Nacional > Investigación administrativa

Toma declaró en Presidencia por viajes a Roma y a la salida hizo zigzag entre periodistas

El exsecretario de la Presidencia estuvo durante casi siete horas en la Torre Ejecutiva

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29 de septiembre de 2020 a las 18:12

El exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, declaró este martes en la Torre Ejecutiva en el marco de una investigación administrativa por sus misiones oficiales a Roma, que está siendo llevada adelante por el subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Ariel Sánchez.

El abogado que ahora se desempeña como fiscal de Gobierno estuvo durante casi siete horas en la sede de la Presidencia. Llegó algunos minutos antes de las 11 de la mañana y se retiró pasadas las 17.30. 

Toma llegó a la comparecencia junto a una valija carry on con documentación para respaldar su actuación y se retiró sin hacer declaraciones, pese a las constantes consultas de los periodistas, que lo siguieron hasta el edificio donde tiene su estudio personal, también sobre la plaza Independencia.

El funcionario se mantuvo en silencio durante las menos de dos cuadras que separan la Torre Ejecutiva de su oficina privada y se limitó a zigzaguear con su cuerpo entre las columnas y los periodistas.

El exsecretario de la Presidencia quedó en medio de la polémica luego de que se conocieran dos vuelos que realizó a Roma por el juicio del Plan Cóndor junto con una contadora de la secretaría antilavado. 

Estos viajes lo pusieron en la mira y desataron tres investigaciones que buscan esclarecer si cometió una falta ética, un delito contra la administración pública y si puede ser sumariado, dado que hasta el 6 de agosto de 2022 es funcionario público y está al frente de la Fiscalía de Gobierno de 2º turno.

Ariel Sánchez, el instructor de la investigación, tiene 60 días de plazo -que vencen el 18 de noviembre- para trabajar en el proceso administrativo. En una rueda de prensa antes de comenzar la investigación dijo que puede citar a "cualquier ciudadano", incluso al expresidente Tabaré Vázquez, que fue quien autorizó las misiones oficiales.

Toma y la contadora también viajaron en tres instancias a Washington, en el marco del juicio que Aratirí realizó al Estado uruguayo.

El exsecretario de la Presidencia dijo días atrás a El País que confía "plenamente" en la Justicia, en respuesta a la declaración que daría este martes en Torre Ejecutiva.

En paralelo a este proceso, el fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, analiza si Toma no incurrió en algún delito contra la administración pública –como abuso de funciones o conjunción de interés personal y público– en los viajes. 

A su vez, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) también decidió reabrir el caso, tras haberlo archivado de forma exprés a principios de año.

El caso fue informado inicialmente por el programa Así nos va de radio Carve. 

Uno de los puntos clave a determinar en las tres investigaciones, y que hoy en día es una incógnita para autoridades actuales, exjerarcas, abogados y víctimas que participan y participaron en el juicio en Roma, es si Uruguay finalmente presentó un recurso de casación tras la sentencia del 8 de julio de 2019 que condenó con cadena perpetua a 12 militares uruguayos –entre ellos Jorge Tróccoli, Gilberto Vázquez y José Nino Gavazzo– y al excanciller Juan Carlos Blanco.

Toma viajó específicamente a Italia para recibirla en nombre del Estado uruguayo. La contadora también participó del viaje y en su respuesta a la Jutep, publicada por Búsqueda, el funcionario dijo que fue ella quien se dio cuenta de que esa condena con penas “pecuniarias” a los exmilitares, no incluyó entre los damnificados a Uruguay, y señaló que gracias a que tomó nota de ese aspecto, el Estado iba a presentar un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico.

El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, a cargo de los juicios internacionales en el gobierno de Lacalle Pou contestó ante una consulta de El Observador que no tenía conocimiento de si el Estado presentó el recurso ante la Corte de Casación, equivalente a la Suprema Corte de Justicia. 

Dos fuentes de la Cancillería que encabezaba Rodolfo Nin Novoa y estaban a cargo –en Montevideo y en Italia– de seguir el detalle procesal del juicio también dijeron desconocer si efectivamente ocurrió y recalcaron que en ningún momento se mencionó la ruta de dinero del Plan Cóndor. El entonces titular de la secretaría antilavado, Daniel Espinosa, había dicho a Búsqueda que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”.

Este martes, Toma eligió el silencio ante la pregunta específica sobre el tema de los periodistas. 

Los abogados de los militares condenados sí presentaron recursos, y el fallo se esperaba para junio de este año, pero se postergó debido a la pandemia por el coronavirus. Según supo El Observador, ahora se espera el fallo para junio de 2021.

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