Economía y Empresas > Relaciones laborales

Sunca exigirá acuerdos salariales con cláusulas de blindaje por inflación

También quiere discutir la reducción de la jornada de trabajo en el sector de la construcción

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15 de febrero de 2020 a las 05:02

Todavía no se conocen cuáles serán las líneas generales que propondrá el  nuevo gobierno de cara a la nueva ronda de negociación salarial. De todas formas el  sindicato de la construcción ya maneja algunos puntos que entiende deberán cumplirse al momento que se firme un nuevo convenio en el sector.

Este viernes durante su XVII congreso en el club Platense el sindicato marcó como una prioridad el mantenimiento del salario real y la incorporación de clausulas que eviten la pérdida de poder de compra durante la vigencia de los acuerdos.

Aunque el detalle de la plataforma reivindicativa de cara a la nueva negociación deberá aprobarse en una asamblea general, en el congreso se puso como ejemplo el último acuerdo firmado en setiembre de 2018 como un buen punto de partida.

Ese convenio se clasificó dentro del sector intermedio, fijó una extensión de 21 meses de duración y tuvo un triple blindaje contra la inflación, que incluyó dos correctivos (uno a la mitad y otro al final) mas una clausula de salvaguarda específica que podía activarse en cualquier momento dentro del primer año. La lógica que el Poder Ejecutivo propuso en las dos últimas rondas se basó en ajustes nominales decrecientes (techo de 8,5%) con variantes según cómo se autoclasificara el sector: dinámicos, intermedio o en dificultades.

“La política económica también tendrá un cambio. Se ha anunciado que se dejará de controlar el dólar, lo que va a resultar en una pérdida de la capacidad de compra del salario. Todavía no hay claridad sobre si habrá o no pautas salariales generales,  cuál sería la periodicidad de los ajustes salariales y cuáles las cláusulas de protección del salario. Garantizar el mantenimiento del salario real será una de las prioridades”, expresa el documento leído a unos 1.700 delegados de todo el país.

El convenio colectivo vigente vence el próximo 30 de abril, por lo que este sindicato será también el primero en sentarse a negociar. Durante el debate de este viernes se insistió en que el resultado que obtenga la construcción “marcará la cancha” para el resto de los gremios. De un total de 227 subgrupos que tienen convenios vigentes, más del 60% vence en el primer semestre de 2020. Hay 137 que caerán el próximo 30 de junio, en grupos como alimentación, metalúrgica, transporte, banca, salud, comercio y servicios, entre otros.

La línea que seguirá la nueva negociación es todavía una incógnita y la última palabra será de Economía. En entrevista con El Observador, el designado ministro de Trabajo Pablo Mieres afirmó semanas atrás que “no va a haber pérdida de salario real”. “Vamos a estar en una línea de aumentos equivalente al IPC. Se podrá ir más arriba, depende. Y ahí empiezan las condicionantes de la macroeconomía”, apuntó. 

El sindicato de la construcción entiende que si bien el gobierno electo ha prometido que mantendrá las pautas existentes en los últimos años, el cambio propuesto en el anteproyecto de ley de urgente consideración respecto a dejar de reconocer la ocupación como una extensión del derecho de huelga es para preocuparse. Esa modificación se visualiza como “un ataque frontal” a las posibilidades de organización de los trabajadores, se indicó en el congreso.

También se hizo hincapié en que habilitar a la policía a intervenir para disolver piquetes y garantizar la libre circulación abre la puerta para que cualquier movilización callejera  sea considerada un piquete. Además, existe incertidumbre sobre cómo actuarán las autoridades ante eventuales descuelgues de empresas que manifiesten no poder pagar los aumentos de los Consejos de Salarios.

Reducción de la jornada laboral

Entre los objetivos de mediano y largo plazo figura la inclusión de la construcción como trabajo insalubre y la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. El régimen actual es de 44 horas semanales y se propone llevarlo a 40 horas semanales. En ese sentido, se considera que los avances de la tecnología determinan que los tiempos de ejecución de obras sean cada vez más cortos. Para preservar los puestos de trabajo y tomando en cuenta las consecuencias para la salud que el trabajo implica, se entiende que reducir la carga horaria semanal es  “un aporte sustantivo a la calidad de vida de los trabajadores”, según dice uno de los documentos elaborados en el congreso.

 

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