Opinión > EDITORIAL

Un acuerdo político

Aprobar beneficios sociales, sin reperar su financiamiento, es algo que toda la sociedad termina pagando 

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24 de mayo de 2019 a las 05:02

En la campaña electoral de cara a las elecciones internas de los partidos, el creciente déficit fiscal se ha instalado en el debate político como un problema central a resolver en el próximo período de gobierno, aunque hay diferencias en cuáles serían las medidas adecuadas para lograr bajarlo. No obstante, y dejando a un lado las chicanas electorales, ha habido una importante coincidencia: ya no es posible seguir postergando la reforma de la seguridad social, la porción del pastel más grande del gasto del Estado, y que, de no realizarse, el agujero será cada vez más profundo.

No es de alarmistas decir que si no se encara una reforma jubilatoria de alto esfuerzo político, similar al que hubo en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000) con la instauración de un régimen mixto y la creación de las AFAPs, el país quedará muy debilitado. Un creciente déficit fiscal (4,5% del PIB anual a marzo pasado) tiene que cerrar por algún lado: aumento de impuestos o emisión de moneda o endeudamiento, instrumentos que, para salir del paso, dañarían más a la economía.  Es decir, quedaríamos presos de decisiones económicas y financieras muy perniciosas. 

Es por eso muy saludable que los líderes, en plena campaña electoral, no oculten a los electores el drama mayúsculo que enfrenta el país; es la primera vez que existe un consenso dicho en público sobre un tema de gran sensibilidad en las urnas, que ojalá desemboque en un gran acuerdo político. 

El sistema de pensiones es un pilar básico de nuestro estado de bienestar, que hay que defender. Y hoy la mejor defensa es adecuarlo. 
Pero con cambios profundos como el de aumentar la edad jubilatoria, hoy en 60 años, que está por debajo de los requisitos de países europeos con características demográficas similares, o en pensar ajustes en la tasa de reemplazo. 

Uruguay enfrenta una delicada situación porque su realidad demográfica de una población altamente envejecida, y que además vive más años, obliga aumentar las transferencias del gobierno central que hoy equivalen a 2% del PIB. Tenemos cada vez más jubilados y pensionistas que aportantes, una tendencia claramente consolidada.

El sistema político, además, agravó la situación con la aprobación de la ley N° 18.395, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que dispuso de un conjunto de medidas que, sin recursos, dañaron el frente fiscal: baja en los años de servicio en jubilación común; flexibilización del acceso a jubilación por incapacidad total y subsidio transitorio por incapacidad parcial; disminución de la edad necesaria para acceder a la jubilación por edad avanzada; y computo de un año de servicio por hijo a las mujeres.

Es claramente demagógico aprobar beneficios sociales, sin reparar en su genuino financiamiento, una irresponsabilidad que termina pagando el conjunto de la sociedad. 

Cuanto más demore el sistema político en: primero, convencer a los ciudadanos de la necesidad de mejorar las cuentas previsionales y, segundo, acordar una reforma, más doloroso será el ajuste. 

Pero es un gran paso que los líderes políticos digan la verdad de que sin una reforma jubilatoria será imposible lograr una estabilidad fiscal y, sin ella, lo único seguro es que perderemos todos. 

 

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