En 2021 en Uruguay rompimos varios récords en materia de cárceles. En las primeras dos décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria se triplicó. Nunca hubo tantas personas presas: cuatro de cada 1.000 uruguayos. En 2021 hubo 86 muertes bajo custodia, la mayor cifra desde que se monitorea la situación carcelaria, muy por encima del peor registro anterior que fue en 2010, con 53 muertes. 2021 fue también el año en que se registraron más muertes violentas, 45, de las que 21 fueron homicidios, 18 suicidios y seis muertes accidentales o de causas violentas no aclaradas.
Todos estos datos son parte del informe que el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, entregó hace poco más de una semana atrás. Los números, como casi siempre, esconden personas. En la página 59 del documento (que vale la pena leer completo) hay una tabla en la que aparecen nombres, edades y circunstancias: Jonathan de 24 años, Matías de 22, Mauricio de 27, Diego de 28, Angelo de 33, Carlos, Eric, Juan Carlos, Leonardo…Son la primera parte de la tabla, la correspondiente a “Muertes violentas con evidencia de falla asistencial o negligencia institucional”.
¿Por qué debería interesarnos a los uruguayos que no hemos incumplido la ley, los “otros” uruguayos que sí lo han hecho y por eso están presos? Incluso si por tu cabeza no pasa el concepto de Derechos Humanos sobre el que, a pesar de las graves fallas, está construido el concepto moderno de civilización, debería al menos pasar una realidad bien sencilla de entender. En nuestras cárceles sobrepobladas los presos casi no tienen oportunidades de rehabilitación, pero sí tienen demasiadas oportunidades de convertirse en delincuentes o más violentos o más sofisticados, o ambas cosas. El preso que ahora está en la cárcel puede ser el delincuente que en un futuro te haga víctima, o el “maestro” del delincuente que violente a alguien de tu familia, a tu vecino, a tu amiga de la infancia o a ese desconocido sobre el que te enterás en el informativo, al tiempo que sacudís la cabeza y murmurás: “¡Qué barbaridad!”.
Todos estos récords no tienen que ver sólo con las cárceles y el delito. Tienen que ver con la sociedad que habitamos. Hay muchas causas disparadoras y factores multidimensionales a la hora de intentar explica la delincuencia y Petit los analiza en un informe contundente, que además de horrorizar por lo que sucede dentro de las cárceles, hace un llamado urgente a buscar soluciones que no solo pasen por el encarcelamiento, en un país pobre que no tienen decenas de millones de dólares para seguir construyendo centros de reclusión.
Petit grafica el recorrido de la violencia y el delito como si fuera un mapa de tren subterráneo, con estaciones en las que se dan intercambios y oportunidades –muchas veces perdidas– para intervenir. La cárcel es una estación y aunque tal vez nunca te toque desembarcar en ella, lo que sucede ahí se cuela hacia el resto de las paradas, de forma que alguna vez se cruzará con algún ángulo de tu vida.
“Cuando un sistema está colapsado, cuando hay una falla estructural catastrófica, las muertes son la señal extrema”, me explicó Petit. Además de los 86 muertos que murieron en una cárcel en 2021, y del hecho terrible de que el 40% de esas muertes fueron consecuencia de negligencia u omisiones comprobadas por el equipo de Medicina Forense que trabaja con el comisionado, hubo 224 heridos graves o autolesionados. Más todos los que no se reportan porque directamente no dicen que tuvieron un problema de salud o una herida, o porque los curan en la cárcel.
“Heber proyecta 1.500 presos más en un año por “éxito” policial”, fue el título de una noticia publicada a fines de noviembre de 2021. “El gobierno de Luis Lacalle Pou recibió el 1° de marzo de 2020 un sistema carcelario que alojaba a 11.500 personas privadas de libertad. La “eficacia policial” en el combate al delito, según las autoridades, hizo que en casi 21 meses el número se incrementara en 2.200 personas más”.
Cuando el ministro del Interior habló de este tema ante la Comisión Especial sobre el Sistema Carcelario de la Asamblea General, anunció que el gobierno planeaba construir tres cárceles nuevas para 500 reclusos cada una. Para cuando estén prontas, y si se mantiene el nivel de ingresos al alza, y el de egresos a la baja -como dice el informe del comisionado- los nuevos edificios estarán sobrepoblados antes de estrenarse. Claro que no todos los presos son rehabilitables, pero en estas condiciones infrahumanas casi ninguno tiene ni una mínima chance de aprender a ser una persona distinta a la que fue detenida y encarcelada. Petit hace un resumen claro del caos: “La sobrepoblación existente genera terribles consecuencias en la cárcel y en la sociedad. Por un lado, en la cárcel, colapsan los servicios educativos y sociales, la violencia aumenta por las malas condiciones de convivencia y la falta de espacios personales, el personal se desgasta, descree del sentido de su tarea y ocurren omisiones y errores de procedimientos, la violencia institucional en estos contextos tiende a crecer. Por otro, en la sociedad, pues la debilidad de los mecanismos de rehabilitación, desbordados por la sobrepoblación, mantiene alta la reincidencia y la comisión de nuevos delitos.”
Nada de esto es nuevo y sobre nada de esto hay acuerdos que permitan construir políticas duraderas, que trasciendan gobiernos y colores políticos que acusan a sus antecesores de no haber hecho lo suficiente, mientras que los anteriores acusan a los actuales de no hacer lo que se debe hacer.
Cada año el Estado uruguayo gasta unos US$ 1.000 en cada preso y se estima que el costo de mantener a casi 14 mil personas privadas de libertad asciende a US$ 168 millones. Se necesitarían 4 mil nuevas plazas para frenar el hacinamiento y para así hacer posible una rehabilitación que contribuya a la seguridad pública.
Es decir, unos ocho centros nuevos, a un costo millonario para una economía a la que no le sobra un peso, al contrario.
“La construcción de nuevas cárceles, muchas veces necesaria, no es el camino para tener un sistema penitenciario eficiente que logre ser un factor de prevención del delito”, señala Petit en el informe.
El comisionado parlamentario afirma que es necesario tener nuevas unidades y plazas penitenciarias para terminar con el hacinamiento, pero aclara que “la evidencia internacional plantea otros caminos mucho menos onerosos y mucho más eficientes, tanto para la contención de la ejecución penal como para evitar la reincidencia”. Unas 200 personas de las que ahora están en la cárcel ingresaron por intento de hurto. ¿Deberían estar hacinando y hacinándose allí, aprendiendo “habilidades” para que su próximo paso sea un hurto y no un intento?
Si somos un país que no puede financiar una nueva cárcel tras otra, ¿cuál o cuáles son las alternativas? “Solamente la innovación hacia un nuevo modelo puede generar un sistema capaz de rehabilitar y bajar la reincidencia”. Petit hace hincapié en considerar por fin a las medidas alternativas a la prisión como “un mecanismo también de ejecución penal especialmente apto para delitos leves, más eficiente y menos oneroso que la prisión”, además de proponer un nuevo régimen de prisión domiciliaria asistida,
Con todos estos récords ya no deberíamos darnos el lujo de mirar hacia otro lado. Porque el precio es demasiado alto para todos los uruguayos, no solo los que están en las cárceles.
