Gabriel Pereyra

Gabriel Pereyra

Zikitipiú

Todos somos argentinos

No vemos, no oímos, no hablamos, todo con tal de que Argentina diga sí
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13 de mayo de 2012 a las 00:00

Tapan, disimulan, minimizan. Los gobernantes uruguayos afectados a las tareas de política exterior tienen en estas horas una consigna respecto de Argentina: no hagan olas.

Con ese objetivo, dan medias versiones de hechos fácilmente demostrables, reciben rezongos de los argentinos, piden disculpas, desmienten hechos que ya conocen decenas y decenas de funcionarios de un lado y otro del Plata, e incluso están dispuestos a asumir como propias decisiones de cuestionable eficacia y transparencia propuestas en realidad por gobernantes de Argentina.

La consigna es que cualquier cosa, información, afirmación, insinuación que aparezca sobre Argentina es tomada como un atentado a las buenas relaciones necesarias para que Argentina acceda, de una buena vez, a llamar a licitación para dragar el canal Martín García a más profundidad y hacer más competitivos a los puertos uruguayos.

A Riovia se le terminó el contrato por el que se le pagaban US$ 12 millones para que mantuviera el dragado, pero se descartó llamar a precios sabiendo que otra empresa cobraría US$ 9 millones.

La versión oficial dice que se suspendió para no demorar. La otra versión dice que el vicepresidente de la Comisión del Río de la Plata (CARP) por Argentina firmó el llamado a concurso de precios pero a la reunión siguiente apareció Hernán Orduna, el enviado de Cristina Fernández y presidente de la CARP, y mandó a parar. Orduna fue procesado en su país por comprar computadoras a $ 6.500 que costaban $ 2.500.

La versión del canciller Almagro dice que fue Uruguay que le pidió a Argentina que se suspendiera el llamado de precios, lo cual centra la responsabilidad de no haber contratado más barato en Uruguay. Pero eso no es así; esa versión oficial busca, insólitamente, evitar decir que fue Argentina la que se negó a pedir otros precios. Si no, Argentina se puede enojar, y mejor que no.

Luego Riovia quiso cobrar US$ 19 millones. Los argentinos pagaban sin drama. Uruguay entendía que no se podía pagar más de US 13 millones. Al final se negoció por poco más de US$ 15 millones, lejos de los US$ 9 millones que ofrecía la otra empresa.

La versión oficial dice que se hizo así para no entorpecer el trámite de la licitación por el dragado final. La otra versión dice los argentinos estaban muy jugados a la posición de Riovia y que Almagro ordenó seguir adelante para no hacer olas, no sea cosa que nos dejen sin canal.

En las últimas horas la Cancillería emitió dos comunicados. En uno el presidente de la CARP, Francisco Bustillo, desmiente haber recibido una oferta de coima de un ex diplomático porteño. Una pena el desmentido, porque lo contrario habría contribuido a fortalecer la imagen de un funcionario que enfrentó a pie firme los embates argentinos en la CARP y que apenas recibió la oferta no solo la rechazó sino que hizo lo que tiene que hacer un diplomático honesto: se lo informó a su gobierno para que actuara en consecuencia.

El desmentido y el hecho de que el gobierno no actuara en consecuencia se incluyen en esta política de no hacer olas.

En el otro comunicado la Cancillería respalda la actuación de los delegados uruguayos de la CARP, cuando en realidad nadie había puesto en tela de juicio ese apoyo.

Otra pena, porque ese apoyo político fue el que escaseó cuando los delegados uruguayos ante la CARP tuvieron que ver cómo Orduna y los suyos rechazaron pagarle menos a otra empresa y seguir en cambio aferrados a Riovia aún por más plata, vaya uno a saber por qué razón.

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