Una reforma urgente

Ni en el espectro de los partidos políticos ni en el de la organizaciones sociales hay dudas de que nuestro sistema carcelario es penoso en sus condiciones materiales, no rehabilita a los reclusos e incluso es contraproducente pues los capacita para seguir delinquiendo y muchas veces en temas más graves de los cuales fueron condenados por primera vez. Así el que entró por un hurto o una pelea, termina pasando a rapiñas, o incluso ataques con lesiones.

Esta semana el Ministerio del Interior señaló que como resultado de la mayor eficacia policial el numero de personas privadas de libertad pasó de 11.500 al 1 de marzo de 2020 a 14.012 en esta semana. O sea, 2.200 reclusos más que se añaden a un sistema sobrecargado. Y el propio Ministerio proyectó un aumento de entre 1.000 y 1.500 reclusos más de aquí a fin del 2022.

Estas cifras ponen un inmenso peso sobre un sistema que ya funcionaba mal por falta de capacidad carcelaria y por una mal diseño administrativo que hace que el sistema carcelario dependa del Ministerio del Interior, algo muy poco recomendable. El propio Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señalaba en su exposición ante la Comisión Especial sobre el Sistema Carcelario de la Asamblea General que “quien combate el delito en la calle, a la delincuencia organizada, no es el más indicado para ocuparse de su rehabilitación”. Ergo, es necesario sacar la gestión del sistema carcelario de la órbita del Ministerio del Interior y ponerlo en otro lado. Lo lógico sería un Ministerio de Justicia, pero luego de la experiencia durante la dictadura, nadie parece estar dispuesto a introducirlo en el elenco ministerial aunque en la mayoría de los países más serios existe un ministerio de Justicia sin que se afecte la calidad democrática de esos países. Pero aquí tendremos que esperar algún tiempo más. No se sabe cuanto.

El otro punto que preocupa al Ministro es cómo manejar la superpoblación carcelaria hasta que se hayan construido nuevas cárceles o reparado las existentes y que están fuera de uso por deterioro o destrucción durante motines. Y aseguró que hay varios proyectos en curso que permitirán ampliar la capacidad carcelaria. Incluso destacó uno en la que intervienen reclusos en la reparación. 

Uno de los problemas con los que se suele chocar es la restricción presupuestaria para la construcción de cárceles dignas, rubro para el que no suele haber urgencia. Esto es coincidente con una  visión de la población que se muestra reacia a destinar recursos al mantenimiento digno y rehabilitación de reclusos. Y ello es lamentable porque esa falta de avance suele jugar en contra de la población, toda vez que un mal sistema carcelario potencia a los reclusos que salen en libertad en lugar de rehabilitarlos. Pero mucha gente tiene la idea de que no hace falta gastar ni un peso más en los reclusos ya que “el descuido es lo que merecen”.

Esta situación, en la que el sistema carcelario está desbordado por la buena actuación policial y por la falta de inversión en edificios y organización rehabilitadora, nos debe interpelar como sociedad. Nos debe interpelar en cuanto a nuestros valores, en cuanto a nuestra forma de combatir el delito, en cuanto nuestra forma de ayudar a aquellos que por las razones que sea han cometido delitos. Muchas veces, las razones son la exclusión social desde la infancia, o falta de inserción social vía un buen sistema educativo (algo que se nos ha ido hacia abajo como un tobogán), o una buena integración familiar que reafirma valores, vínculos y afectos.

Nada de eso parece importarnos como sociedad frente al delito. En lugar de ir a las causas, vamos a los efectos. Por supuesto que es necesario un buen accionar policial y este gobierno lo ha implementado, comenzando por  la gestión de Larrañaga y continuada por la de Heber. Pero como sociedad deberíamos plantearnos como objetivo que haya menos presos porque hay menos delitos. Que en lugar de tener que construir cárceles se puedan transformar cárceles vacías en escuelas, o en talleres o en institutos de enseñanza de oficios, de idiomas o de lo que sea que ofrezca posibilidades de inserción laboral.  Y eso requiere, por de pronto, un mejor sistema carcelario que no sea la “universidad del delito” sino la escuela de la rehabilitación. Requiere, además, políticas sociales, sanitarias y educativas que favorezcan la inclusión social. Es preciso erradicar los asentamientos y dar viviendas dignas.

En definitiva, apostar a la mejora de la gente que a su represión, aún cuando esta sea necesaria. Y festejar el descenso de reclusos, no por inacción policial sino por disminución de los delitos. Es lo que se observa en sociedades avanzadas como las escandinavas, donde ya hay cárceles vacías.
La reforma de nuestro sistema carcelario (y todo lo que está a su alrededor o influye en el) es, pues, una medida que no admite la menor demora y debe tener una prioridad alta en la agenda política y social. Algo que por ahora no se ve.