Un proceso aduanero comprometido y valiente

Uruguay cuenta desde 2003 con un decreto del Poder Ejecutivo que obliga a la retornabilidad de la batería usada para la importación o fabricación de baterías nuevas, la falta de aplicación y fiscalización por la autoridad ambiental competente ha propiciado una práctica creciente de contrabando de exportación.

Las baterías usadas en lugar de gestionarse por empresas autorizadas y luego exportarse según convenio internacional vigente, se acumulan y cruzan a Brasil, generándose ganancias ilícitas que afirmándose cada vez más, destruyen empresas formales locales y con ello la inversión y el empleo.

En 2019 ingresaron baterías nuevas a Uruguay por un total de 5.582.859 kilos, en tanto se exportaron legal y convenientemente sólo 2.510.172. El resto, más de la mitad, desafortunadamente pasa a integrar el saldo negativo de una gestión de la autoridad ambiental que no realiza y por tanto ampara y consolida una corriente de contrabando insólita creciente y gravísima.

La gestión encaminada por la Dirección Nacional de Aduana, a través del Coordinador de Sedes Regionales de Vigilancia Móvil, alienta esperanzas ciertas de un mejor futuro. Porque no están involucradas solamente las empresas gestoras autorizada por Dirección Nacional de Medio Ambiente, es la salud de la población la que está en juego.

Desde hace no menos de cinco años se ha venido alertando a las autoridades ambientales sobre semejante práctica y sus consecuencias, que no son otras que las que motivaron la aprobación del decreto en 2003, cuando se constató plombemia en barrios de la capital e interior, por enterramiento del residuo y su mal manejo. Por ello, ahora, la gestión de la Dirección Nacional de Aduanas debe destacarse por sobresaliente, dejando de manifiesto la punta de un iceberg que en 17 años de sostenidas advertencias no mereció atención suficiente de la autoridad ambiental.

Ahora seguirán procedimientos de fiscalización indispensables: transporte utilizado, trazabilidad en las compras y, por sobretodo, esperamos que el residuo batería permanezca incautado de modo tal que no genere perjuicios ulteriores. La salud de los habitantes está en juego, la de las empresas también.

Ojalá que el proceso aduanero comprometido y valiente sea ejemplo a extender por todos aquellos llamados a la fiscalización y cuidado ambiental.