Un amparo caído del cielo

El gobierno se tomó tiempo para decidir si apelará el recurso de amparo que fue contemplado por una jueza, por el cual se suspendió la aplicación del decreto que introdujo cambios en el empaquetado neutro de cigarros. Si esta vez analizara con cuidado las connotaciones y derivaciones –seguramente inesperadas para los gobernantes–, que derivaron de este decreto, debería agradecer la mejor excusa posible que surgió desde un juzgado para dar marcha atrás con una decisión que viola tratados internacionales pero, sobre todo, que viola un consenso al que llegamos los uruguayos y que en otros lugares ha costado y sigue costando tanto. 

El consenso sería algo así: el que quiera fumar que fume, pero bajos ciertas reglas de convivencia, y el que quiera fabricar y vender cigarrillos que lo haga, pero con ciertas regulaciones que acotan las técnicas de mercadeo que ha utilizado tradicionalmente la industria del tabaco -como muchas otras que también perjudican a la salud humana- para seguir generando adictos y, como consecuencia, muertos.

“Cuando la Justicia se expide, el gobierno acata”, dijo el ministro Omar Paganini esta semana, al anunciar que todavía no decidió qué pasos dará ante la decisión judicial. Fue una jueza de familia, María Emmenengger, quien hizo lugar a la acción de amparo presentada por la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT). En la sentencia explicó que no era de orden modificar el decreto para combatir el “mercado ilegal” –justificación que utilizó el presidente, Luis Lacalle Pou– porque viola otras normas, en particular la ley para la protección del derecho al medio ambiente libre de humo de tabaco y su consumo y el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al que Uruguay adhirió. 

Los argumentos que presentó el gobierno para intentar convencer a la jueza fueron procesales, pero nunca mencionó ni a la salud y ni siquiera el contrabando. Los argumentos que expuso el SUT fueron técnicos: salud, jóvenes, incumplimiento de normas. El 15% de los menores fuma (encuesta de la Junta Nacional de Drogas del 2021) y más del 70% de los consumidores de tabaco se iniciaron siendo menores. 

Ese es el público objetivo al que apuntan las tabacaleras, porque de otra manera se quedarían sin clientes y de hecho, se quedan sin clientes que dejan de fumar porque mueren por enfermedades cardíacas y cáncer relacionados al tabaquismo.

La jueza es clara en lo que refiere a niños y jóvenes: según el artículo 3 del Código del Niño y Adolescente “Todo niño y adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Y el SUT agrega en su argumentación: “La legislación uruguaya, armonizada con las disposiciones del Convenio Marco, establece como eje de la protección a la salud la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco y el empaquetado o etiquetado de diseño neutro o genérico. No obstante, la reciente modificación a la reglamentación de la ley introducida por el Decreto 282/022 contraviene flagrantemente”.

Es por todo esto que la discusión sobre el decreto, que se volvió una rencilla partidaria, no tiene solamente que ver con el formato de la caja de cigarrillos. O no debería serlo. Un cambio cultural como el que se dio en Uruguay en una década es de un valor incalculable para la salud pública, y supera ampliamente las pérdidas económicas que sin duda se producen como consecuencia del contrabando. 

Intentar cambiar detalles aparentemente nimios que ya estaban internalizados para los consumidores, solo puede traer consecuencias negativas en una lucha contra el tabaquismo que no se va a terminar, por lo menos a corto plazo. Mientras que en Uruguay las tabacaleras luchan por estos logros, en el mundo los jóvenes están fumando con vapeadores, que es otra manera de introducir todos los tóxicos del tabaco en su organismo.

El gobierno tiene una oportunidad única para dar marcha atrás sin más escándalo, acatando una decisión de la Justicia que deriva de una lógica preocupación que en este caso fue presentada por un colectivo, pero que es de miles y miles de uruguayos, más allá de partidos políticos.