Opinión > Opinión - Ignacio Bartesaghi

Un difícil llamado a la negociación

El gobierno uruguayo busca un camino alternativo frente a la crisis venezolana

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01 de febrero de 2019 a las 08:24

La reciente asunción de Maduro como presidente de Venezuela para un segundo mandato, abrió una nueva etapa en la crisis que vive el país suramericano. Cabe recordar, que desde el año 2017, con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en sustitución del poder legislativo a cargo de la Asamblea Nacional, el país ingresó en un proceso de deterioro institucional que derivó en el establecimiento de un régimen que no sólo quebró el orden democrático, sino que viola de forma sistemática los derechos humanos. 

En el escenario comentado se desarrollaron las elecciones nacionales en mayo de 2018, las que erigieron a Maduro como presidente para el período 2019 2025. Por falta de transparencia y garantías electorales, gran parte de la comunidad internacional como Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima, desconocieron el resultado. Otros países sostienen que se trató de elecciones válidas. 

Cabría preguntarse, cómo puede reconocerse como legítimo un proceso electoral sin observadores internacionales, sin libertad de prensa en el país, con presos políticos y extorsiones a funcionarios públicos. Todas estas acciones se llevan adelante con total impunidad, en un gobierno sin poder legislativo y que tiene bajo su control nada menos que al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia. 

Tras la asunción de Maduro, era esperable una nueva reacción internacional, especialmente de parte de aquellos países que ya habían desconocido el resultado de las elecciones. Además, debe asumirse un cambio de contexto a partir de la asunción de Bolsonaro y su afinidad con el gobierno de Trump en varios asuntos de la agenda global. Este escenario, llevó a un aumento de la presión contra el régimen de Maduro, lo que propició el apoyo al máximo representante de la Asamblea Nacional como presidente encargado de Venezuela.

La nueva situación política impulsada a partir de la juramentación de Guaidó, generó una enorme cadena de protestas contra el régimen de Maduro, las que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad venezolanas. De acuerdo a la ONU, ya son más de 40 los fallecidos en la última semana y cientos los detenidos. Se trata de un nuevo brote de violencia que lamentablemente sigue sumando episodios a una crisis social, política y económica sin precedentes en el país.
En los últimos días, las tensiones fueron en aumento y el escenario se polarizó e internacionalizó rápidamente. Estados Unidos lidera el apoyo a Guaidó, lo que fue acompañado por el Grupo de Lima y el Parlamento Europeo. Por otro lado, varios países europeos otorgaron un plazo límite a Maduro para el llamado a elecciones anticipadas, previo a apoyar al presidente encargado. A su vez, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución desconociendo el nuevo mandato de Maduro y los debates también llegaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en este caso sin resultados.

Por otro lado, Maduro cuenta con el firme apoyo de China y Rusia, dos actores centrales en la sostenibilidad del régimen en los últimos años (financiación, compra de armas y negocios petroleros), mientras que en la región, es sustentado por los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
En el caso de Uruguay, el gobierno emitió en las últimas semanas una declaración conjunta con México, proponiendo “un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos”. Si bien en crisis de esta naturaleza y gravedad, siempre es muy bienvenida una apuesta a la negociación, es necesario alertar la falta de coherencia diplomática del país respecto a los hechos acontecidos en los últimos años en Venezuela.

Más allá de las dubitativas posiciones del gobierno de Tabaré Vázquez, en agosto de 2017 se registró un hecho que debió haber sido definitivo en el posicionamiento uruguayo. Tras la creación de la Asamblea Nacional Constituyente por parte de Maduro y el desconocimiento de las funciones de la Asamblea Nacional (único órgano legislativo legítimo en el país), un día después, todos los miembros del Mercosur deciden aplicar la Cláusula Democrática que suspende a Venezuela del bloque.
  El artículo tercero del Protocolo de Ushuaia que refiere a la mencionada cláusula, establece que “toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados partes del presente Protocolo dará lugar a la aplicación de los procedimientos previstos en los artículos siguientes”. En otras palabras, el gobierno uruguayo ya reconoció que en Venezuela se registró una ruptura del orden democrático. Entonces, ¿por qué el país no ingresó al Grupo de Lima?, ¿cómo acepta los resultados de las elecciones de mayo de 2018?, ¿por qué no acompañó las resoluciones de la OEA?, ¿es razonable la participación de un representante diplomático en el reciente acto de asunción de Maduro?

En definitiva, alejándose de una tradición histórica del país, por asuntos internos aún por esclarecerse, el gobierno nacional no logró sostener la correcta definición tomada cuando votó la aplicación de la Cláusula Democrática del Mercosur. Hoy busca apoyo internacional haciendo un difícil llamado a la negociación y se escuda en la neutralidad para evitar la condena al régimen de Maduro.

Mientras Uruguay apuesta al diálogo y espera la realización de una conferencia internacional en Montevideo, Estados Unidos aumenta sus sanciones contra Pdvsa y se muestra cada vez más firme en la defensa de la integridad física de Guaidó, todo lo que ocurre bajo la atenta mirada de China y Rusia. Por otro lado, el plazo otorgado por los países europeos para el llamado a elecciones sigue corriendo, como también el definido por Maduro para que la delegación diplomática estadounidense abandone el país. Por su parte, el parcial Tribunal Supremo de Justicia, aumenta el hostigamiento al presidente encargado de Venezuela. 
Sin la confirmación de un llamado a elecciones anticipadas, no parece posible el inicio de un proceso de negociación. La renuncia de Maduro devolvería la calma en las calles del país y daría paso a un diálogo nacional para una progresiva recuperación de la confianza en las instituciones, condición mínima para la realización de elecciones legítimas en Venezuela.

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