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“Tenemos que volver a ocupar el centro del ring”, dijo Luis Lacalle Pou

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El centro del ring y las jubilaciones

La movida del presidente, en caso de concretarse, es tan riesgosa e impopular como necesaria

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14 de mayo de 2022 a las 05:04

El presidente Luis Lacalle Pou decidió meterse en el centro del ring y este ring sí que es complicado. Faltan dos años y medio para las próximas elecciones y, luego de una pandemia que le jugó a favor al gobierno en materia de simpatía pero en contra en lo que respecta a reformas y consecuencias socio económicas que todavía se padecen, la administración de Lacalle Pou debe decidir cuál será su legado político: ¿reformas y mejoras para un país que las necesita con urgencia desde hace mucho tiempo, o política partidaria para intentar mantener el poder y ganarle a un Frente Amplio que se rearma?

Esta semana el presidente hizo una movida que podría contestar a esta pregunta con la primera opción. La movida, en caso de concretarse, es tan riesgosa e impopular como necesaria. La reforma de la seguridad social es urgente desde hace demasiado tiempo, en un país demográficamente envejecido y con un sector activo que no da abasto para producir los recursos necesarios para pagarle a los que ya se retiraron, mucho menos a los que se retirarán. Lo que nos espera a quienes aún ni fantaseamos con esta etapa de la vida, es extremadamente incierto y seguramente insuficiente para jubilarse en paz luego de 50 o más años de trabajo. El presente no es sencillo y el futuro menos, si se considera -como dijo uno de los expertos en la reunión presidencial-, que si se sigue a este ritmo la población de Uruguay podría descender a 2.700.000 habitantes cerca del 2060, otro golpe mortal para la seguridad social que se compone de una ecuación básica en la que los pasivos no pueden ser más que los activos.

“Tenemos que volver a ocupar el centro del ring”, dijo Lacalle y se refería a ejercer una defensa de la gestión del gobierno y a retomar el dominio de la agenda política. Eso lo lograría con un proyecto de reforma de la complejidad y envergadura de éste, pero con consecuencias políticas imposibles de prever. El presidente reafirmó su “compromiso” de realizar un ajuste al sistema previsional, tal vez para dejarle claro a su propio bando que es una prioridad, que fue una promesa de campaña y que todos deben involucrarse, idealmente también el Frente Amplio, partido con el que pidió buscar consensos. 

Las cartas sobre la mesa: no es novedad ni para este gobierno ni lo fue para los anteriores que el sistema está desfinanciado y que la situación se agrava a medida que pasa el tiempo sin realizar reformas o colocando parches intermedios que no detienen la sangría. Rodolfo Saldain, que encabezó la Comisión de Expertos (CESS) que hizo un diagnóstico sobre la seguridad social, confirmó que el déficit en todas las cajas implica 11 puntos del PBI. 

Con astucia, Julio Sanguinetti recordó que es un problemón sobre el que hay que generar conciencia y “en este período va a plantear el nivel de conciencia ética de todo el sistema político”.

¿Qué actitud tomará el Frente Amplio? Esa es la gran incógnita, aunque no tanto si se considera que hasta el momento se ha opuesto a casi cualquier acción que partió del gobierno. Tal vez la excepción fue la LUC, que votó en buena parte de su articulado, pero que terminó en referéndum ajustado con el apoyo del FA. Durante sus 15 años de gobierno la coalición de izquierda fue consciente y padeció los problemas estructurales que derivan de una seguridad social que no logra equilibrio desde hace tiempo, un sistema roto que pone en peligro a una porción de la vida cada vez más grande del uruguayo promedio, con expectativa de vida a la europea pero con una realidad socioeconómica a lo latinoamericano.

De hecho, debió hacer varios ajustes, el último de los cuáles afectó a la Caja Militar, que ahora el FA mira con lupa por su déficit que, sin embargo, no se solucionó en el último año de gobierno de Tabaré Vázquez.

El ring está bien entreverado; en esta esquina está la necesidad de reformar el sistema y en la otra esquina están las ambiciones políticas de oficialismo y oposición, que saben de antemano que lo que toca el bolsillo -y más el de los jubilados o futuros jubilados- es una carta electoralmente muy riesgosa. Cualquiera de las dos partes, oficialismo y oposición, pueden caer en la tentación de quedarse quietos y no hacer nada, para volver a heredar el problema al que venga. Claro que si el que viene es el que ahora da de largas, tendrá que enfrentarse al mismo desafío.

Esta vez, más que nunca, la o las reformas de la seguridad social necesitan debate pero sobre todo, acuerdos interpartidarios. Ese fue el discurso del presidente esta semana y el del senador Jorge Gandini, quien propuso comenzar a discutir con una propuesta sobre la mesa y dijo: “Hay que pensar en las próximas generaciones, si hay quienes piensan en las próximas elecciones no va a haber reforma”. 

En las elecciones piensan todos, a no engañarse. Y en el camino a las próximas elecciones hay enfrentamientos duros entre las partes, que abarcan desde la pandemia hasta el préstamo del BID a la IMM, con un referéndum contra el gobierno en medio. Al final, lo que esperan todas las partes -al menos en el discurso- es una señal de madurez política que trascienda las próximas elecciones y deje de lado los choques para construir un sistema capaz de bancar a la población de este país al momento de terminar su vida laboral. 

El Frente Amplio ya manifestó que la iniciativa es constitucionalmente responsabilidad del Poder Ejecutivo, que es “mano” en el tema y deberá presentar una propuesta. “Luego del referéndum, y tras meses de silencio, varios actores del gobierno y legisladores del oficialismo volvieron a hablar de la reforma de la seguridad social, reafirmando la necesidad de reformar el sistema. Pero, a diferencia de lo manifestado en el pasado, ahora condicionan el avance en este tema a contar con el apoyo del Frente Amplio, preocupados por el costo político que implicaría la reforma”, dice la declaratoria de la Mesa Política de esta fuerza.

Las cartas están entreveradas. El FA decidió en marzo de 2021 no apoyar el documento de diagnóstico -algo así como el punto de partida para pensar en cambios- de la Comisión de Expertos que integraron sus delegados.

La propuesta de reforma, al menos formalmente, aún no está, y el documento de diagnóstico no sería “vinculante”, según dijo en su momento Lacalle. Saldain adelantó solo algunas líneas en la reunión del oficialismo de esta semana, que sobre todo tienen que ver con la modificación de la edad mínima de jubilación; así, los nacidos en 1967 se podrían jubilar a los 61, quienes nacieron en 1968, a los 62, hasta llegar a los nacidos en 1971, que podrían jubilarse a partir de los 65. En este punto también hay diferencias de base con el FA, que exige que el proyecto que se discuta también tenga en cuenta las variables socioeconómicas.

Desde todas las tiendas se advierte que no es bueno hacer “cálculos políticos” con esta reforma, al mismo tiempo que calculan y calculan no solo cuánto le costará monetariamente al país, sino sobre todo a cada partido, pero en votos. Al final la “mano” la tendrá la ciudadanía, que deberá decidir si apoya a un gobierno que encaró o no una reforma ineludible y prometida, o a una oposición que dio o no su apoyo para que en el futuro los uruguayos nos podamos jubilar. La cuestión, como siempre, es hasta qué punto entendemos los ciudadanos el profundo impacto y costo de no hacer nada.

La reforma está sobre la mesa. Cuanto más nos acercamos a 2022, menos chances habrá de que pase de parche a arreglo estructural del bote.

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