Gabriel Pereyra
Zikitipiú
Turbio, como el Río de la Plata
La información pasó un tanto inadvertida entre tanto ruido que generan las relaciones con Argentina. Uno de esos ruidos está centrado en la licitación para el dragado del canal Martín García, que en agosto de 2011 el presidente José Mujica dijo que empezaría en seis meses pero que esta semana el gobierno de Cristina Fernández volvió a trancar. La obra es estratégica para el país porque permitirá competir con Buenos Aires en captar buques de mayor calado.
Pero lo que el gobierno uruguayo se ha empeñado en minimizar u ocultar es la pesada que metió la administración kirchnerista para que, hasta tanto no se conceda la licitación (y con estos ritmos la concesión puede demorar años), el mantenimiento actual del dragado siga en manos de la empresa holandesa Riovia.
Uruguay había pedido que se hiciera un concurso de precios para renovar esa tarea, que desde hace décadas realiza Riovia. Argentina no solo no lo aceptó, sino que se inclinó por aumentarle un 40% lo que se le paga a Riovia. Un estudio uruguayo había concluido que en caso de aumentarle el canon a Riovia, ese aumento no podía superar el 20%.
Pero Uruguay aceptó seguir pagando a pesar de que los diplomáticos uruguayos que han trabajado en este tema tienen firmes sospechas de que los argentinos se jugaron a favor de la holandesa porque hubo algún “arreglo” poco claro.
De hecho, la palabra “arreglo” fue la que un representante empresarial utilizó cuando transmitió a diplomáticos uruguayos que los argentinos estaban a favor de que continuara Riovia.
El delegado uruguayo en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Francisco Bustillo, preguntó frontalmente a los representantes argentinos sobre este “arreglo”, quienes negaron la imputación.
En la Cancillería uruguaya circulan incluso documentos donde se afirma o se da a entender que ese arreglo entre Riovia y los argentinos podría tratarse en realidad de una coima.
Aunque los argentinos negaron la imputación, la realidad es que le volvieron a dar a Riovia el mantenimiento del dragado y le aumentaron un 40% el canon que recibe la firma holandesa, incluso contra lo que quería Uruguay. Y todo con dineros públicos.
En el caso de Uruguay, alguien debería salir a explicar por qué se gasta así y por qué se aceptó, sin más, la pretensión argentina cuando existían tantas sospechas de un “arreglo”. Un dato más: el funcionario que Cristina puso al frente de la CARP fue procesado esta semana por corrupción. ([email protected]/ Twitter: @gabrielHpereyra)
