Uruguay comienza el último mes del año con datos muy preocupantes sobre la tendencia del covid-19, que están poniendo en riego el exitoso plan del gobierno desde que se declaró la emergencia sanitaria, el pasado 13 de marzo. Cuando se esperaba llegar a las fiestas en zona verde, según la definición de Harvard, vamos a llegar en amarillo o naranja. Sin un cambio radical en el comportamiento de la sociedad, no será posible mantener el hilo epidemiológico, un tiro de gracia para mantener a raya a una enfermedad pandémica.
La estrategia con la que el presidente Luis Lacalle Pou marcó la hoja de ruta del gobierno partía de la concepción filosófica de “libertad responsable”. Profundamente respetuosa de las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), fue acertada para el control de la pandemia: confinamiento voluntario, según las circunstancias de cada uno, y apertura o cierre de las “perillas” sanitarias, económicas o sociales en función de la evolución de los brotes del nuevo coronavirus, aprovechando que la circulación viral era muy baja.
El reconocimiento, incluso en los mayores foros y medios de prensa internacionales por el buen desempeño del país, llevó a que se hablara de una supuesta “excepcionalidad” de Uruguay y que, nivel local, se escucharan todo tipo de explicaciones: la buena acogida al pedido gubernamental, el buen sistema de salud con amplia cobertura en todos los estratos sociales; la baja densidad de población; el clima ventoso y de amplia costa oceánica.
Pero lo cierto es que la única singularidad para enfrentar la pandemia es cumplir de verdad con lo que significa la “libertad responsable”, es decir, que las personas, actuando con libertad pues nadie es perseguido por la policía, pongan cuidado y atención con lo que hacen.
El presidente como jefe de Estado y de gobierno propugna por la libertad, que, en una democracia con un sólido estado de Derecho, su buen uso depende de la actitud del sistema político, de la sociedad civil, y, en definitiva, del conjunto de ciudadanos.
Esto vale en todos los aspectos en que se manifiesta la convivencia en una sociedad, pero mucho más en aquellos que pueden poner en riesgo no solo la propia vida, sino incluso y sobre todo la vida del otro. Que es lo que ocurre con esta enfermedad: no solo se padece, sino que se transmite con mucha facilidad si uno no guarda las debidas medidas.
En ese sentido, en Uruguay se ha herido la alteridad de diferente manera: empresas incumpliendo los protocolos de trabajo del covid-19; partidos políticos organizando actos masivos, sin respetar el distanciamiento social o protestas callejeras tan legítimas como desafortunadas; la realización de fiestas clandestinas o reuniones sociales excesivas. Y la lista podría seguir con otros ejemplos del uso de una libertad irresponsable con la vida.
El avance de la pandemia en Uruguay es un reflejo de una mentalidad social que, de una actitud de suma precaución al principio, probablemente por miedo a lo desconocido, pasó a un comportamiento de negligencia, que es lo único que explica el actual estado de cosas. Quizá el cansancio, quizá la fatiga, quizá la pérdida del temor al virus. Lo que sea nos llevó del verde al amarillo con tintes anaranjados.
Lo único claro es que estamos, como país, ante a una prueba inesperada frente la que aún no hay respuestas concluyentes. Una prueba ante la que hemos sabido responder muy bien desde el 13 de marzo. Pero una prueba larga que nos exige un esfuerzo más, que vale la pena para cuidarnos entre todas. Una prueba que, en definitiva, nos sitúa frente a un deber cívico. Y cada uno tiene que dar su respuesta. El gobierno la suya. Y los ciudadanos la nuestra. No hay atajos ni lugar para las avivadas. Es la hora de la máxima responsabilidad. Ojalá que estemos a la altura que las circunstancias exigen.
