Tenencia compartida: padres enfrentados por la crianza de sus hijos

Las consecuencias de judicializar el proceso son complejas. La Justicia sigue su protocolo: primero recibe la demanda, luego suceden las audiencias –en un camino que puede ser más o menos corto– hasta llegar a un posible acuerdo. Los tiempos para alcanzar una sentencia impactan directamente en los niños, que en muchos casos atraviesan la batalla legal en situación de vulnerabilidad familiar. Existen casos en los que el litigio se agudiza con denuncias cruzadas por violencia doméstica, abuso o incumplimiento de regímenes de visita. Y, mientras los expedientes siguen su curso, hay padres que no logran ver a sus hijos por períodos sensiblemente largos, con daños irreparables para todas las partes.

Como consecuencia, hubo padres encadenados en la puerta de los Juzgados de Familia, entregas simbólicas de juguetes frente a la Corte Suprema y marchas y convocatorias con la consigna “¡Tenencia compartida ya!”. Los asistentes son pocos, la prensa, prácticamente nula. Así, han ido surgiendo agrupaciones de padres, entre las que se destaca Todo Por Nuestros Hijos (TPNH) y Stop Abuso Uruguay, ambas conformadas mayoritariamente por hombres. Coinciden en tres aspectos fundamentales: los trámites de los procesos judiciales son lentos, se incumplen los regímenes de visita y se hacen denuncias falsas. Declaran que sus exparejas obstruyen el relacionamiento con sus hijos y buscan un cambio en la legislación para asegurar su participación en la crianza.

Los escenarios son diversos, pero el denominador común es el enfrentamiento entre progenitores, en el que el niño queda inexorablemente envuelto: padres inhabilitados a ver a sus hijos debido a denuncias que declaran que son falsas, incumplimiento de regímenes de visita por mala relación entre padres, años sin ver a sus hijos a la espera de una resolución, entre otros. Más allá del seguimiento y apoyo en cada caso, las agrupaciones cuestionan a la Justicia y trabajan para lograr un cambio en la legislación que ampare su situación.

Vinculado a esto, en un artículo titulado “Responsabilidad en el derecho de la familia”, publicado en 2009 en la Revista Uruguaya de Derecho de Familia, María del Carmen Díaz, ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia, se refiere al Síndrome de Alienación Parental (SAP), y lo cataloga como una “enfermedad judicial”. En el artículo, Díaz habla del origen del concepto: “fue propuesto por el especialista Richard A. Garner en 1985. Ha sido definido como un trastorno que se genera primordialmente en el contexto de las disputas por tenencia. Su principal manifestación es la campaña de denigración del niño hacia uno de sus padres. Es el resultado de la combinación de la incubación de un padre que está programando al niño (lavado de cerebro) con la propia contribución del niño al vilipendio del padre rechazado”. La doctora analiza que el SAP incentiva que el hijo se oponga al relacionamiento con el padre no conviviente. El artículo fue cuestionado por falta de sustento teórico, fomentar estereotipos de género y desestimar la palabra de los niños y el rol de las cuidadoras, que por lo general son mujeres.

Hijo partido

Embanderados con pancartas que dictan “Basta de niños huérfanos de padres vivos”, “Un hijo también necesita estar con su padre”, “Los hijos no se divorcian”, la agrupación TPNH promueve un proyecto de ley para que la tenencia compartida sea preceptiva. La ley implicaría que en caso de separación la tenencia fuera a priori y obligatoriamente de ambos padres (hoy es una resolución que toma el juez según el caso).

En febrero del 2016 el senador nacionalista Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley, redactado por los abogados de TPNH, donde se plantea la modificación de los artículos 34 y 37 de la ley n.o 17.823 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El proyecto propone que “cuando los padres pongan fin a la relación que los unía, la tenencia de los hijos será preceptivamente compartida”. Entre las modificaciones sustanciales, plantea además que el magistrado actuante “deberá dentro del plazo máximo de 90 días contados a partir de la presentación de la demanda dictar sentencia definitiva de primera instancia” y, en caso de denuncia, propone mantener la tenencia compartida hasta que exista una sentencia de condena.

Los objetivos son claros: asegurar la tenencia para ambos padres, evitar que los tiempos de la ley se vuelvan superlativos e inhibir las falsas denuncias.

Unos meses más tarde, con el objetivo de acercar una posible resolución, Stop Abuso reformuló el proyecto de ley y planteó, en una nueva versión, que el juez “procure” una división equitativa del tiempo de contacto de los menores con sus padres. A pesar del intento, los registros del Parlamento demuestran que en octubre del 2017 la comisión postergó su tratamiento, y desde entonces el proceso se detuvo completamente.

La voz legítima

Según Díaz, este proyecto de ley no contempla la particularidad de cada caso: “Empezando porque no todos los padres quieren tener la tenencia, y no todos están capacitados. Podría ser que en principio sea compartida, pero es necesario dejar una válvula de escape para que el juez dictamine. Hay que tener en cuenta que siempre la prioridad es el niño”.

En cuanto al SAP, la ministra dice “hablemos del concepto y no del síndrome”, para amortiguar las repercusiones que señalan que el término no está registrado (a pesar de que en 2018 la OMS reconoció el concepto –aunque no como síndrome ni como desorden–). “La alienación parental no es más que una manipulación en la que el padre que vive con el niño (yo no hablo de tenencia sino de ‘progenitor conviviente’, porque el niño no es una cosa) empieza a hablar del otro progenitor, a veces en forma disimulada, de manera negativa sobre el padre no conviviente. Entonces el hijo alienado hace ‘una alianza’ con ese progenitor. Ese discurso genera una falsa memoria, hasta que el niño se convence”, explica Díaz, que afirma que ve la situación en un sinfín de casos, tanto en hombres como en mujeres. Las implicancias son graves, y deben ser tenidas en cuenta a la hora de una sentencia. “Los progenitores que sufren la alienación parental se sienten desesperados. Ven que el Poder Judicial no los ayuda. Yo creo que el camino es –y en otros países funciona así–, sacarlo de lo judicial y proponer apoyo psicológico, que colabore en desarticular la situación. Necesitamos apoyar a quien lo está sufriendo y trabajar con el progenitor que lo ejerce, para que entienda que genera un daño irreparable al niño. En España esto se aplica a través de un coordinador parental: una figura especializada, un psicólogo o un asistente social, que trabaja en esas asperezas e intenta llegar a un acuerdo, sin judicializar”, dice. La magistrada hace hincapié en las implicancias de llevar el tema a la Justicia, y que inevitablemente los tiempos de la ley no logran cumplir con las necesidades reales. “Hay que darle mucha más importancia en Uruguay al derecho de familia. Se necesitan más recursos. No basta con hacer leyes, aunque sean con muy buena intención. Familia es el 50 % de todo el Poder Judicial. Los tribunales de apelación son dos para todo el país. Es imposible acaparar”, comenta. “Creo que tendrían que prepararse profesionales que entiendan el problema y sean capaces de volar por encima de las ideologías. ¿Qué es lo importante? El niño”.