La propuesta de Uruguay para resolver la situación en Venezuela hubiera sido viable en otro contexto
La propuesta liderada por el gobierno de Uruguay de realizar una conferencia internacional, el jueves 7, para intentar encontrar una salida negociada a la crisis de Venezuela quizás hubiese sido viable en otro contexto y mucho antes de que se precipitaran los hechos por todos conocidos.
No es de recibo el argumento del gobierno de que esa idea responde a una actitud de neutralidad en la crisis del país caribeño y de “equidistancia” en relación a la legitimidad de los dos gobiernos en pugna: Nicolás Maduro, presidente ilegítimo que violó todas las normas electorales al asumir por un nuevo período el poder, y el presidente interino, Juan Guaidó, que tiene el apoyo de la mayoría de la comunidad internacional, que incluye a Estados Unidos, el regional Grupo de Lima, el Parlamento Europeo, entre otros, y representa la voz de un parlamento venezolano elegido en buena ley por el pueblo.
La neutralidad en este caso termina por no decir nada. O peor aún, porque supone lavarse las manos acerca de un gobierno que no respeta el estado de Derecho, que viola los derechos humanos básicos, que violenta la separación de poderes –sagrados en una verdadera democracia–, con presos políticos, que reprime e impide el libre funcionamiento de los medios de comunicación. Un chavismo gobierno carcomido por la corrupción y que solo se sostiene por la complicidad de las fuerzas militares.
En lo estrictamente formal, la posición de Uruguay es peor aún porque el gobierno de Tabaré Vázquez estuvo presente en la asunción de Maduro, pero no reconoce la legitimidad del joven Guaidó como presidente encargado. Es por eso que, indirectamente, la decisión del gobernante Frente Amplio termina siendo un reconocimiento a Maduro.
Además, lo más probable es que la eventual instancia de negociación, que se pondría a rodar el jueves 7, sea extemporánea tal como están las cosas hoy en Venezuela, una pradera incendiada que Uruguay cree posible combatir con un simple balde de agua. Una mesa de negociación cuando el régimen dictatorial chavista es responsable de unos 40 muertos y más de 850 detenidos en las protestas callejeras realizadas el pasado mes de enero. Una mesa de negociación cuando funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales están intimidando a la familia de Guaidó, a quien la Justicia chavista le prohibió la salida del país y le congelaron todas las cuentas.
Y, por otra parte, ¿cuáles serían los temas de negociación cuando ya todos conocemos la respuesta negativa de Maduro a convocar a elecciones libres a la Presidencia?, el asunto más importante para la instauración de la democracia. Por algo es que el presidente chavista es el único entusiasta con el generoso ofrecimiento de México y Uruguay, rechazada por el presidente interino Guaidó y toda la oposición.
Es más que comprensible la presión opositora y de países extranjeros para que Maduro abandone de una vez el Palacio Miraflores como insistirá el pueblo en la calle este sábado 2 en reclamo de “elecciones libres”.
En ese contexto, es que la oposición venezolana y la comunidad internacional trabajan denodadamente en estas horas en una estrategia para concretar la ayuda humanitaria –que rechaza Maduro– en un país donde la gente pasa por situaciones de gravisima entidad sanitaria y alimenticia.