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Un paro desmedido
El próximo 12 de marzo, menos de dos semanas después de que Luis Lacalle Pou haya asumido la titularidad del Poder Ejecutivo, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo realizará un paro para expresar su rechazo al contenido del futuro proyecto de ley de urgente consideración, pese que aun está en etapa de discusión y redacción final.
Una organización proveniente de la sociedad civil tiene todo el derecho de oponerse a un plan de reformas y hacer conocer su punto de vista. Pero al mismo tiempo debería tener una actitud civilizada y gestos a favor de la buena convivencia democrática, aunque sea en la discrepancia.
Es inaudito, por decir lo menos, que ADES Montevideo haya definido una medida extrema como la huelga, sin haber dado un espacio para dar a conocer formalmente su punto de vista a las nuevas autoridades, o incluso para sugerir cambios al anteproyecto de ley a consideración de los partidos del gobierno de coalición, y que tuvo una amplia difusión.
Muchas de las medidas contenidas en el anteproyecto de ley de urgente consideración formaban parte del programa de gobierno que fue apoyado mayoritariamente en las urnas. Hasta el propio mecanismo legislativo fue anunciado durante la campaña electoral.
Es chocante, y hasta puede leerse como una medida de provocación, una resolución gremial radical como la de un paro antes de haberse procurado un sano intercambio de ideas, una actitud que se impone mucho más cuando recién inicia una nueva administración.
Es una regla implícita de un estado de derecho que la huelga sea una medida de último recurso, luego de transitar una etapa de diálogo o de negociación donde se canalizan las reivindicaciones del caso y se intenta que, al menos, algunos planteos sean de recibo.
Es tan inapropiado el camino de la confrontación de ADES que lo único que logró hasta ahora es un debate acerca de la medida en sí misma más no de sus críticas a la reforma educativa que impulsa el gobierno entrante.
Nadie en su sano juicio y actuando de buena fe puede apoyar una medida propia de un conflicto ya maduro, contra una administración que todavía no asumió ni presentó el controvertido proyecto de ley de urgente consideración.
ADES Montevideo afortunadamente no representa a todos los gremios de la enseñanza, donde hay asociaciones que sí reconocen la importancia del diálogo.
Es el caso de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) que mantuvo una reunión con el futuro ministro de Educación, Pablo da Silveira, para pedirle que el capítulo sobre la educación del proyecto de ley de urgencia tenga un tratamiento legislativo de una ley normal para dar lugar a una discusión de fondo, lo que fue rechazado de plano. Los dirigentes del magisterio recabaron información sobre sus inquietudes en torno a la reforma educativa que el gremio empezará a evaluar desde este mes.
Pero tristemente, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, legitimó ayer la medida de paro decretada por ADES Montevideo con el argumento de que es un “derecho de los docentes”.
Por supuesto que la huelga es un derecho gremial, consagrado en el artículo 57 de la Constitución, pero no es una patente de corso con carta libre para saltearse sanas reglas de juego y dañar el clima de diálogo que necesita el país.
