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Un año récord de muertes violentas en cárceles "deshumanizadas"
La violencia en las cárceles continúa en aumento. En 2019 hubo 31 muertes violentas, una de las cifras más altas desde 2005, solo superada en 2016, donde se registraron 32.
La explicación del aumento de la violencia está en la "falta de una convivencia basada en actividades socioeducativas y oportunidades de buen relacionamiento social" que genera "un contexto de deshumanización que provoca un espiral de violencia en muchos centros penitenciarios", según el último informe anual de 2019 que presentó el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit.
Entre las muerte violentas, se contabilizaron 20 homicidios, nueve suicidios, un accidente de electrocución y otra muerte por meningitis, producto de una larga internación tras recibir una puñalada en el rostro, en un total de 44 fallecimientos.
En términos relativos, la tasa de homicidios se mantuvo similar a 2018, indicando 186,5 homicidios cada 100.000 personas, aproximadamente 18 veces más que la cifra nacional. Por su parte, la tasa de suicidios en cárceles fue de 83,9 cada 100.000, aproximadamente cuatro veces más que los datos nacionales.
Según el informe que presentó Petit la semana pasada a la vicepresidenta de la República, Beatríz Argimón, los centro penitenciarios más violentos son el Penal de Libertad, la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar) y la Unidad n° 7 de Canelones.
"La multiplicación de las amenazas y extorsiones a los internos y sus familias, resultado de deudas por consumo de drogas, conflictos de convivencia o enfrentamientos de extramuros, son todavía una constante que no puede neutralizarse por la debilidad de la intervención socioeducativa", apunta Petit.
Por otra parte, "llama la atención" del comisionado paralmentario que más de la mitad de las muertes no violentas (13 en total) tuvieron lugar en el exComcar. Mientras en 2018 hubo solo una muerte no violenta en esta cárcel, en 2019 fueron siete. "Ello sugiere profundizar en la investigación de las causas de dichas muertes, en las condiciones de reclusión y en el funcionamiento de los servicios de salud en sus distintos niveles de atención en cada uno de los módulos del establecimiento", sostiene Petit.
De acuerdo a la evaluación realizada sobre el sistema penitenciario, las cárceles presentaban buenas posibilidades de integración social y rehabilitación para el 27% de sus internos, insuficientes posibilidades de integración social y rehabilitación para el 47% de los internos, y condiciones de trato cruel, inhumano o degradante para el 26%. Por esto, el 73% de la población penitenciaria está alojada "en lugares que no ofrecen las posibilidades de rehabilitación necesarias para facilitar su reinserción social".
Sin embargo, esto implica una mejora de las condiciones respecto al año anterior (26% con oportunidades de integración social, 39% con insuficientes
oportunidades).
Población en aumento
La población penitenciaria viene en aumento desde 1999, cuando el país tenía unos 4.000 presos, mientras en noviembre de 2019 se alcanzó la cifra récord de 11.574, según el informe.
En la entrevista de diagnóstico que se les aplica a las personas cuando ingresan al sistema penitenciario, se recoge información sobre la población carcelaria, aunque solo se sistematizan los datos que pasan por el centro de diagnóstico del área metropolitana, que concentran la mayoría de los reclusos.
Se evalúan factores predictores de reincidencia en el delito, que permiten clasificar a la persona en una categoría de riesgo de reincidencia, que puede ser alto, medio o bajo. En este sentido, respecto a los ingresos de 2019, la mitad presenta riesgo alto, la tercera parte riesgo medio, y casi dos de cada 10 tiene riesgo bajo.
En los reportes mensuales también se presenta la información sobre el tipo de delito cometido. La categoría más frecuente es el hurto, que corresponde al 38% de los ingresos, seguido por la rapiña (17%), en tercer lugar lesiones, raptos y secuestros (13%), seguido por droga, importación, venta o posesión (11%), luego los delitos contra la propiedad no violentos (7), y los homicidios (4%).
Principales problemas
El sistema penitenciario sigue siendo todavía muy diverso, "con lugares donde hay muy buenas experiencia de rehabilitación y con centros donde los internos no salen al patio o lo hacen apenas un par de veces por semana, teniendo pocas o nulas actividades de rehabilitación", señala Petit. En este sentido, apunta que la reforma penitenciaria "El avance de la reforma debería homogenizar el nivel de trabajo educativo en todo el sistema".
Sobre las características de los ingresos de julio a noviembre de 2019, el comisionado parlamentario observa en base a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que casi la mitad tiene algún problema de salud mental, que más de ocho de cada diez tienen consumo problemático de drogas, un 10% fue diagnosticado con algún tipo de discapacidad y un 7% presenta algún tipo de riesgo de intento de autoeliminación.
Sobre la educación en las cárceles, el informe indica que el 20% de las personas privadas de libertad no pueden leer, escribir o hacer cálculos con fluidez,
"lo que compromete su acceso a un trabajo y dificulta toda su vida social". Por otra parte, destaca que la formación secundaria no tiene contenidos adecuados a la población destinataria y es muy poca la enseñanza de oficios y el 24% estudia en algún curso de educación formal.
Menos hacinamiento
Dentro de los logros que destaca el comisionado parlamentario en 2019, se encuentra el desarrollo de buenas experiencias de tratamiento y convivencia en
varias unidades (de la cárcel vieja de Punta de Rieles, cárcel de Durazno, Artigas, Salto y el Polo Industrial del Comcar), el descenso del hacinamiento, la incorporación de la perspectiva de derechos humanos y el encuadre técnico de la gestión penitenciaria, mejoras en atención de salud, educación y el combate a la corrupción y los malos tratos.
Respecto al descenso del hacinamiento, Petit destaca el trabajo del INR en el módulo 8 del Comcar, que fuera objeto de un habeas corpus correctivo que fue aceptado por la Justicia en 2019. Este módulo actualmente está destinado solamente a prisiones preventivas, por lo que "bajó dramáticamente su hacinamiento y mejoró la convivencia".
La población del sistema penitenciario continuó creciendo y se aproximó a completar nuevamente su capacidad de alojamiento. Durante el 2018 y tras varios años se logró que la población penitenciaria alcanzara niveles menores a la capacidad de alojamiento. Sin embargo, a partir de 2018 el volumen de población ha retomado el crecimiento y la densidad se encuentra al 100%.
"Esto significa que si la tendencia de crecimiento poblacional se mantiene, la sobrepoblación y el hacinamiento volverán en breve a ser un problema medular del sistema penitenciario", agrega el informe.
