Los estudios contemplan un escenario de baja probabilidad de un derrame que podría llegar a las costas uruguayas
Si los trámites salen rápido, la petrolera estadounidense APA pretende cerrar el año dando un nuevo paso en la búsqueda de hidrocarburos en el mar uruguayo mediante la concreción de un pozo en una zona cercana a la que fue explorada hace diez años.
El compromiso fue asumido ante Ancap hace algunos años y ratificado recientemente ante el Ministerio de Ambiente, donde la compañía inició los trámites para obtener la autorización que la habilita a comenzar con la perforación. Los plazos dependen de que levante las observaciones que le realizó la cartera, que tras una primera lectura de la documentación, le pidió “información complementaria” por inconsistencias o fallas en lo presentado.
En los documentos a los que accedió El Observador, la compañía detalló cómo será la perforación que pretende realizar y enumeró los riesgos ambientales que tiene la actividad.
Las tareas serán a 210 kilómetros de la costa uruguaya en aguas cuya profundidad asciende a los 3.700 metros dentro del bloque denominado OFF-6. En total durará 110 días aunque de “perforación efectiva” se estiman 79. La profundidad máxima de la perforación será de 12.200 metros.
El estudio menciona que el área del proyecto está compuesta por aproximadamente 764 kilómetros cuadrados y que en caso de hallazgo, el objetivo es “caracterizar los hidrocarburos y estimar las reservas disponibles”.
La empresa pretende utilizar un “buque de posicionamiento dinámico de última generación” pero todavía no detalló cuál será. A su entender, esta tecnología elimina la necesidad de usar anclas y minimiza la “perturbación física del lecho marino”. “La estabilidad se mantiene mediante GPS y un conjunto de transpondedores acústicos”, detalla.
El documento señala que la perforación será mediante “secciones sucesivas utilizando un trépano”. “Se emplea un proceso de perforación rotativa, utilizando una columna de perforación compuesta por varios tubos que contienen una broca en su extremo”, dice.
Durante la operación rutinaria, el impacto más directo será el vertido de lodos y recortes de perforación, que generarán una pluma de sedimentos en el fondo marino.
Las modelaciones indican que estos desechos podrían cubrir un área de hasta 770 metros alrededor del pozo. Aunque la empresa sostiene que la huella es localizada, el estudio admite que en un radio de 109 metros se superarán los umbrales ecológicos, provocando el enterramiento y asfixia de comunidades bentónicas (organismos que viven en el sedimento).
El uso de lodos de base sintética es un punto de especial preocupación: debido a su toxicidad y persistencia, la recuperación total de estos ecosistemas podría demorar varios años.
A su vez, en el plano acústico, las emisiones sonoras de la perforación y el uso de helicópteros podrían alterar el comportamiento de mamíferos marinos, tortugas y aves. Se estima que el riesgo de desplazamiento temporal del umbral auditivo para cetáceos se extiende hasta los 2.278 metros, definiendo así el área de influencia del proyecto.
Pero el escenario que domina el rechazo social es la pérdida de control del pozo o "blowout".
Aunque APA lo califica como un evento de "probabilidad extremadamente baja", un derrame de 480.000 barriles en 12 días tendría consecuencias catastróficas. Según el modelo, en el peor de los casos, el crudo podría alcanzar la costa de Rocha en 34 días, afectando áreas de extrema sensibilidad como la Laguna de Rocha.
“Sin embargo, solo una de las 500 trayectorias modeladas alcanzó la costa y, en particular, este ecosistema costero, lo que representa una probabilidad de ocurrencia extremadamente baja en términos de dispersión. Esta probabilidad sería aún menor considerando que, ante un evento de este tipo, se activaría un plan de respuesta que incluye la implementación de las medidas de mitigación”, dice.
Los documentos incluyen el estudio de percepción social, el cual revela que existe un "núcleo de rechazo estructural" liderado por organizaciones ambientales que no distinguen entre la exploración y la explotación. Para estos actores, el pozo es percibido como “el inicio de una cadena extractiva que contradice los compromisos climáticos de Uruguay”.
La desconfianza no solo se dirige a la empresa, sino al propio Estado uruguayo. Los consultados cuestionan la capacidad real del Ministerio para fiscalizar operaciones a miles de metros de profundidad y exigen garantías sobre quién respondería ante un desastre en alta mar.
Tras analizar el documento, Ambiente le pidió a APA que justifique técnicamente por qué el método constructivo no prevé la instalación del riser y el dispositivo de prevención de reventones hasta que se alcancen los 1.000 metros de profundidad.
La autoridad busca descartar condiciones de presión interna que pudieran derivar en una pérdida de control prematura y solicitó especificar la generación del buque de perforación y fundamentar por qué se considera la "mejor tecnología disponible".
Además, ordenó ampliar el área de influencia para incluir la planta de lodos en el Puerto de Montevideo y las rutas de los buques de apoyo, obligando a la empresa a identificar actores sociales en la zona portuaria que fueron omitidos originalmente.
En otro de los planteos, Ambiente cuestionó la modelación de dispersión de lodos, ya que solo utilizó dos periodos de corrientes (verano e invierno). Citando revisiones internacionales, el Ministerio señaló que esto es insuficiente para capturar los escenarios más desfavorables y exigió comparar los resultados con series de datos históricos más extensas y actualizadas.
Por último, los técnicos detectaron incoherencias en la información litológica de los horizontes a perforar, incluyendo tramos de casi 400 metros sin descripción de roca, algo clave para predecir el comportamiento del pozo.