El nuevo gobierno –y el país acaso – se enfrenta a un desafío que todavía no ha percibido. No se trata solo de bajar el gasto del Estado, tarea ineludible, tampoco de atraer inversiones, que no vendrán en un ambiente de odio a la empresa y de salarios privados determinados directa o indirectamente por el Estado. Mucho menos si se la obliga a asociarse con la burocracia para poder operar.
Tampoco versa sobre la urgente tarea de liberar a los entes estatales del yugo que le imponen sus sindicatos, que se consideran dueños del Estado y defensores de una soberanía que solo existe en su dialéctica y en sus intereses. Como se creen con derecho a impedir la desmonopolización estatal de algunas actividades, que vaya a saber qué Constitución les concede.
La ventana única que se le ofrece a Lacalle Pou y su coalición es la de convencer a los uruguayos de que pueden alcanzar su bienestar, su desarrollo y su felicidad por sí mismos, con su propio esfuerzo. Que no son discapacitados que necesitan la muleta del Estado para ayudarlos y protegerlos en un mundo cruel e injusto. Discurso que tantos piensan que es su herencia histórica irrenunciable y la recrean con orgullo una y otra vez, y que no es más que el opio en que los ha sumido el socialismo histórico, un estatismo asfixiante y castrador.
No se trata exclusivamente de la economía. La inseguridad provocada y potenciada con el garantismo y el abolicionismo es parte del mismo paquete. Cuando la población se siente amenazada en cada esquina, en su casa, en su intimidad y sin justicia, corre a aferrarse al Estado con sus miedos y sacrifica sus libertades por protección, como en el feudalismo. Por eso el grito de Larrañaga es un grito de libertad, más que de justicia o de seguridad. Por eso se intentó y se intentará refrenarlo.
Gran parte de la exportación uruguaya está, con razón o no, bajo el fuego ambientalista que, pese a que se trate de un accionar interesado, tendrá éxito. En pocos años las proteínas no caminarán en cuatro patas ni se sembrarán. Y el papel no se plantará. De modo que el ya escaso botín para manotear y repartir será más exiguo. El trabajo y los ingresos manoteables que crean esas actividades que se volverán obsoletas mermará. Eso es kriptonita para el socialismo, que se niega a la modernidad por sistema, en un contrasentido conservador.
Entonces se opone a ultranza hasta al simple enunciado del problema. Mucho más a cualquier intento de corregirlo. Y se opondrá por todos los medios, aún antidemocráticamente. La simple mención ni siquiera bien transmitida de fomentar la radicación de emprendedores extranjeros, recibió de inmediato el sabotaje frenteamplista neutralizante. Vázquez y Astori con acusaciones gratuitas, Fernández con el odio cristinista, Mujica con su estilo soez y su lenguaje de bajo fondo, torpedearon la idea. Tienen razón. Sería muy peligrosa su aplicación para ellos. Podría tener éxito.
En el cerrado universo del materialismo dialéctico arcaico, el valor del individuo no solo no puede existir, sino que es una amenaza. Ignoran que los millonarios tramposos argentinos no necesitan emigrar: se quedan en Argentina a hacer negocios sucios con el Estado. Igual que en todas partes, como sabe Mujica. Lo que Uruguay puede ofrecer no es solo para argentinos o paraguayos. Vale también y más que nada para los orientales: libertades personales, de comercio y empresa, respeto absoluto de la propiedad, seguridad, garantía de que al menos no se agregarán o subirán impuestos. Sacar las manos inhábiles del Estado de la generación de riqueza que no sabe generar. El capital, en los proyectos del siglo XXI, se consigue de otra manera. No como deuda del Estado, sino con emprendedores privados que tientan a inversores privados, en cualquier parte del mundo. Uruguay no necesita ni debe ser un paraíso fiscal para lograr eso. Se trata de tirar la pelota en una plaza llena de chiquilines. No le hace falta comprar PBI escuálido a un alto precio como en el acuerdo secreto con UPM.
Esa idea repugna al estatismo populista. En Argentina el peronismo odia ahora a Mercado Libre. Porque le pulveriza la teoría de la incapacidad del individuo y las bondades del proteccionismo y monopolio empresarial y sindical.
Cualquier intento del nuevo gobierno que amenace con la liberación de la potencialidad individual será atacado por todos los medios, políticos, sindicales o dialécticos, democráticos o no, desde antes de asumir. Por eso el concepto de urgente consideración es válido en lo institucional y también en la acción política y en la gestión. Por eso los súbitos pruritos democráticos que se oponen a la ley. Sería infantil no comprender que la lucha no será solo en el Parlamento.
Ya antes de su mandato Macri cometió el error del gradualismo nadista y también el de asustarse y asegurar que Aerolíneas no se privatizaría ni se cerraría, por caso, o que los subsidios a piqueteros no se revisarían o no se reducirían las plantillas de personal estatal. Cayó en la celada de demorar, neutralizar y evitar cualquier cambio para eludir la protesta, hasta terminar devolviendo la herencia sin honor y sin gloria, casi reivindicando y regalándole la razón al kirchnerismo populista ladrón.
La solución al miedo a perder el empleo por los drones, las apps o la inteligencia artificial es allanar el camino para fabricar drones o crear apps, no ocultar la cabeza bajo tierra. Hay un mundo de servicios para explorar y explotar, no solo tecnológicos. Solo hay que convencer a los uruguayos de que pueden hacerlo, sin obstáculos ni temores. Distintos, pero competitivos.
Esa es una misión de urgente consideración. Desaprovechar la oportunidad y el momento sería imperdonable.
