ahora una participación activa en las investigaciones, además de tener garantizados derechos humanos que antes no se respetaban. Eran, por ejemplo, objeto de prueba y no sujeto de derechos en los procesos penales.
Sin embargo, Pacheco dijo que ese cometido no se cumplió. Aseguró que "en el proceso abreviado la víctima –a quien paradójicamente se dice favorecer y defender- no tiene ninguna intervención en el acuerdo entre fiscal e imputado. En efecto, en la primera redacción del nuevo CPP la víctima era por completo ignorada en el trámite del proceso abreviado", recordó el fiscal y añadió: "Nada dice el Código respecto de la posibilidad de la víctima de oponerse al acuerdo, y qué efecto podría tener sobre la sentencia".
Pero Pacheco, las consecuencias negativas de la norma de los acuerdos van más allá, pese a que puedan parecer "ilusoriamente como una fortaleza del sistema", dijo, porque implican "serios riesgos" debido a lo que los fiscales descartan investigar una vez que los pactos con los delincuentes se cierran en las audiencias.
Por una parte, sostuvo, los imputados pueden directamente mentir para cerrar acuerdos beneficiosos y los fiscales no disponen del tiempo suficiente como para corroborar que están siendo engañados. Y a eso, dijo, se le suma que la propia Fiscalía, aunque pacte sobre hechos ciertos, renuncia a investigar a fondo los casos, algo que puede redundar en el hallazgo de nuevos elementos que agreguen responsabilidad a los delincuentes.
"Lo cierto es que además con el uso del proceso abreviado se cierra toda posibilidad de investigación ulterior de los hechos, y todos sabemos que en la práctica –en no pocos casos- pueden aparecer nuevas pruebas o nuevos hechos conexos que harían variar la consideración del caso, y sin embargo ya no será posible la ampliación de la investigación por encontrarnos ante sentencias ejecutoriadas", dijo Pacheco.
Sobre el final, en uno de los últimos apartados, el fiscal de Crimen Organizado propone algunas sugerencias para mejorar la situación, como emular el proceso penal de Chile, que ofrece una alternativa "simplificada" que está entre medio del proceso abreviado y los juicios orales, de modo de eliminar la dicotomía entre ambos caminos.
Pacheco propuso que se amplíen "las potestades del Juez, como por ejemplo, prever la posibilidad de que pueda acceder a la carpeta de investigación de la Fiscalía, o exigir que deba interrogarse al imputado sobre los hechos atribuidos, y no solamente sobre si consintió libre y voluntariamente el acuerdo con la Fiscalía".
