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Sicarios adolescentes son utilizados por narcotraficantes para ejecutar a rivales

Adolescentes son utilizados por narcotraficantes para ejecutar a rivales, al tiempo que ocupan roles de jerarquía en organizaciones descabezadas por la policía

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23 de junio de 2018 a las 05:00

La indicación fue precisa. "A ese", le dijo un hombre de unos treinta y tantos años al muchacho de 14 que llevaba la pistola en la mano. Con obediencia, el joven cumplió, y tras varios disparos el objetivo terminó muerto en la calle.

Ya hacía algún tiempo desde que este muchacho, que acabó internado en un centro de detención del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por el homicidio que cometió, respondía a las órdenes de aquel adulto y de su pareja, concretando rapiñas o haciendo repartos de droga. A cambio, el joven recibía comida, un techo donde pasar la noche, y entradas para ver al equipo del que es hincha.

Según contó una fuente judicial que trabajó este caso, los adultos también fueron enviados a prisión por ser autores intelectuales del homicidio, pero eso no fue un impedimento para que siguiera operando. A finales de 2017 se los investigó por continuar dándoles órdenes a otros jóvenes desde la cárcel, aunque finalmente no se lograron las pruebas suficientes para llevar el caso a la Justicia.

400 adolescentes están internados en centros de detención del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. En 2014 –el año récord– llegó a haber cerca de 700 menores.

La jueza de Adolescentes Aída Vera Barreto reconoció que comienza a observarse cada vez más menores sicarios, una realidad incipiente que todavía no alcanza a los altos niveles de la Justicia de adultos.

Sin embargo, otra fuente judicial dijo a El Observador que todavía es difícil determinar si un homicidio fue encargado o se trató de una venganza personal. Según este operador de la Justicia, es frecuente encontrarse con casos de menores que desde una moto o un auto asesinan a balazos a una persona que camina por la calle, pero cuando son detenidos niegan los hechos y tampoco aportan información.

En ese caso, son las pruebas, como las escasas declaraciones de testigos, y sobretodo las pericias balísticas, registros de cámaras de seguridad, y las pruebas de ADN, las que terminan inculpando a estos jóvenes que pueden pasar internados hasta cinco años, la máxima pena legal posible para un menor.

La directora del Inisa, Gabriela Fulco, dijo a El Observador que los sicarios adolescentes igual pueden cobrar $ 500 por matar a una persona, aunque a veces el objetivo de un homicidio va más allá de la remuneración inmediata. Ganar prestigio o escalar dentro de una organización son algunos de los elementos que tienen en cuenta a la hora de participar de ejecuciones.

Asimismo, Fulco reconoció que "algunos o la mayoría" de los jóvenes ingresados por homicidio tienen "muy naturalizadas" este tipo de acciones. "Un adolescente que ingresa al Inisa y se entera que afuera alguien se quedó con su novia, y eso ya puede determinar un motivo para matar", agregó.

Las bandas criminales

El adolescente llegó hasta un narcotraficante del barrio con un negocio entre manos: la pistola Glock que acababa de rapiñarle a un policía. El adulto inspeccionó el arma, y sin dudarlo la compró por $ 10 mil.
Antes de que el joven se fuera con el dinero, el adulto explicó que podría recibir un extra de $ 10 mil más si también mataba al policía al que asaltaba, relató una fuente judicial que tuvo el expediente.

En otro caso, un menor que venía siendo buscado por estar vinculado a una rapiña cometida en el mes de mayo, pudo ser detenido cuando la policía lo encontró gravemente herido. Un grupo de personas que viajaban en auto le dispararon 10 veces antes de atropellarlo con el vehículo y dejarlo moribundo al costado del camino.

De milagro sobrevivió y, tras ser dado de alta, pudo recuperarse para cumplir la pena mínima de 12 meses que se le imputa a los menores que cometan rapiñas. Según contó, conocía a quién lo había matado, y también que por verlo muerto habían pagado $ 100 mil.

Estuvo varios días en el CTI, y en cuanto quedó fuera de peligro fue dado de alta por la mutualista que lo atendió. Un juez entendió que había salido del hospital demasiado pronto y ordenó que volvieran a internarlo. Como resultado, quedó alojado en una sala apartada del centro de salud. Temían que integrantes de la banda fueran a "rescatarlo", como había ocurrido con el delincuente apodado Pato Feo cuando estaba en Traumatología.

11.942 es la cantidad de adolescentes que han sido anotados en el Registro Nacional de Antecedentes de Adolescentes, del Instituto Técnico Forense desde 2011, año en que se creó.

Mientras se recuperaba en el hospital, su hermano corrió con menos suerte que él, y fue asesinado en el marco del enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes.

Fulco dijo que entre 2010 y 2015, "comenzó a producirse un cruzamiento entre la criminalidad organizada de los adultos y la de los jóvenes". En el mismo sentido, en declaraciones a Sarandí en diciembre de 2017, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que en homicidios vinculados al tráfico de drogas aparecen "bandas que generan una subcultura en determinadas zonas, un enclave territorial donde hay gente que trabaja para una banda, hay menores involucrados, van involucrando a niños y la banda es todo".

Muchos menores de edad que ingresan a las bandas de crimen organizado son asesinados una vez que cometen los homicidios para los que se los convoca, para desecharlos como testigos, había dicho la directora del Inisa en declaraciones a la prensa en mayo. A El Observador, Fulco agregó que este es "un fenómeno propio de Centroamérica, de países como Salvador, Nicaragua o Guatemala". La directora del Inisa señaló que los delincuentes ven lo que ocurre en otros países "lo copian, lo idealizan y lo incorporan".

La nueva camada

En diciembre, el Ministerio del Interior llevó adelante el operativo Mirador I, en el que capturó a los principales líderes de la banda de Los Chingas, quienes en el plazo de un año desplazaron a 110 personas de sus hogares en el complejo de viviendas Los Palomares. Sin embargo, esto no impidió que el grupo criminal continuara actuando, como lo reconoció el director nacional de Policía, Mario Layera, cuando consultado por El Observador dijo que Casavalle "sigue con los mismos problemas".

Según había dicho una fuente el grupo de Los Chingas quedó en manos de integrantes de menor rango, quienes actúan dirigidos por quienes están en prisión. Sin embargo, actúan con cierta anarquía y en ocasiones tienen métodos más agresivos que los adultos, ya que conocen menos los límites, dijo una fuente policial.

Al respecto, Layera había dicho que "no hay una estructura muy organizada" en las bandas criminales, lo que no permite saber quién es el líder actual. "Hay líderes fugaces, jóvenes que congregan a los más jóvenes aun (...) Es una anarquía que no nos permite saber quién es el líder actual, y de pronto aparece uno de 16 años matando a uno de los líderes y la cosa cambió", agregó.

Falta de recursos afecta rehabilitación en Inisa

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) enfrenta un dilema cuyas autoridades no imaginaban como desafío hace poco más de cinco años: rehabilitar a adolescentes de 13 años que ingresan al sistema como homicidas. Y lo hacen, a veces, como asesinos por encargo, porque llegan como miembros de grupos criminales que les ordenan matar a cambio de remuneraciones que en ocasiones no pasan de ser retribuciones monetarias insignificante, o simbólicas, de prestigio social.

Pero el principal problema que tiene hoy el Inisa –creado como organismo independiente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en 2016– es para Gabriela Fulco, su presidenta, la falta de recursos que posibiliten el correcto acompañamiento de estos menores.

Los tratamientos que han tenido éxito en el mundo, aseguró, consisten en la actuación psicoterapéutica de múltiples equipos que trabajan con los menores durante varios años, e incluso luego de que superan el tiempo de reclusión y comienzan a insertarse en la sociedad. Y el Inisa cuenta con la implementación de estos abordajes como una de las "innovaciones de este período", dijo Fulco a El Observador.

Se trata de 13 equipos integrados por dos psicólogos que actúan en los 13 centros del sistema, que trabajan con grupos de 12 internos, aproximadamente. Pero los recursos del organismo no son suficientes para costear el tratamiento tal como se lleva adelante en Estados Unidos y los países anglosajones.

En esos lugares, los psicólogos realizan un trabajo intensivo y acuden todos los días a las instituciones, mientras que los profesionales de aquí visitan los centros solo una vez por semana, para sesiones de dos horas. "Es como dar la dosis mínimas del medicamento, cuando en realidad habría que entrar con mucho más vigor para que no se deshilache lo que se está trabajando", lamentó Fulco.

En teoría, es necesario abordar muchas áreas de trabajo, como el reconocimiento de la responsabilidad penal y del daño a las víctimas y a la sociedad, la construcción de las proyecciones a futuro de los jóvenes, y la elaboración de herramientas para contrarrestar impulsos agresivos, entre otras áreas.

De estas líneas, el Inisa lleva adelante solo dos programas: uno que actúa sobre la ira de los menores y otro que apunta a la generación de conciencia y sensibilidad sobre los delitos que cometieron.

De todos modos, para constatar si el tratamiento es eficaz deben pasar entre tres y cinco años sin que el menor reincida desde que finaliza el trabajo, y por el corto lapso en que el Inisa lleva apostando a estos programas –dos años– eso es algo que aún no puede conocerse.

Bullying y marginación

Las pandillas son un fenómeno contra el cual varios Estados centroamericanos llevan décadas combatiendo, pero con escaso éxito en casi todos los casos. Las maras viven de la extorsión a la sociedad, burlando y venciendo a la justicia y policía, y asesinando y atemorizando a la sociedad civil, su principal víctima. Aunque ese estado de guerra interna en que están Guatemala y El Salvador, por poner dos ejemplos, es un horizonte lejano para Uruguay, hay sin embargo algunos aspectos de los procesos de marginación que invitan a algunos jerarcas a advertir sobre una eventual evolución en ese sentido.

Aunque luego relativizó sus declaraciones, uno de ellos fue el director nacional de Policía, Mario Layera, cuando sostuvo que si el Estado no tomaba algunas decisiones difíciles, como la que comenzó a asumir semanas atrás al comenzar el censo en Casavalle para derribar las viviendas de Los Palomares –en donde impera la delincuencia–, Uruguay "se verá superado (...) y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo".

Y otra jerarca que piensa eso es Fulco. Para la presidenta del Inisa, los países caribeños, por influjo de la globalización, representan un riesgo para la delincuencia uruguaya porque muchos preadolescentes ya están sufriendo la importación de modelos delictivos de esa zona, cuando son cooptados por bandas criminales. "Es un fenómeno propio de Centroamérica, por sus características políticas y socioculturales", pero que cuyos eventos comenzaron "idealizarse e incorporarse".

La inclusión de menores en estos grupos, explicó, no responde a este único factor. Al contexto de extrema vulnerabilidad y violencia familiar que sufren los menores, se suman también elementos como el "bullying y la discriminación que hay en las escuelas", que propician al alejamiento de estos jóvenes de la educación formal y la absorción de ideales que ofrecen gratificaciones inmediatas.

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